A la vez la Iglesia exhorta al Estado a que, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad extractiva, garantice la consulta previa así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las normas legales de la mayoría de los países de América Latina prevén que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por las Empresas concesionarias antes de realizar el proyecto extractivo, como parte de las condiciones que lleven a su aprobación. Los EIA son, por lo tanto, un documento de las partes interesadas. Por esta razón es necesaria que la función pública de revisión de los EIA sea realizada con imparcialidad y según criterios científicos internacionalmente establecidos. También la Iglesia exhorta al Estado a informar a la población adecuadamente sobre los resultados del estudio.