El reconocimiento estatal de la Operación Europa implica admitir que estructuras de inteligencia fueron utilizadas para perseguir, estigmatizar y sabotear a defensores de derechos humanos más allá de las fronteras colombianas. La verdad, la reparación y la no repetición exigen desmontar las doctrinas que hicieron posible esa persecución.
La persecución que cruzó las fronteras
La historia reciente de Colombia demuestra que la violencia política no se limitó al territorio nacional. Durante años, estructuras estatales desplegaron mecanismos de inteligencia, vigilancia, estigmatización y persecución contra organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y actores de la solidaridad internacional. La denominada Operación Europa, desarrollada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), constituye uno de los ejemplos más graves de esta dimensión transnacional de la violencia estatal.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad documentó que las operaciones ilegales del DAS alcanzaron distintos países europeos y estuvieron dirigidas contra personas y organizaciones que denunciaban las violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia. No se trató simplemente de labores de inteligencia, existieron acciones de seguimiento, infiltración, hostigamiento, generación de información falsa, campañas de desprestigio y búsqueda de aislamiento político y financiero de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La propia Comisión identificó que entre los objetivos de estas operaciones estuvieron organizaciones colombianas e internacionales, así como redes de solidaridad, instituciones europeas y actores vinculados con la defensa de los derechos humanos. La FIDH documentó, además, que la operación buscaba afectar el apoyo político y financiero europeo a las organizaciones colombianas y desacreditar espacios internacionales de protección de derechos humanos.
La gravedad del fenómeno radica precisamente en esto: el Estado no se limitó a combatir militarmente a actores armados dentro de Colombia; también intentó neutralizar, fuera del país, a quienes denunciaban las violaciones cometidas en su territorio.
Del enemigo interno al enemigo transnacional
La Operación Europa permite comprender hasta dónde puede llegar una determinada concepción de la seguridad nacional cuando convierte la diferencia política, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional en amenazas.
La lógica del denominado enemigo interno no desaparece cuando una persona abandona el territorio nacional. Por el contrario, puede proyectarse internacionalmente mediante mecanismos de inteligencia, cooperación policial, circulación de información, presión diplomática y campañas de estigmatización.
La Comisión de la Verdad documentó precisamente esta extensión de las prácticas del DAS más allá de las fronteras colombianas. En algunos casos, la información producida por los organismos de inteligencia fue utilizada para alimentar señalamientos públicos que asociaban a defensores de derechos humanos con organizaciones guerrilleras. El propósito no era únicamente vigilar, era deslegitimar, aislar y convertir al defensor en sospechoso.
Esta dimensión resulta particularmente relevante para comprender la relación entre inteligencia, medios de comunicación y violencia política. La estigmatización no constituye un fenómeno meramente discursivo. En contextos de alta violencia política, señalar públicamente a una persona u organización como cercana a la insurgencia puede convertirse en un mecanismo previo de legitimación de amenazas, agresiones y asesinatos.
La Comisión de la Verdad encontró, por ejemplo, casos en los que información alterada proveniente del DAS terminó alimentando publicaciones periodísticas que señalaban a defensores de derechos humanos por sus supuestos vínculos con la guerrilla; posteriormente, algunos de estos nombres aparecieron incluso en amenazas provenientes de estructuras paramilitares.
La cadena es significativa, inteligencia ilegal, producción de información, estigmatización, circulación mediática y amenaza. El problema, por tanto, no puede reducirse a la conducta desviada de algunos funcionarios. Obliga a examinar las estructuras institucionales, doctrinas de seguridad y redes de poder que hicieron posible esa articulación.
Reconocer no basta: verdad, reparación y garantías de no repetición
El reconocimiento público de responsabilidad constituye un paso indispensable, pero no suficiente. En octubre de 2025, el Estado colombiano ofreció disculpas públicas en Madrid a víctimas de la llamada Operación Europa y reconoció su responsabilidad por las violaciones cometidas contra personas y organizaciones perseguidas por el DAS. La Cancillería vinculó expresamente este reconocimiento con los compromisos de verdad, justicia y no repetición.
Este hecho adquiere especial importancia porque durante años las víctimas tuvieron que demostrar que aquello que habían experimentado no era producto de la paranoia, la exageración o la persecución imaginada. Eran hechos reales, documentados y planificados. La Comisión de la Verdad recomendó que el Estado reconociera su responsabilidad histórica, ética y política por las acciones ilegales desplegadas contra defensores de derechos humanos y víctimas en el exilio, incluida la Operación Europa. Por ello, el reconocimiento estatal debe entenderse como un punto de partida y no como el cierre del caso.
