Por: Marcela Madrid Vergara. El Tiempo
Un nuevo proyecto hidroeléctrico preocupa a los campesinos de este municipio antioqueño
El proyecto usaría el río Samaná Norte para construir una represa de 1.075 hectáreas.
Floro Ramírez decidió volver a su hogar cuando se aburrió de vivir en Medellín, de intentar sobrevivir con su mujer y sus cinco hijos, de pagar arriendo con lo que obtenía vendiendo arroz.
Fue un día de 2004 cuando emprendió el camino de más de seis horas a pie desde el casco urbano de San Carlos (Antioquia) hacia el corregimiento de Samaná, esa tierra caliente y llena de zancudos que había abandonado en 2001, cuando sintió que una masacre de las Auc y otra de las Farc eran suficiente indicio de que “la cosa se estaba poniendo maluca”.
Tres años después correría el rumor de que los grupos armados habían abandonado la zona, así que unas pocas familias decidieron regresar. Floro recuerda que la única manera de desminar el terreno fue poner por delante una tanda de ganado y caballos para luego ir despejando el rastrojo a punta de machete.
Para esos hombres y mujeres no hubo tiempo de auxiliar a sus “vaquitas” ni a sus “bestias”. Continuaron abriendo trochas hacia las dos o tres casas que aún estaban en pie, y los días siguientes se dedicaron por fin a lo que tanto extrañaban: sembrar yuca y plátano y tratar de hacer potreros para las reses que no habían pisado explosivos.
Pero al parecer, el rumor de la paz en Samaná era solo eso. Una tarde, a tres meses de haber regresado, guerrilleros del bloque Iván Ríos de las Farc sacaron a siete hombres de sus casas, los llevaron a una tienda abandonada y los asesinaron.
Las más de 100 familias que habían retornado volvieron a huir; solo quedaron cuatro hombres, entre ellos Floro, decididos a defender a su pueblo. “Por las noches nos juntábamos todos en una casa a vigilar, compartiendo un miedo horrible”, recuerda este campesino de 65 años.
Con su familia lejos, un pensamiento le atravesaba la mente en esas noches: se rehusaba a seguir siendo un desplazado. Es que desde joven, Floro supo qué era abandonar la tierra, pues en los años 70 su papá tuvo que venderle a una compañía generadora de energía la parcela donde vivían para la construcción de la hidroeléctrica San Carlos, una de las más importante que funciona actualmente en el país. “Eso fue prácticamente obligados. Mi padre sí iba a vender, pero ellos no daban lo que uno pedía sino lo que ellos dijeran”, cuenta mientras trata de espantar los mosquitos con su sombrero.
Porque está convencido de que nació para ser un hombre de campo, Floro Ramírez se negó a dejar su tierra por tercera vez. Y lo sigue haciendo. Ahora se opone a la construcción del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, que aprovecharía el río Samaná Norte para generar 1.445 gigavatios hora al año y construir una represa de 1.075 hectáreas.
Aunque la represa no afectaría su vivienda, sí inundaría la parcela que tiene al borde del río, adonde baja cada mañana para trabajar en sus cultivos de yuca y cacao, y cuidar a sus 50 reses. Como el de Floro, serían intervenidos 168 predios de los tres municipios involucrados (San Carlos, San Luis y Puerto Nare) y 48 familias tendrían que ser reubicadas.
Floro Ramírez, desplazado dos veces de su corregimiento, tendría que vender su parcela para la construcción de la represa. Foto: Marcela Madrid Vergara.
Según la personera de San Carlos, Marlin Irina Rodríguez, esto significaría retroceder en el proceso de retorno, pues “son personas que se verían nuevamente desplazadas, ya no por la llegada de un grupo armado, pero sí por una empresa que necesita su tierra”.
Desde enero de 2010 el proyecto está en estudio ante Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para asegurar que las obras se ajusten al ecosistema y los recursos de la zona. Por ahora el dueño es la empresa Integral S.A, y luego de cumplir con este trámite pasaría a manos de Celsia, del grupo Argos.
Aunque en San Carlos mucho se ha rumorado sobre las indemnizaciones y el precio que ofrecerán por la tierra, Integral insiste en que no puede iniciar esas negociaciones sin tener la licencia. Lo que sí le aseguró a este diario Juan Carlos Vásquez, director de planeación de producción de la empresa, es que esas 48 familias serían reubicadas a no más de tres kilómetros de su vivienda actual, en la misma vereda y municipio donde están hoy.
Por otra parte, en 2013 el Ministerio de Minas y Energía declaró a Porvenir II como un proyecto de utilidad pública, así como los terrenos necesarios para su construcción, que corresponden a casi 11.000 hectáreas. Esto significa que si no llegan a una negociación con los dueños de los predios, la empresa puede expropiarlos.
