En el San Juan, la violencia armada, el avance extractivo y la vulnerabilidad ante desastres se superponen sobre comunidades afro e indígenas históricamente excluidas. La respuesta no puede ser más guerra, exige derechos, paz y transformación territorial.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
El reconocimiento estatal de la Operación Europa implica admitir que estructuras de inteligencia fueron utilizadas para perseguir, estigmatizar y sabotear a defensores de derechos humanos más allá de las fronteras colombianas. La verdad, la reparación y la no repetición exigen desmontar las doctrinas que hicieron posible esa persecución.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Catatumbo, Amalfi y San Cayetano, tres casos distintos, una alerta preocupante. Violencia armada, operaciones militares y denuncias sobre abusos vuelven a poner en debate el modelo de seguridad y sus costos para las comunidades.
El bombardeo en el Catatumbo vuelve a poner la guerra en el centro mientras Colombia enfrenta una emergencia sísmica. Entre la militarización, la incertidumbre y el riesgo para la población civil, las acciones desarrolladas exigen verdad, derechos y vidas protegidas.