Por; Alfonso Insuasty Rodríguez, Héctor Alejandro Zuluaga Cometa, Diana Marcela Palechor Ordoñez
En la ciudad de Medellín se hace uso de herramientas y dispositivos, en el marco de la llamada Gestión Social, para ejecutar importantes obras para el llamado desarrollo urbano, que bien pueden configurar una “Gestión social del despojo”, en el marco de una “Planeación institucional de la miseria y el desarraigo”, generando víctimas ya no del conflicto armado sino del desarrollo.
Foto: participación de las comunidades afectadas por el llamado desarrollo, en la Audiencia Pública realizada en la ciudad de Medellín el día 17 de octubre de 2019, en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura Medellín
Es necesario problematizar esta suerte de modelo de desarrollo urbano, su gestión e implementación.
Introducción
Los relatos de las personas, familias y comunidades afectadas por un proceder no ajustado a la ley ni a lo razonable, por parte de la Alcaldía de Medellín y sus entidades descentralizadas como el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), el Metro de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), se hacen cada vez más frecuentes y dramáticas en nuestro contexto. Son reiterados los reclamos no atendidos de las poblaciones afectadas por proyectos del llamado desarrollo.
En el caso de Medellín, por proyectos urbanísticos y de renovación urbana que se han implementado durante los últimos años en la ciudad. Cada “gran obra” de infraestructura se presenta como necesaria para el “desarrollo de la ciudad” y se justifica como indispensable para el “bien colectivo”; sin embargo, esto ha generado todo tipo de situaciones violatorias de los derechos básicos: el derecho a la propiedad privada, el derecho a la indemnización previa cuando procede expropiación (sentencia C-750/15), el derecho al debido proceso, el derecho al deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, el derecho a una vivienda adecuada (ONU), entre muchos otros derechos vulnerados.
Ahora bien, sustentado desde la realidad vivida de manera personal, y en continuos procesos y proyectos de investigación adelantados, los relatos de personas y comunidades tomados de diversos territorios afectados por proyectos de desarrollo (San Carlos, Ituango, Barrancabermeja, sur del Huila, entre otros) y las referencias en los resultados de investigación —como la publicación de Muñoz (2017) sobre la gestión social en Porce III, la reciente publicación sobre el impacto del desarrollo en Medellín (Mesa et al., 2018)— nos permite dar cuenta de lo que se expresa en este documento.
En este orden de ideas, se hizo la relación entre lo dicho en el párrafo anterior con once testimonios de personas afectadas por proyectos de infraestructura urbana en la ciudad de Medellín, de los barrios La Paralela, El Playón, 12 de Octubre, Moravia y Naranjal. Esta recopilación fue realizada dentro del marco del desarrollo del diplomado “Planeación y defensa del territorio”, ejecutado por la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Autónoma Latinoamericana, el Grupo de Investigación y Editorial Kavilando, como integrantes de REDIPAZ desde procesos comunitarios.
Por lo tanto, se pretende visibilizar la problemática que padecen al menos cinco mil habitantes de la ciudad (Mesa et al., 2018) y que se proyecta que puede continuar repitiéndose de manera descontrolada; lo anterior, ante la ausencia de una política pública que contenga herramientas de protección claras y concretas y que garantice el derecho de sus habitantes y moradores. Dicha política pública se encuentra en proceso de aprobación y socialización, pero se enfrenta a intereses privados y se teme que su contenido sea tan general que no tenga las herramientas concretas para hacerla procedente y eficiente para la protección real de los derechos de los moradores; además, enfrenta intereses políticos y económicos privados, entre los cuales están los intereses liderados por una empresa industrial y comercial del Estado como el Metro de Medellín.
Esto se argumenta gracias a las evidencias encontradas acerca de la forma como fue ejecutada la obra del Tranvía de Ayacucho y en el ya mencionado Plan Maestro del Metro de Medellín 2006-2030, denominado “Confianza en el futuro” (Mercado, 2019).
Bajo el argumento de la no existencia de escrituras públicas, y a pesar de la existencia de pruebas para la posesión de muchos de los predios, los habitantes que por más de veinte, treinta o hasta cuarenta años construyeron sus casas y sus barrios fueron sistemáticamente desalojados, divididos o engañados para llevar a cabo las obras “públicas” a las que los testimonios hacen referencia.
Entonces se confirma que estas personas fueron víctimas de afectaciones familiares imposibles de cuantificar en los subsidios de vivienda otorgados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED). La mayoría de ellos manifiesta no haber recibido aviso formal del desalojo.
Fotos: participación de las comunidades afectadas por el llamado desarrollo, en la Audiencia Pública realizada en la ciudad de Medellín el día 17 de octubre de 2019, en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura Medellín
Las historias
Nota: se ocultarán los nombres como forma de proteger a los afectados de posibles retaliaciones de las entidades o terceros interesados en estos proyectos. Sumado a ello, las mismas personas nos han manifestado su alta tensión y miedo si sus nombres son identificados, pues declaran que las represalias, extrañas pérdidas de documentación, dilaciones, mayores presiones, entre otras situaciones, se hacen sentir de manera inmediata, como ya les ha venido ocurriendo.
Habitante 1: mujer adulta que había llegado al barrio hace treinta y dos años. Con el corazón en la mano manifiesta que allí crecieron sus tres hijos. Allí logró conectarse con las actividades productivas que le generaban ingresos para su sustento y el de su familia; así mismo, arrendaba su casa para lograr juntar recursos mensuales para una vida digna, con muchas necesidades sí, pero digna.
Manifiesta su gran temor hoy, fruto de muchas variables: quedarse sin su casa, como consecuencia directa, quedarse sin el ingreso por el arriendo, de paso, sin la labor que logró realizar en su sector y que le permite ajustar ingresos económicos para vivir, o mejor, para sobrevivir. Sabe que a su edad no es fácil que la contraten, como ya ha sucedido con su esposo.
A esto, se suma que el valor que la lonja ofertó por su casa, menos de 40 millones, lo considera excesivamente bajo, teniendo en cuenta todo lo que perderá. “Yo era calmada, alegre, ya no. Ya me encierro a hablar con mi es-poso y los dos lloramos. Yo pensé que de esta casa salía para el cementerio.
Y todo el sacrificio que hicimos... Ya no salgo a hablar con mis hijos. Yo me amañaba mucho en el barrio. Ahora siento una profunda rabia con la gente tan injusta, ahora incluso, contemplo la idea de irme a vivir a la calle” (entrevista personal, Medellín, 2019).
Vale anotar que, según el Ministerio de Vivienda: La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella que reúne los elemen-tos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM).
Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM) (“Aspectos genera-les”, 2019). Es muy amplia la diferencia entre lo que se oferta como valor de sus viviendas, y el costo establecido para una vivienda de interés social (VIS) o una vivienda de interés prioritario (VIP).
Se suma a ello que Medellín es una ciudad donde el suelo es costoso, por ende, el valor de la vivienda es alto.
Esta situación genera mayor presión y daños, sobre las personas afectadas...
NOTA RELACIONADA:
VIDEO: DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VICTIMAS DEL DESARROLLO, MEDELLÍN, REALIZADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019