Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / ¿La ciudad para quién? Frente al despojo, la gentrificación y la exclusión urbana, la Cumbre Nacional Popular propone construir ciudades para la vida y la dignidad. Te invitamos a leer, debatir y sumarte a esta apuesta colectiva por el derecho al territorio, la ciudad y la autonomía popular.
El derecho a existir, permanecer y decidir sobre la ciudad
Las ciudades latinoamericanas atraviesan una profunda crisis civilizatoria. Mientras más del 80 % de la población de América Latina habita en áreas urbanas, la promesa de la ciudad como espacio de bienestar, encuentro y ejercicio de ciudadanía se encuentra cada vez más subordinada a la lógica de la acumulación de capital, la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la vida. Colombia expresa con especial intensidad esta contradicción, ciudades que crecen económicamente mientras amplios sectores populares enfrentan precariedad habitacional, exclusión territorial, inseguridad alimentaria, violencia estructural y restricciones crecientes para ejercer su derecho a permanecer en los territorios que han construido históricamente.
En este contexto emerge la Cumbre Nacional Popular: ¿La Ciudad Para Quién?, una apuesta colectiva impulsada por organizaciones urbanas, populares, comunitarias, feministas, juveniles, sindicales, ambientales y de derechos humanos que, desde una perspectiva crítica y transformadora, busca disputar el sentido de la ciudad y construir alternativas desde los territorios. Más que un evento o una plataforma coyuntural, la Cumbre representa la consolidación de más de una década de acumulados organizativos, debates y resistencias que han venido configurando un movimiento urbano popular con capacidad de formular propuestas para una transformación estructural del modelo de ciudad.
Esta construcción colectiva hunde sus raíces en experiencias como el Foro Social Urbano Alternativo y Popular (FSUAP), desarrollado en 2014, y en múltiples procesos territoriales que han enfrentado desalojos, megaproyectos excluyentes, privatizaciones, violencias urbanas y políticas de desarrollo que privilegian la rentabilidad financiera sobre la dignidad humana. La Cumbre Nacional Popular constituye, por tanto, la expresión política de una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho a la ciudad y quién decide sobre su futuro?
La ciudad neoliberal y la producción de la desigualdad
Las reflexiones surgidas desde la Cumbre parten del reconocimiento de que las desigualdades urbanas no son accidentes ni consecuencias inevitables del crecimiento económico. Son el resultado de decisiones políticas, modelos de planificación y relaciones de poder que organizan el territorio en función de intereses particulares.
Durante las últimas décadas, la ciudad ha sido concebida como una mercancía y no como un bien común. El suelo urbano se ha convertido en un activo financiero sujeto a procesos de especulación que elevan los precios de la vivienda, expulsan comunidades históricas y profundizan la segregación socioespacial. Procesos de renovación urbana, turistificación y gentrificación han desplazado poblaciones populares hacia periferias cada vez más lejanas, mientras las áreas centrales y estratégicas son capturadas por intereses inmobiliarios, comerciales y turísticos.
Esta dinámica se desarrolla en un país donde persisten profundas brechas sociales. Según cifras oficiales, millones de hogares enfrentan déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos, mientras amplios sectores urbanos sobreviven en condiciones de informalidad laboral. La economía popular, lejos de ser marginal, constituye una de las principales estrategias de subsistencia para millones de personas que sostienen la vida urbana mediante actividades comerciales, productivas y de cuidado frecuentemente invisibilizadas o criminalizadas.
Las consecuencias son evidentes, ciudades fragmentadas, acceso desigual a servicios públicos, sistemas de transporte costosos y excluyentes, deterioro ambiental, expansión de asentamientos precarios y creciente vulnerabilidad frente a fenómenos asociados al cambio climático.
Sin embargo, desde la mirada de los pueblos y las organizaciones populares, la ciudad no puede entenderse únicamente como un escenario de exclusión. También es un territorio de resistencia, creación colectiva y producción de alternativas. Las periferias urbanas, los barrios populares, las organizaciones comunitarias, las economías solidarias y los procesos de autoconstrucción constituyen expresiones concretas de una ciudadanía que produce ciudad todos los días, aun cuando rara vez sea reconocida por las instituciones.
El derecho a la ciudad como derecho colectivo
Uno de los aportes centrales de la Cumbre consiste en reivindicar el derecho a la ciudad como un derecho colectivo e integral. No se trata únicamente del acceso a infraestructura o servicios, sino del derecho de los pueblos a habitar, producir, transformar y gobernar los territorios en los que desarrollan su vida.
Desde esta perspectiva, el derecho a la ciudad incluye el derecho a la vivienda adecuada, al trabajo digno, a la movilidad, al espacio público, al agua, a la energía, a la cultura, a la participación política y a un ambiente sano. Pero también incorpora una dimensión frecuentemente ausente en los debates institucionales: el derecho a permanecer.
Para miles de comunidades urbanas, la principal amenaza no es únicamente la pobreza, sino el riesgo permanente de ser desplazadas por proyectos inmobiliarios, infraestructuras, procesos de valorización o políticas de renovación urbana que desconocen los vínculos históricos, culturales y comunitarios construidos en el territorio.
