Por: Alfoso Insuasty Rodríguez* / Del Plan Colombia al emergente “Plan Ecuador”, América Latina vuelve a ser laboratorio de control territorial. Bajo la retórica de seguridad, se militarizan territorios estratégicos para contener a China, asegurar recursos y debilitar resistencias populares.
Colombia no ha superado la violencia; la ha normalizado. Este análisis recorre sus raíces históricas y muestra cómo la desigualdad, la falta de reformas y la “ignorancia deliberada” sostienen el conflicto, evidenciando que la paz exige memoria y organización social.
Pablo Ruiz* / Los Científicos Atómicos señalaron, en enero de 2026, que estamos a 85 segundos de la medianoche o del Juicio Final ante las amenazas de una guerra nuclear y por el cambio climático.
¿Se puede hablar de paz urbana sin tocar a las élites? En este fragmento del Segundo Encuentro Internacional sobre Paz Urbana, Alfonso lanza una reflexión incómoda pero necesaria: mientras los reflectores apuntan a los actores criminales de los barrios, las grandes mafias que articulan lo legal y lo ilegal siguen operando impunemente desde arriba.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / En Colombia, defender los derechos humanos sigue costando la vida. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la violencia no cesa, se ha transformado. Sin desmontar las estructuras de poder, élites, extractivismo e impunidad, la paz deviene promesa vacía y la guerra se recicla, como advierte el reciente informe (2022–2025) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / El Chocó evidencia una crisis estructural donde extractivismo, control paramilitar y abandono estatal convergen. Comunidades quedan atrapadas entre actores armados y economías ilegales, mientras persisten denuncias de connivencia institucional y ausencia de garantías sociales.
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* / La alerta de la Defensoría del Pueblo de Colombia sobre Guainía revela una creciente disputa armada por corredores estratégicos amazónicos. ELN y disidencias buscan controlar rutas fluviales, minería ilegal y narcotráfico, afectando gravemente a pueblos indígenas y comunidades locales.