El noveno informe regional de la CEPAL sobre la Agenda 2030 en materia de desafíos urbanos, se genera un alerta sobre los impactos de la incertidumbre geopolítica, desaceleración económica y debilitamiento de los mecanismos multilaterales de cooperación.
América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones más urbanizadas del planeta, con cerca del 82 % de su población viviendo en ciudades. Sin embargo, este proceso de urbanización ha estado acompañado por profundas desigualdades territoriales, déficits habitacionales persistentes, segregación socioespacial y crecientes conflictos por el acceso al suelo urbano.
El noveno informe regional de la CEPAL sobre la Agenda 2030 en materia de desafíos urbanos, se genera un alerta sobre los impactos de la incertidumbre geopolítica, desaceleración económica y debilitamiento de los mecanismos multilaterales de cooperación.
Las ciudades latinoamericanas se encuentran en una encrucijada histórica, por un lado, concentran oportunidades económicas, infraestructuras estratégicas y buena parte de la riqueza regional; por otro, son escenarios donde se expresan con mayor intensidad las desigualdades sociales, territoriales y ambientales acumuladas durante décadas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estableció un horizonte ambicioso para enfrentar estos desafíos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 11, orientado a lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Sin embargo, la crisis habitacional latinoamericana no puede comprenderse únicamente como un problema de escasez de vivienda o insuficiencia de infraestructura urbana. Como han señalado diversos autores de la sociología urbana crítica latinoamericana, se trata de una consecuencia histórica de la forma en que se produjo la urbanización en la región. A diferencia de los países industrializados, donde parte de la vivienda y los servicios urbanos fueron incorporados como componentes del bienestar social, en América Latina amplios sectores de la población trabajadora debieron resolver por sí mismos sus necesidades habitacionales mediante procesos de autoconstrucción, ocupación de tierras y urbanización popular (Pírez, 2016; Nardin, 2024).
Desde esta perspectiva, los asentamientos populares no constituyen anomalías urbanas ni expresiones de una supuesta incapacidad estatal para controlar el territorio. Son, en gran medida, el resultado de estrategias colectivas de supervivencia y producción social del hábitat desarrolladas por millones de familias excluidas de los mercados formales de suelo y vivienda. La informalidad urbana aparece así como una forma estructural de acceso a la ciudad, estrechamente vinculada a las desigualdades económicas, laborales y territoriales que caracterizan a la región.
Esta realidad confirma la vigencia de la noción de expoliación urbana formulada por Kowarick (1979), quien advertía que la precariedad habitacional, la ausencia de equipamientos colectivos y el acceso desigual a los servicios urbanos constituyen mecanismos complementarios de reproducción de la desigualdad social. La ciudad se convierte, entonces, en un espacio donde la acumulación económica convive con múltiples formas de desposesión territorial que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones populares.
El noveno informe regional de la CEPAL advierte que América Latina y el Caribe enfrentan serias dificultades para cumplir estas metas, de las 169 metas de los ODS, apenas el 19 % se alcanzarían al ritmo actual, mientras cerca del 39% presentan estancamiento o retrocesos (CEPAL, 2026). Esta situación obliga a reflexionar críticamente sobre las condiciones estructurales que limitan la construcción de ciudades más democráticas y equitativas.
Así, la crisis habitacional y las desigualdades urbanas se profundizarán como problemas estructurales vinculados a modelos de desarrollo excluyentes y procesos de mercantilización de las ciudades.
Serán los movimientos sociales, comunitarios y populares quienes de manera concreta reivindican el derecho a la ciudad, la producción social del hábitat y la democratización de la planificación urbana como alternativas para construir ciudades más justas, inclusivas y sostenibles.
Urbanización desigual y derecho a la ciudad
La región latinoamericana constituye uno de los territorios más urbanizados del mundo. No obstante, la expansión urbana no ha significado necesariamente inclusión social ni garantía de derechos. Como advirtió Henri Lefebvre (1968), el derecho a la ciudad implica mucho más que acceder a servicios o infraestructuras; supone la capacidad colectiva de transformar y apropiarse democráticamente del espacio urbano.
Los datos presentados por la CEPAL evidencian profundas desigualdades en el acceso a bienes urbanos fundamentales. Mientras algunas ciudades cuentan con importantes áreas de espacio público, otras registran déficits significativos que afectan las posibilidades de encuentro, recreación y construcción de tejido social. Estas brechas reflejan procesos históricos de segregación socioespacial que distribuyen de manera desigual los beneficios y costos de la urbanización.
