Catatumbo, Amalfi y San Cayetano, tres casos distintos, una alerta preocupante. Violencia armada, operaciones militares y denuncias sobre abusos vuelven a poner en debate el modelo de seguridad y sus costos para las comunidades.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El caso de Amalfi, Antioquia, no debería leerse como un episodio aislado ni, sin suficiente evidencia, como prueba de una única doctrina nacional. Pero, junto con las dinámicas del Catatumbo y otras denuncias rurales, permite abrir una discusión estructural: ¿qué ocurre cuando la eficacia operacional se convierte en el centro de la política de seguridad y la protección de la población civil queda subordinada al resultado militar?
Las denuncias conocidas en Amalfi señalan que un ataque aéreo contra una estructura del Clan del Golfo habría afectado viviendas campesinas, ganado y otros bienes de comunidades de ocho veredas. Los hechos requieren investigación; precisamente por ello, no corresponde anticipar responsabilidades, pero tampoco minimizar las denuncias.
¿Hasta dónde puede llegar una operación militar en un territorio habitado sin convertir a la población y sus medios de subsistencia en parte del costo de la guerra? El Estado tiene la obligación de enfrentar a las estructuras armadas ilegales, pero esa obligación no suspende los derechos. La eficacia militar no está por encima de la vida.
El Derecho Internacional Humanitario establece límites a la guerra, distinción, precaución y proporcionalidad. La existencia de un objetivo militar no legitima cualquier método de ataque. Cuando las operaciones ocurren entre viviendas, cultivos y bienes campesinos, proteger a la población civil es una obligación jurídica.
Por eso, ante un ataque aéreo, no basta contar “neutralizados”. Hay que preguntar ¿cómo se verificó el objetivo?, ¿qué inteligencia lo sustentó?, ¿qué presencia civil era conocida?, ¿qué precauciones se adoptaron y qué daños eran previsibles?
Una vivienda campesina no es un daño colateral, para una familia campesina, el ganado, la vivienda y la parcela son sustento, patrimonio y arraigo. Su destrucción puede significar empobrecimiento, desplazamiento y ruptura del tejido comunitario. ¿En realidad qué pasó en este hecho? El DIH no puede separarse de la defensa de la vida campesina.
El fantasma de los “falsos positivos”
Colombia conoce los riesgos de medir la eficacia militar en bajas y “neutralizaciones”. Las ejecuciones extrajudiciales demostraron las consecuencias de los incentivos perversos asociados a resultados cuantificables. La seguridad no puede convertirse en una contabilidad de cuerpos. El éxito estatal debe medirse por las vidas que protege, no por los muertos que produce.
Las denuncias de las comunidades requieren una investigación independiente que establezca qué inteligencia sustentó la operación, qué precauciones se adoptaron y qué daños ocurrieron. La transparencia no debilita a la Fuerza Pública, protege su legitimidad.
Si se establecen afectaciones ilegítimas, deben activarse las responsabilidades y reparaciones correspondientes. Ahora bien, ¿quién asume el costo de estos hechos?
Se repite la historia, y parece no aprendemos, un Estado que llega solo con soldados llega tarde. Amalfi evidencia un problema estructural, en amplias zonas rurales, la presencia estatal sigue siendo desigual. Mientras la fuerza aparece ante las amenazas de seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y protección de la economía campesina permanecen débiles. Así, un territorio puede estar militarmente ocupado y socialmente abandonado.
La seguridad no puede reducirse al control territorial. Debe garantizar derechos, participación, servicios y condiciones para permanecer en el territorio. La seguridad que no protege la vida termina convirtiéndose en otra forma de inseguridad.
Del Catatumbo a Amalfi: una misma pregunta
Catatumbo y Amalfi no son los mismos hechos ni tienen necesariamente los mismos actores o dinámicas. Pero permiten formular una pregunta común:
¿Cuál es el modelo de seguridad que Colombia está construyendo y cuáles son sus límites cuando la confrontación ocurre en territorios habitados?
Una política de seguridad no debería medirse únicamente por los golpes contra estructuras armadas. También por su capacidad para reducir la violencia, proteger civiles, preservar medios de vida, impedir desplazamientos, garantizar derechos y fortalecer instituciones civiles.
Cuando la lógica de la fuerza desplaza la protección, la degradación es jurídica, institucional, territorial y ética. El riesgo final es que la población termine convertida en una variable secundaria de la guerra.
San Cayetano: otra frontera que debe investigarse
A esta discusión se suma una denuncia ciudadana proveniente de San Cayetano. Según el relato difundido públicamente, miembros del Ejército habrían ingresado a una finca en el sector de La Termo y detenido a cuatro hombres bajo el señalamiento de presunta minería ilegal. La denuncia sostiene, en cambio, que se encontraban atendiendo un incendio conocido por las autoridades locales.
Los hechos están pendientes de verificación y deben ser investigados. Pero precisamente por ello no pueden ser ignorados, este episodio vuelve a plantear una pregunta constante ¿cómo ejercer autoridad armada en territorios rurales sin convertir la sospecha en culpabilidad o la seguridad en arbitrariedad? Las comunidades rurales no deberían tener que escoger entre diferentes formas de miedo.
La experiencia ganada debe impedir la repetición
Amalfi, Catatumbo y las denuncias que surgen de otros territorios deben investigarse, pero también leerse dentro de estructuras más amplias, disputas territoriales, economías legales e ilegales, abandono rural, debilidad institucional y doctrinas de seguridad que pueden privilegiar el resultado inmediato sobre la protección de la vida.
Colombia ya ha recorrido este camino y ha pagado un precio demasiado alto. La experiencia acumulada debe servir para no repetirlo, el Acuerdo de Paz debe cumplirse; escuchar el llamado constante a que se amplíen escenarios de participación efectiva de las comuidades para fefinir su presente y futuro, la Comisión de la Verdad nos mostró lo ocurrido y señaló la necesidad de construir garantías de NO repetición; la JEP continúa develando responsabilidades y patrones de una guerra que no podemos volver a normalizar.
Siempre pierden las comunidades, Pero también pierde el propio Ejército, hombres y mujeres de la Fuerza Pública son, en buena medida, hijos e hijas de esas mismas comunidades. Cuando la guerra se libra con presiones y vulnerando los marcos normativos, la verdad, los principios operacionales y cuando la eficacia se reduce al número de bajas, se desdibuja incluso el honor militar, que debería estar ligado al cumplimiento de la Constitución, al respeto por el DIH y a la protección de la vida.
Defender el DIH no significa proteger a los violentos, significa poner límites al poder armado del Estado porque su primera obligación es proteger a quienes no participan en las hostilidades. La sociedad debe cerrar filas frente a la insensatez de repetir los errores del pasado y exigir unos mínimos irrenunciables: verdad, investigación, protección civil, reparación, garantías de no repetición y control efectivo sobre el uso de la fuerza.
Debemos insistir en dejar de reproducir las condiciones que hacen posible la violencia, la guerra, esto exige enfocar esfuerzos en lograr transformaciones territoriales, tierra, derechos, servicios públicos, economías campesinas dignas, participación, justicia y condiciones reales para permanecer en los territorios sin miedo.
La verdadera eficacia estatal está en su capacidad para proteger la vida, preservar la dignidad, garantizar derechos y construir territorios donde las comunidades no tengan que escoger entre distintas formas de violencia.
La seguridad que necesitamos no puede ser la seguridad del miedo. Tiene que ser la seguridad de la vida digna. Colombia ya sabe lo que ocurre cuando no aprende de su propia historia.
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