La presente publicación es el resultado de un proceso de investigación sobre las características del desplazamiento forzado intraurbano en tres ciudades del país: Buenaventura, Tumaco y Soacha. Responde a una preocupación compartida de CODHES y ACNUR sobre la ausencia de un reconocimiento cabal de este fenómeno y las consecuencias que de ello se derivan para el desarrollo de políticas apropiadas de registro, prevención, atención y reparación integral de las personas, hogares y comunidades afectadas.
Desde el punto de vista territorial, la característica básica del desplazamiento forzado por causas de violencia y conflicto armado, en las últimas cuatro décadas en Colombia, es el desarraigo de los pobladores rurales y su asentamiento en las ciudades intermedias y las grandes capitales. Entre otras causas, esta tendencia responde al hecho de que el conflicto armado transcurre de manera más radical y generalizada en los territorios rurales. El fenómeno contrasta con lo ocurrido durante la Violencia de los años 40 y 50, ya que en ese periodo el desplazamiento se presentó principalmente en procesos de desarraigo de regiones incorporadas a la frontera agrícola hacia regiones de colonización situadas en territorios periféricos de carácter rural.
La tendencia usual, representada en un flujo de desplazamiento de población desde espacios rurales hacia entornos urbanos, muchas veces no permite ver múltiples fenómenos como el confinamiento, el desplazamiento intrarural y el desplazamiento intraurbano. El confinamiento alude a los controles de movilidad que se imponen a la población desde los sistemas de coerción legal e ilegal que operan en los territorios de conflicto, tales como bloqueos, fronteras invisibles, toques de queda, paros armados, control de alimentos, de combustibles, etc. El desplazamiento intrarural ocurre con mucha frecuencia en las primeras etapas del desplazamiento, o en aquellas regiones como el sur del país, en las cuales las unidades político administrativas comprenden grandes extensiones territoriales, o en regiones en las cuales los pueblos y comunidades resisten el desplazamiento, permaneciendo en el territorio con el fin de evitar el despojo patrimonial y cultural.
El desplazamiento intraurbano es la evidencia de la extensión del conflicto armado a las ciudades, y la emergencia de poderes coactivos de tipo fáctico que buscan imponer su dominio en zonas urbanas en las que el Estado no ofrece las garantías plenas de ciudadanía y en las cuales se mezclan los conflictos sociales urbanos con las dinámicas del conflicto armado. Este tipo de desplazamiento ocurre dentro de las ciudades y afecta tanto a personas tradicionalmente residentes en los barrios como a las personas que ya han vivido otros ciclos de desplazamiento forzado. La presencia de poderes autoritarios suele ser la principal causa del desplazamiento intraurbano, pero también de aquellos desplazamientos que obligan incluso a abandonar las grandes ciudades en busca de protección dentro del país o fuera de las fronteras.
En la última década, la ciudad de Medellín fue el epicentro de las principales experiencias de desplazamiento intraurbano y de expulsión de pobladores desde la ciudad hacia otras zonas del departamento de Antioquia y del país. Pero este fenómeno se puede constatar hoy en varias ciudades de Colombia, entre ellas, las ciudades del pacifico colombiano que, junto con Soacha, son objeto principal del presente estudio.
El desplazamiento forzado de carácter intraurbano ha sido invisibilizado por diversas razones. En primer lugar, porque la opinión pública, e incluso algunos gobiernos, tienden a ver el desplazamiento como parte del fenómeno más general de la migración y la urbanización del país. Recordemos la tesis del gobierno de Álvaro Uribe, según la cual los desplazados eran migrantes a secas. La diferencia esencial entre la categoría del migrante y la del desplazado por violencia radica en que la migración se produce de manera voluntaria mientras que el desplazamiento forzado es una consecuencia humanitaria radical derivada de hostilidades concretas que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Claro que no todas las migraciones son estrictamente “voluntarias”, ya que muchos de estos procesos también tienen un carácter forzado por realidades sociales o económicas, que se derivan de las consecuencias del cambio climático, los tratados comerciales que golpean zonas menos competitivas, los elevados niveles de pobreza y miseria, etcétera. Pero aun así, es importante distinguir analíticamente estas migraciones forzadas de aquellas que conducen a un fenómeno de victimización en el sentido antes enunciado.
La segunda razón de tipo general está asociada al uso institucional de una metodología lineal del registro de desplazados que asumió los sitios de expulsión y de llegada a partir de la división político administrativa y no de la fisonomía del conflicto y de la crisis humanitaria. Solo en años recientes —y por orden de la Corte Constitucional colombiana— se ha iniciado un proceso aún incipiente de registro del desplazamiento de flujo intraurbano o intrarural. Pero este proceso todavía no responde a cabalidad los criterios señalados por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado y en particular enfrenta un déficit grave en el registro de miles de personas que han sido victimizadas por grupos que el gobierno nacional denomina genéricamente como Bandas Criminales, que son uno de los principales responsables del desplazamiento forzado intraurbano en los casos estudiados.