La no repetición exige, entre otras medidas, garantizar que los organismos de inteligencia no vuelvan a ser utilizados para perseguir la oposición política, la protesta social, la defensa de los derechos humanos, el periodismo independiente o la cooperación internacional de la sociedad civil. También exige revisar las doctrinas y prácticas institucionales que permitieron convertir la defensa de los derechos humanos en una cuestión de seguridad.
Una lección para el presente
La Operación Europa pertenece al pasado, pero su enseñanza pertenece al presente. La historia demuestra que las democracias no se deterioran únicamente mediante golpes de Estado o rupturas constitucionales. También pueden erosionarse progresivamente cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía comienzan a considerar sospechosa la organización social, cuando la inteligencia se utiliza para vigilar adversarios políticos, cuando los medios reproducen información producida clandestinamente por organismos estatales y cuando la defensa de los derechos humanos es presentada como una amenaza.
Por eso, recordar la Operación Europa no significa simplemente mirar hacia atrás. Significa construir alertas democráticas para el presente.
En un escenario internacional caracterizado por una creciente normalización de discursos autoritarios, vigilancia tecnológica, guerra cognitiva, criminalización de la protesta y expansión de mecanismos de control digital, la experiencia colombiana ofrece una advertencia fundamental, las tecnologías y los aparatos de inteligencia pueden convertirse en instrumentos de protección democrática o, por el contrario, en herramientas extraordinariamente eficaces para perseguir y silenciar.
La pregunta democrática no es, entonces, solamente qué capacidad de inteligencia posee el Estado, sino para qué utiliza esa capacidad, quién la controla, bajo qué reglas opera y qué mecanismos existen para impedir que vuelva a ser utilizada contra la sociedad.
La memoria como forma de defensa democrática
El reconocimiento de la Operación Europa también reivindica el papel de las víctimas y de las organizaciones que durante años sostuvieron la denuncia. Sin la persistencia de quienes fueron perseguidos, de las organizaciones de derechos humanos, de las redes de solidaridad internacional y de quienes conservaron documentos y testimonios, buena parte de esta historia habría quedado sepultada.
La memoria, por tanto, no es un ejercicio retrospectivo neutral. Es una herramienta política y democrática. Recordar permite identificar patrones. Investigar permite establecer responsabilidades. Documentar permite enfrentar la manipulación. Y reconocer permite restituir parcialmente la dignidad que la persecución buscó destruir.
En este sentido, la Operación Europa deja una enseñanza particularmente importante para Colombia, la defensa de los derechos humanos no puede depender de la voluntad circunstancial de un gobierno. Debe constituir una política de Estado, respaldada por instituciones independientes, controles democráticos, archivos protegidos, acceso a la información y garantías efectivas para quienes ejercen la crítica y la denuncia.
Un compromiso de no repetición
El reconocimiento estatal adquiere su verdadero significado solamente cuando se traduce en transformaciones institucionales. No basta con pedir perdón por el uso ilegal del poder: es necesario impedir que las estructuras, prácticas y doctrinas que hicieron posible esos abusos vuelvan a reproducirse bajo nuevas instituciones, nuevas tecnologías o nuevos lenguajes de seguridad.
La garantía de no repetición implica desmontar definitivamente la idea de que el pensamiento crítico constituye una amenaza; impedir la utilización de los servicios de inteligencia contra organizaciones sociales; fortalecer los controles judiciales y parlamentarios sobre las actividades de inteligencia; proteger los archivos históricos; garantizar la libertad de asociación y expresión; y reconocer el trabajo de las organizaciones de derechos humanos como una contribución fundamental a la democracia.
La Operación Europa demuestra, finalmente, que un Estado puede cruzar sus propias fronteras para perseguir, pero también puede cruzarlas para reconocer, reparar y reconstruir confianza. La diferencia entre una y otra posibilidad reside en la concepción de democracia que oriente sus instituciones. La verdad histórica no busca venganza. Busca impedir que el poder vuelva a utilizarse contra quienes ejercen el derecho legítimo a pensar diferente, organizarse, denunciar y defender la dignidad humana.
Por eso, recordar la Operación Europa es también formular una exigencia de presente, nunca más organismos estatales utilizados para perseguir a quienes defienden los derechos humanos. Nunca más la inteligencia convertida en instrumento de estigmatización. Nunca más la diferencia política tratada como amenaza. Nunca más el Estado contra quienes trabajan por la paz y la democracia.
La memoria de las víctimas debe convertirse en una política permanente de democracia, verdad y no repetición.
*Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ.
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