Bajo el discurso de la seguridad, el Plan Colombia dejó una arquitectura militar, jurídica e ideológica funcional al mercado y a la tutela externa. Hoy, el Plan Ecuador amenaza con reproducir esa herencia, menos soberanía, más control y una democracia subordinada.
Alfonso Insuasty Rodríguez* Desinformemonos /
La firma del Decreto Ejecutivo 424 por parte del gobierno de Daniel Noboa constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más trascendentales de la historia reciente del Ecuador. Bajo el argumento de enfrentar al crimen organizado transnacional y recuperar la seguridad pública, el Estado ecuatoriano ha institucionalizado un nuevo ciclo de subordinación estratégica a los intereses militares de Estados Unidos, reabriendo un camino que el país había intentado cerrar con la salida de las tropas estadounidenses de la Base de Manta en 2009.
El decreto, además, otorga inmunidades y prerrogativas especiales al personal militar extranjero desplegado en territorio ecuatoriano, reabriendo un debate histórico sobre jurisdicción, soberanía y control democrático de la seguridad nacional (Lexis, 2025). Se trata de la inserción progresiva del Ecuador en la arquitectura militar global de Washington, cuya finalidad excede ampliamente el combate contra las organizaciones criminales.
La historia latinoamericana demuestra que las intervenciones estadounidenses rara vez se presentan como proyectos de dominación; llegan revestidas de un lenguaje moral y civilizatorio. Ayer fue la lucha contra “el comunismo”; luego, la guerra contra las drogas; más tarde, la guerra contra el terrorismo; hoy, el combate al crimen organizado transnacional y la defensa de la democracia. Cambian los enemigos, pero permanece intacta la función estratégica, ampliar la capacidad de proyección militar sobre regiones consideradas esenciales para los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses.
En este sentido, el denominado “Plan Ecuador” aparece como la adaptación contemporánea de una larga tradición de programas de seguridad hemisférica experimentados previamente en Colombia, México, Centroamérica y el Caribe.
Plataformas de dominación geopolítica
Uno de los mayores errores analíticos consiste en comprender las bases militares únicamente como espacios destinados al despliegue de tropas. En realidad, constituyen nodos de una compleja infraestructura global de inteligencia, vigilancia, guerra electrónica, control satelital, logística y operaciones especiales. Son piezas de lo que la doctrina estratégica estadounidense ha concebido históricamente como la preservación de la primacía sobre el hemisferio occidental, principio actualizado en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (The White House, 2025).
Estados Unidos mantiene la red militar más extensa jamás construida por una potencia. Diversos estudios estiman la existencia de entre 750 y 900 instalaciones militares distribuidas en más de ochenta países, una arquitectura sin precedentes históricos (Vine, 2020). Su función excede la defensa convencional: vigilancia electrónica permanente, protección de corredores energéticos, aseguramiento de cadenas logísticas, capacidad de intervención rápida y presión política sobre gobiernos considerados estratégicos.
En América Latina, buena parte de esta presencia opera bajo denominaciones menos visibles, “localidades de seguridad cooperativa”, “centros logísticos”, “fuerzas de tarea conjuntas” o “sitios de acceso”. El cambio semántico, sin embargo, no altera su naturaleza geopolítica.
Ecuador en el tablero del Pacífico
La ubicación geográfica ecuatoriana explica el renovado interés de Washington. Ecuador articula simultáneamente el Pacífico oriental, la Amazonía, la región andina y las rutas marítimas que conectan Sudamérica con Asia. Desde la perspectiva estratégica estadounidense, constituye una plataforma privilegiada para monitorear el corredor del Pacífico y proyectar capacidades sobre uno de los territorios con mayor biodiversidad, reservas hídricas y minerales críticos del planeta.
Esta dimensión adquiere una relevancia aún mayor en un contexto marcado por la competencia estructural entre Estados Unidos y China. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha documentado cómo el gigante asiático se ha convertido en uno de los principales socios comerciales e inversionistas de la región, particularmente en infraestructura, energía, minería y telecomunicaciones (CEPAL, 2024). Ecuador no constituye una excepción.
La disputa contemporánea ya no gira únicamente alrededor de gobiernos o alineamientos ideológicos. Se centra en el control de corredores bioceánicos, minerales estratégicos, fuentes de agua dulce, biodiversidad y cadenas de suministro indispensables para la transición energética global. En un mundo cada vez más multipolar, donde la capacidad hegemónica estadounidense experimenta un relativo declive, América Latina vuelve a ocupar un lugar central en la competencia por los recursos del siglo XXI.
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Del Plan Colombia a la exportación de un modelo
El antecedente colombiano resulta particularmente revelador. Presentado originalmente como una estrategia de lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia terminó convirtiéndose en uno de los mayores laboratorios contemporáneos de contrainsurgencia, militarización y reconfiguración estatal en América Latina. Más de 13.000 millones de dólares fueron invertidos en entrenamiento militar, inteligencia, fumigaciones, sistemas de vigilancia y fortalecimiento institucional (BBC Mundo, 2016).