Una tercera razón se sitúa en el nivel de la cultura política y tiene que ver con la precariedad de la cultura de derechos humanos en la opinión pública urbana y nacional. A los referentes tradicionales de discriminación que afectan a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos y las mujeres, entre otros grupos sociales, se suma la ausencia de una cultura moderna de solidaridad con las personas desplazadas. Durante muchos años la actitud típica de las autoridades locales ha sido la de negar la atención con al argumento de desestimular la llegada de personas desplazadas a su jurisdicción, en contravía de los derechos constitucionales básicos y de los derechos especiales de las víctimas. Del mismo modo, la actitud de muchos pobladores urbanos es la de considerar a las víctimas del desplazamiento como apátridas, como competidores por servicios y no como los nuevos habitantes de la ciudad, como ciudadanos de un mismo país y de un mismo Estado que ha fracasado en su tarea de protección.
La propia ciudad de Bogotá, en la cual residen todos los poderes públicos del Estado, se tomó más de ocho años para comprender la necesidad de una política especial capaz de reconocer los atributos territoriales y culturales de las cientos de familias del Pueblo Embera, que tuvieron que vivir en las condiciones y zonas más adversas de la ciudad, tal como ocurre en ciudades como Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Quibdó, entre otras. Las ciudades analizadas en este caso muestran no solo el impacto desproporcionado del desplazamiento general y el intraurbano sobre pueblos afrodescendientes e indígenas, sino también el impacto del desarraigo de estos mismos pueblos en los sitios de llegada.
Esta última consideración nos lleva de nuevo a pensar el desplazamiento intraurbano en el conjunto temático mayor de las consecuencias urbanas del desplazamiento forzado. El desplazamiento es el resultado de la violencia que ocurre en las zonas rurales, la cual no está disociada del anacronismo estructural del modelo agrario colombiano, que nunca ha sido objeto de una reforma agraria exitosa.
El desplazamiento es la expresión de la descomposición violenta del campesinado en el contexto de una estructura agraria basada en la excesiva concentración de la propiedad de la tierra, en un modelo irracional de uso de la tierra, en un sistema emergente de uso del territorio definido sin consultar seriamente a sus pobladores y en una institucionalidad civil útil a los grandes propietarios de la tierra, pero totalmente desvencijada o inexistente a la hora de proteger los intereses y garantizar los derechos del resto de los habitantes. El desplazamiento ha llevado a millones de estos pobladores a las ciudades, radicalizando la demanda por empleos, vivienda e ingresos en ciudades segregadas, que tampoco han sido objeto de reformas urbanas basadas en el principio de inclusión.
De allí el predominio del asistencialismo, la informalidad y la marginalidad como formas de vida urbana de la mayor parte de las víctimas del desplazamiento y de enormes contingentes de pobres en contextos urbanos. Es en las ciudades donde se juntan las vulnerabilidades humanitarias con las vulnerabilidades sociales resultantes del desarraigo y, por eso, es allí donde se juega buena parte de las soluciones de fondo a la problemática. En un contexto de conflicto o de paz, se requieren soluciones tanto rurales como urbanas de carácter sostenible, pues lo que está en juego es la inserción productiva, social y cultura de millones de personas —y más grave aun— de una nueva generación de niños y jóvenes que han crecido en medio de la tragedia de una guerra interna de larga duración y que probablemente serán la antítesis de sus padres, en el sentido de que un retorno puede significar su desarraigo del mundo urbano en el que han vivido buena parte de su vida.
Hoy asistimos a un nuevo proceso de paz que apoyamos y saludamos con la convicción de siempre: solo una salida política puede conducir a la terminación del conflicto armado interno. Si este proceso logra llegar a feliz término, el país no solo tiene el desafío de implementar los acuerdos resultantes, sino que debe emprender la tarea monumental de asegurar los derechos de las victimas en un país en el que se cuentan por millones y en el que la mayoría proviene de zonas y culturas rurales. Independientemente de cuantas personas decidan permanecer en las ciudades, retornar a sus territorios de origen, o reubicarse en otra parte del país, la verdad es que se requieren políticas sostenibles y diferenciadas en los tres contextos.
¿Están preparadas nuestras ciudades para pasar del asistencialismo y de la atención humanitaria hacia un modelo de inclusión efectiva y duradera de las personas desplazadas? ¿Es posible el retorno de millones de personas a zonas rurales sin reformas rurales sustantivas, en territorios en los que el Estado civil brilla por su ausencia?
Finalmente, es importante destacar el profesionalismo del grupo de jóvenes investigadores, que han tenido la responsabilidad de elaborar el presente informe, integrado por Gabriel Rojas, Marcos Oyaga, Paola Hurtado y Juan Sebastián Silva, a quienes CODHES agradece su compromiso y su sensibilidad humanitaria. Igualmente, CODHES agradece la disposición de las organizaciones de víctimas, las autoridades locales y de las comunidades de las ciudades de Buenaventura, Tumaco y Soacha por sus aportes en el trabajo de campo realizado.
CODHES es responsable por las tesis y conclusiones del presente informe y agradece el apoyo técnico y financiero proporcionado por ACNUR Colombia para el desarrollo de la investigación y publicación.
