La liberación de dos funcionarios del CTI y la entrega de pruebas de supervivencia de una subteniente del Ejército vuelven a poner en evidencia la persistencia del conflicto armado colombiano. El DIH obliga a todos los actores a proteger la vida y la negociación política sigue siendo necesaria más allá de las negaciones constantes de un realidad concreta.

La puesta en escena se ha convertido en un instrumento central del poder político. Gobernar también implica producir imágenes, fabricar percepciones, construir enemigos y dramatizar amenazas. La comunicación opera así como tecnología de gobierno, presenta al mandatario como salvador frente a un supuesto caos permanente, mientras desplaza la deliberación y la rendición de cuentas.

El ataque en Apure, las denuncias sobre civiles muertos, las controversias alrededor de los bombardeos en Cauca donde habrían 4 secuestrados proximos a ser liberados y las acusaciones de vínculos entre agentes estatales y estructuras armadas configuran una secuencia de hechos que exige investigación independiente y responsabilidades políticas, penales y militares.