Por Luis Carlos Guerrero Ortega
Cada día afloran balances de los estragos producidos por las políticas neoliberales. Contrario a todos los anuncios optimistas que recorrieron el mundo presagiando el fin de las alternativas porque el neoliberalismo era el futuro de la humanidad.
Va ganando mayor opinión que desde la puesta en marcha de las políticas neoliberales se han visto reforzadas las tendencias al empobrecimiento de la población del mundo y entre ella la urbana, se ha sufrido una disminución y deterioro de las políticas sociales para procurar mayor justicia social y se han agudizado las problemáticas ambientales hasta el punto de que hoy es patética la crisis ambiental. Y no es asunto secundario que estamos traspasando los umbrales de la sostenibilidad de la vida en el planeta.
No pasa un día en que en los medios no registren problemáticas ambientales y todos los días se llama a superar el estado de emergencia ambiental que vivimos. También vemos con optimismo que se vaya ganando en mayores niveles de conciencia y en creación de movimientos alternativos para hacer posible y viable el derecho a disfrutar de un ambiente sano. Sin duda el paso dado por los gobiernos revolucionarios de Ecuador y Bolivia quienes consagran los derechos de la naturaleza como fundamentales y esta es una dirección en la que debemos caminar en el mundo sacudiéndonos de la mercantilización de la misma que es la visión que se pretende imponer de manera hegemónica por el capitalismo.
Balance desfavorable
Vale la pena hacer una breve radiografía, aunque sea muy limitada de la situación en Colombia, para a partir de allí atisbar soluciones posibles y viables. Veamos. Colombia es considerada el segundo país en el mundo con mayor biodiversidad después de Brasil. Preocupante que estemos perdiendo esta condición por varios factores, uno de ellos es la poca valoración que desde la élite gobernante se hace de los ecosistemas frágiles y estratégicos en su cualidad de ser fuentes de vida necesarios para preservar la existencia; ello ha conllevado a una acelerada deforestación, también a un uso inadecuado del territorio y una política económica que afecta de manera dramática el medio ambiente.
Ligado a estos elementos, tanto en Colombia como en todo el mundo, la gestión ambiental ha quedado prácticamente en las manos privadas y las entidades reguladoras estatales de las políticas ambientales están sometidas y carcomidas por la corrupción, viabilizan la entrega y el saqueo a la biodiversidad convertida en un negocio entregada a las grandes transnacionales. Es una nación despojada.
Las cifras oficialmente divulgadas son un reflejo de ello. En el mes de agosto del 2012 se conoció a través de los medios que en Colombia en dos años (2011 y 2012) se habían destruido 295.892 hectáreas de bosque natural. Pero la cosa es de más gravedad. Entre los años 1990 y 2010, veinte años, han sido deforestada 6 millones 206 mil hectáreas. Esto ha llevado a que sea Colombia uno de los países que más contribuye a la pérdida de cobertura natural vegetal en el mundo.
No estamos ante un problema cualquiera, este es de muchas dimensiones. Según el Índice de Desempeño Ambiental, medido por las Universidades de Yale y de Columbia, Colombia retrocedió 76 lugares durante los últimos 8 años, pasando del puesto 9 al puesto 85.
Establecer límites ambientales
Las ciudades y la acelerada urbanización que vive el país también tienen una alta cuota de responsabilidad en la crisis ambiental. Hoy el mayor porcentaje de habitantes de Colombia vive en los territorios urbanos, donde se están sintiendo los rigores de la crisis con sus cambios climáticos. Manglares y bellos humedales, ríos y distintos cuerpos de agua son devastados para construcción de viviendas, apertura de nuevas vías de doble calzadas e infraestructura de todo tipo y otros usos. El suministro de agua se agota y se hace cada día más difícil y deficitario su servicio hacia las grandes metrópolis, cada día son más frecuentes las virosis y muertes por contaminación ambiental, la propagación de enfermedades infectocontagiosas, etc. No hay duda que la calidad del aire y de la vida en las ciudades ha disminuido al mismo tiempo que se disminuye la arborización en las ciudades y son convertidos los territorios en selvas de cementos.