En muchas ciudades latinoamericanas, la planificación urbana ha estado orientada por la valorización inmobiliaria y la competitividad económica antes que por la garantía de derechos. Como señala David Harvey (2013), el urbanismo contemporáneo se ha convertido en un mecanismo privilegiado para la acumulación de capital, donde el suelo urbano funciona cada vez más como activo financiero y objeto de especulación.
Esta tendencia ha favorecido procesos de gentrificación, turistificación y desplazamiento de poblaciones populares, limitando el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad y profundizando la fragmentación territorial.
La crisis habitacional como expresión de desigualdades estructurales
Uno de los principales desafíos identificados por la CEPAL es la persistencia de una crisis habitacional de carácter estructural. El problema no se reduce a la insuficiencia cuantitativa de viviendas, sino que involucra dimensiones relacionadas con la calidad habitacional, la localización, el acceso a servicios básicos, la seguridad de la tenencia y la integración urbana.
Según estimaciones regionales de organismos multilaterales, más de 100 millones de personas en América Latina enfrentan algún tipo de déficit habitacional, ya sea por carencia de vivienda adecuada o por condiciones precarias de habitabilidad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).
Las causas de esta situación son múltiples. La concentración de la riqueza, la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral, la insuficiencia de políticas públicas redistributivas y la creciente financiarización del mercado inmobiliario han dificultado el acceso de amplios sectores populares a soluciones habitacionales dignas.
En Colombia, estas dinámicas adquieren particular relevancia. Aunque el país ha logrado avances en cobertura de vivienda, persisten importantes déficits cualitativos asociados a hacinamiento, materiales inadecuados, acceso limitado a servicios públicos y localización en zonas de riesgo. A ello se suman fenómenos de desplazamiento forzado, expansión periférica y conflictos derivados de proyectos urbanos e infraestructurales que afectan comunidades históricamente asentadas en los territorios urbanos.
La vivienda continúa siendo tratada predominantemente como mercancía y vehículo de inversión antes que como derecho humano fundamental, situación que profundiza las barreras de acceso para los sectores populares.
Geopolítica, financiamiento y límites para la Agenda 2030
El informe de la CEPAL sitúa estos desafíos en un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, fragmentación económica y debilitamiento de la cooperación multilateral.
La competencia entre grandes potencias, la reorganización de cadenas de suministros y globales de valor, además, la reducción de recursos disponibles para la cooperación internacional afectan directamente las capacidades de los Estados latinoamericanos para financiar políticas urbanas, programas de vivienda e inversiones en infraestructura social.
Este contexto es especialmente complejo para una región marcada por restricciones fiscales persistentes, América Latina continúa registrando bajos niveles de inversión pública en comparación con otras regiones, lo que limita la capacidad de implementar transformaciones estructurales requeridas para cumplir los ODS.
La incertidumbre global también impacta los mercados laborales, profundizando condiciones de precariedad e informalidad que dificultan el acceso a vivienda, servicios y protección social para millones de personas.
Alternativas desde los movimientos sociales y populares
Frente a estas limitaciones, diversos movimientos sociales, organizaciones comunitarias y procesos populares han impulsado propuestas alternativas que buscan democratizar la producción y gestión de la ciudad.
La producción social del hábitat constituye una de las experiencias más significativas de resistencia urbana en América Latina. Este enfoque reconoce que las comunidades no son únicamente beneficiarias de políticas públicas, sino actores capaces de producir ciudad mediante formas de organización colectiva, trabajo comunitario, autogestión y construcción de redes de solidaridad territorial. Durante décadas, barrios enteros han sido construidos por sus propios habitantes, quienes han levantado viviendas, vías, espacios comunitarios y mecanismos de cuidado colectivo ante la ausencia o insuficiencia de la intervención estatal.
Estas experiencias cuestionan la visión tecnocrática que reduce la planificación urbana a un asunto de expertos y mercados. Por el contrario, demuestran que las comunidades poseen conocimientos, capacidades organizativas y propuestas concretas para gestionar sus territorios. En este sentido, el derecho a la ciudad implica también el reconocimiento político de quienes históricamente han producido la urbanización popular y han sostenido la reproducción cotidiana de la vida urbana.