Los resultados muestran profundas contradicciones. El narcotráfico no desapareció; los cultivos ilícitos se desplazaron y las economías ilegales diversificaron sus mecanismos de acumulación. Lo que sí se consolidó fue una poderosa infraestructura militar, una creciente dependencia doctrinal respecto de Washington y un modelo permanente de securitización del territorio y de la vida política.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y diversos investigadores han documentado cómo esta estrategia estuvo acompañada por desplazamientos masivos, expansión del paramilitarismo, persecución sistemática contra organizaciones sociales y miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” (FOR, SICSAL, SOA WATCH., 2020; Comisión de la Verdad, 2022). Estos hechos fueron funcionales a una doctrina donde la población civil terminó convertida en objeto permanente de vigilancia, sospecha y persecución.
El legado del Plan Colombia tampoco se limitó al ámbito militar. Contribuyó a la formación de una fuerza armada crecientemente orientada a la defensa del orden de mercado y de los intereses estratégicos transnacionales, más vinculada a la doctrina de seguridad hemisférica estadounidense que al mandato constitucional de protección integral de la ciudadanía. Paralelamente, emergió una generación de operadores jurídicos y expertos en seguridad cuya producción doctrinal e institucional merece una evaluación crítica, pues en numerosos casos terminó respaldando la consolidación de un Estado más conservador, reactivo frente a las transformaciones sociales y orientado a preservar la estabilidad del modelo económico antes que la ampliación de derechos y la soberanía popular.
A ello se sumó una diplomacia crecientemente alineada con los intereses de Washington, agresiva frente a gobiernos progresistas vecinos y profundamente articulada con administraciones conservadoras y ultraderechistas de la región. En el actual contexto de avance global de expresiones autoritarias y neofascistas, este componente adquiere una peligrosidad mayor, al convertir la política exterior en una prolongación de las prioridades geopolíticas estadounidenses antes que en una herramienta de integración soberana y cooperación latinoamericana.
Como advierte David Harvey (2004), la expansión de los dispositivos militares suele acompañar procesos de acumulación por desposesión. La seguridad opera entonces como infraestructura política del extractivismo, garantizando la apropiación de territorios, recursos naturales y bienes comunes estratégicos para el capital global. Desde esta perspectiva, la militarización no constituye únicamente una respuesta a problemas de orden público, sino un mecanismo de gobernanza funcional a la disputa por los recursos y por el control geopolítico de América Latina.
La fabricación permanente del enemigo
Quizá el rasgo más inquietante de esta arquitectura de poder sea su necesidad permanente de fabricar enemigos. Ayer fue el comunismo; después, el narcotráfico; más tarde, el terrorismo global; hoy, el crimen organizado transnacional. Cambian los nombres, pero permanece intacta la función política, legitimar estados de excepción, ampliar facultades extraordinarias, incrementar el gasto militar y naturalizar la presencia extranjera sobre territorios soberanos. La seguridad deja entonces de ser una política pública orientada al bienestar colectivo para convertirse en una tecnología de control y gobernanza.
La cuestión de fondo no radica en si Ecuador debe enfrentar al crimen organizado, una obligación ineludible de cualquier Estado, sino en quién define las amenazas, quién controla la inteligencia estratégica, quién administra la información y quién termina beneficiándose de la reorganización territorial y económica que acompaña a la militarización.
El Decreto 424 no inaugura únicamente una nueva política de seguridad; representa la incorporación del Ecuador a la renovada geografía militar estadounidense del siglo XXI. El llamado Plan Ecuador aparece así como una actualización del modelo ensayado en Colombia, una combinación de guerra irregular, vigilancia tecnológica, cooperación militar, inteligencia y control de recursos estratégicos, inscrita ahora en la disputa entre un orden unipolar en declive y un mundo crecientemente multipolar.
El verdadero debate, por tanto, trasciende la lucha contra el crimen organizado. Lo que está en juego es la soberanía de los pueblos, el control democrático del territorio, la protección de los bienes comunes y el derecho irrenunciable de Nuestra América a construir su propio destino sin tutelas externas ni enclaves de dominación.
La historia latinoamericana demuestra que ninguna estructura imperial es eterna, frente a la militarización, el despojo y la subordinación, los pueblos volverán a levantar las banderas de la dignidad, la autodeterminación y la justicia social. Defender la soberanía es también defender la Madre Tierra, las aguas, los bosques y las formas diversas de habitar el mundo que han construido nuestras comunidades. Porque la paz verdadera no nace de la ocupación ni del miedo, sino del respeto a la vida, a las cosmovisiones de los pueblos y a su derecho inalienable a existir, decidir y florecer en libertad.
Nuestra América sigue siendo, dos siglos después, una tarea colectiva e inconclusa de liberación.
The White House. (2025). National Security Strategy of the United States. Washington, D.C.
Vallejo Duque , Y., & Insuasty Rodríguez, A. (2025). Crisis y resistencia en un orden global en reconfiguración. Revista Kavilando, 17(1), 2–17. https://doi.org/10.69664/kav.v17n1a535
Vine, D. (2020). The United States of War: A Global History of America’s Endless Conflicts. University of California Press.