Por: Revista Insurrección.
Los campesinos, afro-descendientes, indígenas, sectores populares urbanos y varios gremios económicos, llevan varios meses llamando al diálogo y a las negociaciones al gobierno, pero éste aplica una táctica dilatoria, para no ofrecer soluciones a los compromisos firmados en jornadas anteriores y al Pliego Único presentado por la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular.
Ya los indígenas U´was llevan más de un mes movilizados para que se respeten sus territorios ancestrales y contra la explotación petrolera. La agonizante Casanare también inicia un Paro Cívico. El 28 de abril arranca el Paro de las Dignidades Agropecuarias, que incluyen cafeteros, cacaoteros, arroceros, paperos, cebolleros y lecheros. A partir del Primero de Mayo inicia el Paro de los sectores sociales que confluyen en la Cumbre Agraria, ante la negativa del gobierno a atender su Pliego.
Al Paro también se suman los transportadores de carga, ante los incumplimientos a sus promesas. Taxistas y moto-trabajadores de varias ciudades también anuncian que se van al Paro. Los estudiantes vuelven a levantar sus banderas de lucha por la educación pública, gratuita, de calidad y soberana. Los sindicalistas hacen de este Primero de Mayo una jornada movilización y se declaran en estado de alerta frente a las protestas venideras. Los pauperizados sectores urbanos reclaman atención a la cobertura de servicios públicos.
El país está movilizado, pero el gobierno insiste en que no hay motivos para ir al Paro, porque él está cumpliendo, alega que los movilizados tienen fines políticos, como dañar la reelección presidencial y que están infiltrados por los grupos ilegales, cuando en realidad lo más subversivo es la miseria con que el régimen castiga al pueblo.
En lo más álgido del Paro Agrario del año pasado, el presidente tuvo la osadía de decir que: “el tal paro nacional no existe”, ocasionando la indignación y solidaridad de los sectores urbanos, con los campesinos movilizados. Ahora pretende hacer creer que en Colombia no existe crisis agraria.
El presidente Santos olvida que en las últimas tres décadas, la Colombia rural sufre una contra reforma agraria, aplicada a sangre y fuego con el paramilitarismo, que acrecienta el latifundio y genera más de 6 millones de desterrados y unas 8 millones de hectáreas expropiadas a los pequeños y medianos campesinos. Esta acumulación originaria por desposesión, ha fortalecido una lumpen burguesía mezcla de mafia y paramilitarismo, que gobernó con Uribe Vélez y que ahora impulsa varios candidatos presidenciales, para las elecciones del 25 de mayo.
Esta violencia oligárquica desemboca en que Colombia tenga cultivada apenas una cuarta parte de la tierra apta para la agricultura, mientras que para la ganadería extensiva mantiene el doble de la tierra apta para ese propósito. Por esto el país importa más de 10 millones de toneladas anuales de alimentos, los que antes producíamos, y de lo más escandaloso es que hoy se importa el 80 por ciento del café que consumimos los colombianos.
El régimen continúa con su política de la descampesinización y de empresarización del campo. Por esto, persigue ampliar la frontera agrícola, por medio de achicar los parques naturales, zonas baldías, zonas de páramo, zonas de reserva forestal, zonas de reserva indígena y tierras comunitarias de los afro descendientes, para entregarlas a las empresas multinacionales mineras y de agro combustibles.
Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra, con la desigualdad, pobreza y miseria más altas (índice GINI del 0,87), y que en el agro mantiene una informalidad laboral del 75 por ciento.
Para sofocar la protesta campesina el régimen incrementa las bandas paramilitares, etiquetadas como bandas criminales -bacrim- o ejércitos contra la restitución de tierras. Prosigue el destierro a un ritmo de un cuarto de millón de campesinos cada año. Sigue la persecución y asesinato de dirigentes sociales.
La economía campesina sobrevive a duras penas, en contra vía de las políticas gubernamentales, sin subsidios, sin asistencia tecnológica, sin vías de comunicación y agredida por el terrorismo de Estado; sin embargo, aporta el 70 por ciento de los alimentos de los colombianos.
El gobierno se empeña en financiar a los grandes gremios agroindustriales y ahora anuncia 5 billones de pesos para alimentar el Pacto Agrario hecho ellos. El erario público y las entidades estatales especializadas en lo agropecuario, están al servicio del gran capital agroindustrial, de las prebendas de los políticos, pero nunca se preocupan de los pequeños y medianos campesinos, ni de los afro descendientes, ni de los indígenas.
Para completar la calamidad agraria, el régimen firma múltiples Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros países, en los que coloca a competir en igualdad de condiciones al agonizante sector agropecuario colombiano, por ejemplo, con la agroindustria gringa, a la que el gobierno de los Estados Unidos inyecta subsidios por 200 mil millones de dólares anuales, o con la europea mantenida con más bastantes más recursos. Esto es “pelea de toche contra guayaba madura”.
Por estas causas, señor presidente, su locomotora agropecuaria no ha arrancado ni arrancará nunca. El modelo neoliberal es inviable para los colombianos, porque nos está matando. Es por esto que sus leyes de Restitución de tierras y de Reparación de las víctimas son apenas una farsa mediática, que encubre el destierro y el despojo que no se detiene, mientras por otro lado legalizan la ya descrita acumulación por desposesión.
Presidente Santos, si quiere ser reelegido, aproveche la campaña electoral para generar un debate político en torno a un nuevo modelo de economía. Vaya más allá de la política de los trinos hechos por las redes sociales y formule propuestas para resucitar lo agropecuario, porque ya han fracasado las que presentó en el Plan de Desarrollo 2010-2014.
Por todas estas razones, el Paro Nacional Agrario y Popular es un hecho. Los sectores movilizados no están pidiendo limosna, ellos piden una Política agropecuaria soberana, como la que presenta el Pliego de la Cumbre Agraria, donde sostienen que la seguridad alimentaria es una mentira, sino está sustentada en una política de Soberanía alimentaria.
La elite gobernante debe reconocer que la Madre Tierra no debe seguir siendo un objeto de explotación, sino un sujeto con derechos, como lo estipulan las Constituciones de Bolivia y Ecuador. Para el régimen la ecología y el ambientalismo son apenas tema de discurso por lo que debe cambiar y desarrollar acciones concretas que conserven la naturaleza y cualifiquen la vida. Su reto es deslindar con el modelo agrario narco paramilitar, terrateniente, extractivista y de monocultivo.
Señor presidente, su planteamiento de Paz total debe dar solución al gravísimo problema agropecuario. Negocie con el país agrario movilizado, reconózcalo como interlocutor válido y deje de darle un trato de subversivo, como lo hizo cuando el Paro del año pasado, donde sólo hizo promesas, mientras envió 50 mil soldados a reprimir a los campesinos movilizados.
Presidente Santos, una negociación con los sectores que hoy están movilizados, en que se promueva el debate democrático sobre los principales problemas del país, es la mejor forma de desarrollar la campaña por su reelección.