Las catástrofes ambientales las padecemos todas las personas sin embargo quienes son más brutalmente golpeados son las franjas pobres y vulnerables de las ciudades. Los desplomes de viviendas fruto de los negocios de las inmobiliarias privadas que prefieren la estafa a la calidad son el pan de cada día; aumentan los cinturones de viviendas construidas en zonas de riesgo por la población desplazada y migrante; los taponamientos de los drenajes, la contaminación de las ciénagas y lagunas, las muertes por emisiones de CO2 puesto que se privilegia el transporte individual al público y colectivo, y otras van tragedias que van llenando las ciudades de muertes.
Es evidente la contradicción, cada vez más aguda, entre la protección de ecosistemas y los embates de las políticas urbanizadoras. El capitalismo cree en el crecimiento ilimitado de las ciudades y de la producción cuando los bienes naturales son de carácter limitado, lo que obliga a la implementación de unas políticas públicas que frenen la destrucción, se impongan unos límites éticos y unas protecciones drásticas.
Una primera acción importante de un movimiento social urbano sería la reivindicación de establecer los mínimos vitales de la vida para garantizar la existencia de todos los seres vivos. En este techo muy amplio es clave la adopción de los derechos de la naturaleza en nuestra constitución que es la vez la lucha por un Mínimo vital ambiental en donde el país adopte una política pública que proteja efectivamente a las fuentes de agua, a los humedales, a los manglares, la las ciénagas y demás cuerpos de aguas, además de proteger a la biodiversidad que tenemos. Esta política pública nos debe dotar de unas instituciones cuyo pilar sea Actuar para el bien de la nación y no el enriquecimiento ilícito de una minoría que feria la biodiversidad.
Este vital ambiental para la vida debe ser construido en una decidida acción ciudadana y popular partiendo de hacer un balance ambiental en el país, de los impactos producidos por las políticas económicas y determinar con claridad que es lo que debemos reconstruir adoptando planes de reforestación y recuperación de ecosistemas en la impostergable tarea de hacer justicia ambiental. Esto lleva necesariamente a adoptar una política de ordenamiento territorial distinta, basada en la vida y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, creando regiones y territorios urbanos sostenibles.
Hacer sostenible la vida es el reto
Una efectiva política de superación de las problemáticas urbanas no puede dejar a un lado la necesidad de determinar políticas para la sostenibilidad ambiental, elemento central para una vida digna que haga posible la existencia humana y de los seres vivos, de la que se habla mucho hoy y hace parte de los objetivos del milenio.
Esto nos lleva a cuestionarnos el modelo de consumo, la producción chatarra, generalizar la producción de calidad, liberarnos de la obsolescencia programada que vuelve inútiles productos y tecnologías llevados por la acumulación de ganancias sin fin, retomar la dimensión del valor de uso y sacudirnos de la lógica capitalista de actuar en función de la maximización de las ganancias y del mito del crecimiento económico como fundamento de la economía, puesto que la carrera loca por el crecimiento lleva a sustentar una actitud agresiva e irracional en la relación con los recursos limitados del planeta. Por ello, es vital cambiar la percepción sobre el ambiente visualizando que son ecosistemas que permiten cultivar, mantener y reproducir la vida. Y que la economía debe guiarse por una máxima: la ética de la vida para la vida.
Sin duda necesitamos fortalecer y ampliar un poderoso movimiento urbano ciudadano mundial del cual haremos parte indisoluble, potenciando y articulando un movimiento urbano ciudadano colombiano para aportar alternativas. Hay ciudades que han logrado imponer otras pautas de transporte menos contaminante como el uso generalizado de la bicicleta antecedidos de una potente movilización ciudadana.