Según Vásquez, esta figura también ayuda a que personas como Floro no tengan que vender su tierra por menos de lo que vale, como sucedió con su padre décadas atrás, pues “obliga a que el propietario del proyecto conforme una comisión tripartita que garantice un justo pago de los terrenos”.
Vivir del río
El corregimiento de Puerto Garza es conocido por ser tierra de pescadores y de mineros. Para llegar a él hay que viajar casi tres horas en moto desde el casco urbano de San Carlos, por un camino de descenso hacia un cañón donde la temperatura va aumentando hasta que por fin se divisa la orilla del río Samaná.
En las laderas que bordean este afluente vive con su familia Alfredo Salazar. En una casa de tablas y techo de zinc, cuelga la atarraya con la que pesca y la batea con la que saca algo de oro del río. Pero, como la mayoría de pescadores de la zona, reconoce que ya el Samaná no es el mismo de hace 20 o 30 años: “Antes esa atarraya salía llena, pero ahora es más fácil salir con las manos vacías que coger un pescado”.
Los nativos de Puerto Garza atribuyen ese cambio a los efectos de la central San Carlos, cuyo embalse está en el río Guatapé, que desemboca en el Samaná Norte. Así lo explica Albeiro, un hermano de Alfredo que vive a pocos metros de él: “Con la represa que hicieron en los años 80, el nivel del río no se mantiene estable. Ya no sirve ni para pescar ni para minear, serviría si estuviera plantadito”.
Por eso, aunque el Samaná es el único de los cinco ríos de San Carlos que no ha sido intervenido para producir energía, ya no es tan fácil vivir de sus tesoros.
Alfredo Salazar vive a al orilla del río Samaná, en el que pesca y saca algo de oro. Foto: Marcela Madrid Vergara.
El fantasma de las centrales
Antioquia es el departamento con mayor potencial hidroeléctrico del país, y San Carlos es particularmente rico en agua, un recurso que ha marcado la historia del pueblo.
Entre 1970 y 1980 se construyeron los cuatro embalses que operan en el municipio. Según un informe del Centro de Memoria Histórica, esta infraestructura convirtió al pueblo en un “factor de atracción para los actores armados, quienes vieron una oportunidad para avanzar en el copamiento de territorios claves en la economía del país”.
Por eso, muchos sancarlitanos ven la llegada de una nueva central como un imán para los grupos ilegales, así que no han pensado dos veces en salir a las calles a defender sus recursos.
Eso ocurrió en marzo de 2014. Luego de recoger miles de firmas, hacer marchas y presentar recursos jurídicos, la comunidad logró que Cornare le revocara la licencia ambiental a un proyecto de micro central sobre La Chorrera, una cascada de 500 metros que, además de ser una de las más turísticas, está destinada como futura fuente del acueducto municipal.
Henry Escudero, director de la corporación ambiental Natybos, fue uno de los líderes de esta causa. Aunque era muy pequeño cuando su pueblo se organizó en un movimiento cívico durante los 80 (muchos de cuyos integrantes fueron estigmatizados y asesinados), conoce perfectamente la historia. Por eso sabe lo que significa que los san carlitanos vuelvan a unirse por un reclamo social: “Después de tanto tiempo sin salir a manifestarnos por el miedo que dejó la violencia, logramos unir al pueblo para esta causa”.
Con Porvenir II también se han hecho sentir, y desde 2011, cuando escucharon por primera vez sobre el proyecto, las comunidades de Samaná y Puerto Garza se han organizado en mesas de seguimiento y se han reunido con los funcionarios de Integral.
Otro tema que les preocupa es la posible presencia de restos de desaparecidos en el área que inundaría la represa. Por eso le han pedido a la ANLA que antes de otorgar la licencia se descarte ese escenario.
Según el encargado de exhumaciones de la Alcaldía municipal, Fernando Pamplona, en el corregimiento de Samaná hay cinco denuncias de cuerpos y siete están para exhumar, mientras que en Puerto Garza no hay ningún indicio. Al respecto, el representante de Integral asegura que “la topografía del terreno de las zonas que serán intervenidas por el proyecto hacen muy difícil que esa situación se presente”.
Todas estas preocupaciones se han discutido en múltiples encuentros que se han dado en todas las veredas afectadas. La empresa les ha explicado a las comunidades los beneficios que llegarían para la salud, la educación, las vías y la protección a la biodiversidad, además del incremento a los ingresos del municipio; a lo que campesinos como Floro responden que “tierra no es sino una, y para uno tan viejo es muy difícil volver a comenzar”.
MARCELA MADRID VERGARA
Especial para EL TIEMPO
Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/proyecto-hidroelectrico-en-san-carlos/15158435?_ 28 de enero de 2015