La defensa del derecho a permanecer implica reconocer que los barrios populares no son obstáculos para el desarrollo, sino expresiones legítimas de producción social del hábitat. Son territorios construidos colectivamente mediante décadas de trabajo comunitario, autogestión y organización social.
Hacia una Reforma Urbana Integral y Popular
La principal apuesta programática de la Cumbre Nacional Popular es la construcción de una Reforma Urbana Integral y Popular, entendida como un proceso de democratización profunda de la ciudad y del territorio.
Esta propuesta parte de la necesidad de recuperar la función social y ecológica de la propiedad y del suelo urbano, limitando los procesos especulativos y garantizando mecanismos efectivos de acceso a la tierra para las mayorías populares. La vivienda deja de concebirse como mercancía para ser reconocida como un derecho humano fundamental y como una condición indispensable para la reproducción digna de la vida.
La reforma propuesta también busca fortalecer formas alternativas de propiedad y gestión territorial, incluyendo experiencias de propiedad colectiva, cooperativas de vivienda, autoconstrucción asistida y modelos comunitarios de administración del hábitat.
En el ámbito económico, se plantea el fortalecimiento de las economías populares, comunitarias y solidarias mediante políticas de reconocimiento, protección y promoción que permitan superar la precariedad estructural a la que han sido sometidas. La construcción de empresas populares, redes de producción local, sistemas solidarios de comercialización y circuitos económicos autónomos constituye un componente esencial de la soberanía económica territorial.
Asimismo, la propuesta reivindica la necesidad de desmercantilizar servicios fundamentales como el agua, la energía, la movilidad y la salud, avanzando hacia modelos de gestión pública, comunitaria y democrática que sitúen la garantía de derechos por encima de la rentabilidad financiera.
Una ciudad antipatriarcal, antirracista y para las nuevas generaciones
La transformación urbana propuesta por la Cumbre reconoce que las desigualdades territoriales están profundamente entrelazadas con las desigualdades de género, raza, etnia, edad y orientación sexual.
Las mujeres continúan asumiendo de manera desproporcionada las cargas de cuidado que sostienen la vida urbana, mientras enfrentan mayores riesgos de violencia y exclusión económica. Las poblaciones afrodescendientes, indígenas, migrantes y racializadas experimentan múltiples formas de discriminación territorial que limitan su acceso a oportunidades, servicios y derechos.
Por ello, la ciudad que proponen los movimientos populares debe ser también una ciudad antipatriarcal y antirracista, capaz de reconocer y garantizar la diversidad de formas de habitar, producir y participar en el espacio urbano.
Del mismo modo, se reivindica el papel de niñas, niños y adolescentes como sujetos políticos con capacidad de incidir en la construcción de sus territorios. La ciudad no puede seguir siendo diseñada exclusivamente desde la perspectiva adulta, productivista o mercantil; debe incorporar el cuidado, el juego, la educación y el bienestar colectivo como principios fundamentales de planificación.
Construir autonomía para transformar la ciudad
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es su énfasis en la construcción de autonomía popular. Frente a modelos de gobernanza que concentran decisiones en élites políticas, tecnocráticas y empresariales, la Cumbre plantea fortalecer capacidades comunitarias para participar directamente en la planificación, gestión y control de los asuntos públicos.
La autonomía no significa aislamiento ni rechazo absoluto de la institucionalidad. Significa construir poder democrático desde los territorios, ampliar la capacidad de decisión de las comunidades y garantizar que quienes producen y habitan la ciudad tengan un papel protagónico en la definición de su futuro.
Esto implica fortalecer organizaciones sociales, procesos de formación política, observatorios ciudadanos, escuelas populares, mecanismos de control social y espacios permanentes de articulación entre movimientos urbanos, rurales, ambientales, feministas, estudiantiles y comunitarios.
Una invitación a construir ciudades para la vida
La Cumbre Nacional Popular constituye una invitación a pensar la ciudad desde una perspectiva radicalmente distinta. Frente a un modelo que convierte el territorio en mercancía, propone reconocerlo como espacio de vida. Frente a la exclusión, propone participación. Frente al despojo, propone permanencia. Frente a la concentración de poder, propone democracia popular.
La construcción de ciudades justas exige reconocer que el territorio no es únicamente una superficie física, sino el lugar donde se tejen memorias, identidades, relaciones comunitarias y proyectos colectivos de futuro. Defender el derecho al territorio es defender el derecho a existir como pueblos, comunidades y sujetos políticos.
Por ello, la Reforma Urbana Integral y Popular no constituye únicamente una agenda sectorial. Es una propuesta de transformación democrática que busca garantizar que la ciudad deje de estar organizada para la acumulación de riqueza de unos pocos y pase a estar orientada por la reproducción digna de la vida, la justicia territorial, la sostenibilidad ambiental y la autodeterminación de los pueblos.
La pregunta que da origen a la Cumbre sigue plenamente vigente ¿la ciudad para quién? La respuesta que emerge desde los territorios es clara: la ciudad debe ser para quienes la construyen, la habitan, la cuidan y la defienden cada día. Una ciudad para la vida, para la dignidad y para el ejercicio pleno de los derechos colectivos.
LEER DOCUMENTO COMPLETO CUMBRE URBANA NACIONAL POPULAR.:
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