Experiencias de cooperativas de vivienda, bancos de tierras comunitarios, presupuestos participativos, mejoramiento integral de barrios y gestión comunitaria de servicios demuestran que es posible construir modelos urbanos basados en la solidaridad, la participación democrática y la función social del territorio.
Asimismo, movimientos por el derecho a la ciudad han reivindicado la necesidad de ampliar los mecanismos de participación ciudadana “efectiva” en la planificación urbana, garantizar la permanencia de comunidades frente a procesos de desplazamiento y fortalecer formas de gobernanza territorial que incorporen los saberes y necesidades de las poblaciones históricamente excluidas.
Estas iniciativas no solo responden a problemas habitacionales concretos, sino que cuestionan las estructuras de poder que producen desigualdad urbana y plantean alternativas orientadas a la justicia espacial, ambiental y social.
América Latina, Colombia y la disputa por la ciudad
La historia urbana latinoamericana demuestra que las ciudades no han sido construidas exclusivamente por el mercado ni por el Estado.
Una parte sustancial de la urbanización regional ha sido producida por millones de familias trabajadoras que, mediante la autoconstrucción, la organización comunitaria y la defensa del territorio, hicieron posible la expansión y consolidación de las ciudades. Sin embargo, estas mismas comunidades continúan enfrentando procesos de despojo, desplazamiento, especulación inmobiliaria y exclusión de los espacios de decisión sobre el futuro urbano.
Para Colombia, este debate adquiere una relevancia particular. La convergencia entre déficit habitacional, desplazamiento forzado, expansión periférica, crisis ambiental y mercantilización del suelo urbano evidencia la necesidad de avanzar hacia una Reforma Urbana Integral que reconozca la función social y ecológica de la propiedad, garantice el acceso democrático al suelo y fortalezca la producción social del hábitat como política pública. Esto implica asumir que los sectores populares no son un problema a gestionar, sino sujetos colectivos capaces de construir soluciones para la ciudad.
En un contexto de incertidumbre geopolítica, desaceleración económica y profundización de las desigualdades, el principal desafío para América Latina no es únicamente cumplir indicadores de la Agenda 2030, sino democratizar efectivamente el acceso al territorio, la vivienda y los bienes urbanos.
El derecho a la ciudad constituye, en este sentido, una apuesta por redistribuir poder, reconocer la autonomía de las comunidades y colocar la reproducción digna de la vida en el centro de la planificación urbana. Las luchas de los movimientos sociales, comunitarios y populares muestran que otra ciudad no solo es necesaria, ya se está construyendo desde abajo, en los barrios, los territorios y las experiencias colectivas que resisten al despojo y defienden el derecho a existir, permanecer y decidir sobre el futuro de sus ciudades.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Foro de Vivienda 2022: soluciones resilientes para la reducción del déficit habitacional en América Latina y el Caribe BID. https://publications.iadb.org/es/foro-de-vivienda-2022-soluciones-resilientes-para-la-reduccion-del-deficit-habitacional-en-america
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2026). Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: ¿cómo acelerar el paso hacia su cumplimiento en la nueva era de incertidumbre y fragmentación geopolítica? Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/89774-agenda-2030-america-latina-caribe-como-acelerar-paso-su-cumplimiento-la-nueva
Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Akal.
Insuasty Rodriguez, A. (2025). Crisis del modelo urbano neoliberal y acción colectiva territorial: aportes para una Reforma Urbana Popular en Colombia. Revista Kavilando, 17(2), 196–215. https://doi.org/10.69664/kav.v17n2a543
Kowarick, L. (1979). A espoliação urbana. Paz e Terra.
Lefebvre, H. (2017). El derecho a la ciudad (edición en español). Capitán Swing. (Obra original publicada en 1968).
Nardin, S. (2024). La cuestión urbana latinoamericana: vivienda, trabajo y reproducción social en las periferias urbanas. https://jacobinlat.com/2020/09/los-retos-actuales-de-las-luchas-urbanas-en-america-latina/
ONU-Hábitat. (2022). World Cities Report 2022: Envisioning the Future of Cities. United Nations Human Settlements Programme.
Pírez, P. (2016). Las heterogéneas formas de producción y consumo de la urbanización latinoamericana. Revista Quid 16, 6, 131–167.
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