Catatumbo, Amalfi y San Cayetano, tres casos distintos, una alerta preocupante. Violencia armada, operaciones militares y denuncias sobre abusos vuelven a poner en debate el modelo de seguridad y sus costos para las comunidades.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El caso de Amalfi, Antioquia, no debería leerse como un episodio aislado ni, sin suficiente evidencia, como prueba de una única doctrina nacional. Pero, junto con las dinámicas del Catatumbo y otras denuncias rurales, permite abrir una discusión estructural: ¿qué ocurre cuando la eficacia operacional se convierte en el centro de la política de seguridad y la protección de la población civil queda subordinada al resultado militar?
Las denuncias conocidas en Amalfi señalan que un ataque aéreo contra una estructura del Clan del Golfo habría afectado viviendas campesinas, ganado y otros bienes de comunidades de ocho veredas. Los hechos requieren investigación; precisamente por ello, no corresponde anticipar responsabilidades, pero tampoco minimizar las denuncias.
La pregunta es fundamental: ¿hasta dónde puede llegar una operación militar en un territorio habitado sin convertir a la población y sus medios de subsistencia en parte del costo de la guerra?
El Estado tiene la obligación de enfrentar a las estructuras armadas ilegales, pero esa obligación no suspende los derechos. La eficacia militar no está por encima de la vida.
Cuando la eficacia operacional desplaza la protección
El Derecho Internacional Humanitario establece límites a la conducción de las hostilidades: distinción, precaución y proporcionalidad. La existencia de un objetivo militar no convierte automáticamente en legítimo cualquier método para atacarlo.
Cuando las operaciones se desarrollan entre viviendas, cultivos, ganado, caminos y otras formas de vida comunitaria, esa realidad debe incorporarse a la planeación militar. La protección de la población civil no es un obstáculo: es una condición de legalidad.
Por eso, frente a un ataque aéreo no basta preguntar cuántos combatientes fueron “neutralizados”. Hay que saber: ¿Cómo se verificó el objetivo? ¿Qué inteligencia lo sustentó? ¿Qué presencia civil era conocida? ¿Qué medidas de precaución se adoptaron? ¿Qué daños fueron previsibles y cuáles ocurrieron?
Estas preguntas no buscan deslegitimar a la Fuerza Pública, sino determinar si actuó dentro de los límites constitucionales y jurídicos que la obligan.
Una vivienda campesina no es un daño colateral.
En el lenguaje burocrático de la guerra, una casa puede convertirse en “infraestructura afectada” y una vaca en una “pérdida material”. Pero detrás existe una economía de vida.
Para una familia campesina, el ganado puede representar ahorro, alimento, ingresos y posibilidad de permanecer en el territorio. Una vivienda es refugio, patrimonio y arraigo. Una parcela es sustento y reproducción comunitaria.
Cuando la guerra golpea estos medios de vida, sus efectos pueden traducirse en empobrecimiento, endeudamiento, desplazamiento y ruptura del tejido territorial. El DIH no puede discutirse separado de la defensa de la vida campesina.
El fantasma de los “falsos positivos”. Colombia no puede hablar de resultados militares como si careciera de memoria. Las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” mostraron los riesgos de una institucionalidad sometida a la presión por producir resultados cuantificables.
Por eso cualquier retorno de una cultura basada primordialmente en bajas, capturas o “neutralizaciones” debe ser observado con extrema cautela.
La seguridad no puede convertirse en una contabilidad de cuerpos.
Cuando evaluaciones, reconocimientos o metas operacionales dependen excesivamente de indicadores numéricos, pueden generarse incentivos perversos. La experiencia colombiana debería haber dejado una enseñanza clara, un Estado no puede medir su éxito por la cantidad de muertos que produce, sino por la cantidad de vidas que logra proteger. El honor militar no consiste en disparar más, sino en cumplir la misión dentro de la Constitución y el DIH.
Amalfi exige investigación, no silencio. Las comunidades tienen derecho a que sus denuncias sean escuchadas. No basta con una versión oficial ni con una denuncia comunitaria: se necesita una investigación capaz de establecer los hechos.
Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Congreso y demás instituciones competentes tienen responsabilidades que no pueden eludirse. Hay que determinar qué inteligencia existía, cómo fue validada, qué riesgos eran conocidos, qué medidas de precaución se adoptaron y qué daños se produjeron.
Una investigación independiente no debilita a la Fuerza Pública. La transparencia protege su legitimidad. Si se establecen afectaciones ilegítimas a civiles o bienes protegidos, deben activarse las responsabilidades y mecanismos de reparación correspondientes. Y aun cuando una operación sea considerada legítima, el Estado no puede desentenderse de sus consecuencias humanitarias.
La pregunta de fondo es inevitable, ¿quién asume el costo social de una guerra librada en territorios campesinos? No pueden ser siempre las mismas comunidades.
Amalfi vuelve a mostrar un problema estructural, en amplias zonas rurales la presencia estatal continúa siendo desigual. El Estado aparece con mayor intensidad ante las amenazas de seguridad, mientras justicia, salud, educación, infraestructura, protección de la economía campesina y participación permanecen débiles.
Así aparece una paradoja, un territorio puede estar militarmente ocupado y, al mismo tiempo, socialmente abandonado. La seguridad así, no puede construirse exclusivamente desde mapas militares. Las comunidades poseen conocimiento sobre sus territorios, conflictos y riesgos. Ignorarlo debilita la prevención. La presencia estatal debe expresarse también en derechos, servicios, justicia territorial y condiciones materiales para permanecer en el territorio.
Del Catatumbo a Amalfi: una misma pregunta
Catatumbo y Amalfi no son los mismos hechos ni tienen necesariamente los mismos actores o dinámicas. Pero permiten formular una pregunta común:
¿Cuál es el modelo de seguridad que Colombia está construyendo y cuáles son sus límites cuando la confrontación ocurre en territorios habitados?
Una política de seguridad no debería medirse únicamente por los golpes contra estructuras armadas. También por su capacidad para reducir la violencia, proteger civiles, preservar medios de vida, impedir desplazamientos, garantizar derechos y fortalecer instituciones civiles.
Cuando la lógica de la fuerza desplaza la protección, la degradación es jurídica, institucional, territorial y ética. El riesgo final es que la población termine convertida en una variable secundaria de la guerra.
San Cayetano: otra frontera que debe investigarse
A esta discusión se suma una denuncia ciudadana proveniente de San Cayetano. Según el relato difundido públicamente, miembros del Ejército habrían ingresado a una finca en el sector de La Termo y detenido a cuatro hombres bajo el señalamiento de presunta minería ilegal. La denuncia sostiene, en cambio, que se encontraban atendiendo un incendio conocido por las autoridades locales.
Los hechos están pendientes de verificación y deben ser investigados. Pero precisamente por ello no pueden ser ignorados. El episodio vuelve a plantear una pregunta fundamental: ¿cómo ejercer autoridad armada en territorios rurales sin convertir la sospecha en culpabilidad o la seguridad en arbitrariedad? Las comunidades rurales no deberían tener que escoger entre diferentes formas de miedo.
No podemos acostumbrarnos.
Amalfi, Catatumbo y las denuncias que surgen de otros territorios deben investigarse, pero también leerse dentro de estructuras más amplias, disputa territorial, economías legales e ilegales, abandono rural, debilidad institucional y doctrinas de seguridad que pueden privilegiar el resultado inmediato sobre la protección de la vida.
Defender el DIH no significa proteger a los violentos. Significa poner límites al poder armado del Estado porque su primera obligación es proteger a quienes no participan en las hostilidades. La verdadera eficacia se mide por la capacidad de proteger la vida, preservar la dignidad, garantizar derechos y permitir que las comunidades permanezcan en sus territorios sin tener que escoger entre distintas formas de violencia.
La seguridad que necesita Colombia no puede ser la seguridad del miedo. Tiene que ser la seguridad de la vida.
______________