Lo que mal empieza, mal acaba, dice la sabiduría popular. Y le cae a la perfección al propósito del presidente Juan Manuel Santos y de todos los partidos de la llamada “unidad nacional” de hacer una reforma a la justicia diseñada para concentrar aún más el poder en el Ejecutivo. Esto, sometiendo al Legislativo, recortando la autonomía de los jueces y logrando unas altas cortes de bolsillo, intentona que además se tramitó, con todo descaro, de la peor manera: repartiendo escandalosas canonjías entre los congresistas que pondrían los votos que legalizaran el desafuero y entre los magistrados que se supone debían otorgarle la respetabilidad de la que carecía.