El informe sobre el estallido social colombiano revela patrones de violencia, estigmatización e impunidad contra quienes protestaron. Más que cerrar una herida, obliga a preguntar quiénes reprimieron, quiénes callaron y quiénes se beneficiaron. ¿Qué nos espera hoy, bajo un gobierno que vuelve a hacer de la protesta un enemigo?