Debido a las denuncias realizadas por las y los afectados por el Proyecto hidroeléctrico más grande del País –Hidroituango- agrupados en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia surgió una iniciativa popular respaldada por más de 7.000 personas de distintas zonas del departamento y del país en la que solicitan la suspensión de la licencia ambiental del megaproyecto hasta tanto se den garantías de restitución de las actividades productivas y se presente un informe del seguimiento de la ANLA al cumplimiento de la licencia.
Complementariamente también hacen un llamado a la Defensoría Nacional del Pueblo y demás entes de control para que verifiquen y hagan seguimiento a la situación de derechos humanos en el área de influencia de Hidroituango, solicitando además, que en un término no superior a dos meses presenten un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la Licencia Ambiental del Proyecto por parte de EPM.
A nuestro juicio, el documento radicado ayer en la ANLA, Presidencia de la república, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Presidencia y Naciones Unidas, es un ejercicio CONTUNDENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDAANA, basado en razones de peso para que un gobierno que respeta los derechos humanos en la práctica y la legalidad tome correctivos de carácter urgente para solucionar las problemáticas generadas por el proyecto de ESTADO HIDROITUANGO, entre ellas se destacan: La relación entre conflicto armado y megarepresa, las miles de víctimas de los grupos armados revictimizadas por los desplazamientos forzados, la pérdida de fuentes de sustento, la no restitución de las actividades productivas, los engaños, los sofismas, las violaciones a derechos fundamentales como la libre movilidad, el trabajo, la libertad, pues muchos de los afectados fueron apresados ilegalmente, derecho a la honra pues a muchos se les ha señalado y estigmatizado no solo dañando su buen nombre sino derivando en un riesgo inminente para vida e integridad física, muchos han sido amenazados y han vivido situaciones de infracción al DIH, entre otros.
Hasta el día de hoy más de 300 personas han permanecido alejadas de su territorio, bajo la absoluta indiferencia de un gobierno que no comprende las dinámicas del campo, las diferencias culturales –que se deben respetar a cabalidad- y sobre todo los grandes impactos que sobre el proyecto de vida de cientos de personas humildes está generando.
Nos mantenemos atentos de la reacción del Gobierno Nacional y Ministerio de Ambiente frete a la petición de miles de ciudadanos que cada vez más son conscientes de la problemática social, ambiental, económica y cultural que generan las represas.
Ver derecho de petición radicado por 7 000 personas.
¡Todos somos afectados, la vida no se represa!