4.500 mineros tradicionales pertenecientes a 70 minas en proceso de legalización y/o formalización del bajo cauca antioqueño, interpusieron acción de tutela en contra del gobierno nacional, fiscalía y otras autoridades con el fin que se garanticen sus derechos fundamentales, vulnerados con la aplicación del decreto 2235 de 2012.
Debido a la falta de soluciones concretas para evitar la violación al debido proceso; por la infame campaña de estigmatización y criminalización de la minería tradicional; el incumplimiento del Gobierno y entidades como la Fiscalía General de la Nación en el respeto de las garantías de los mineros informales en los procesos de formalización conforme a la ley 685 de 2001 y la ley 1382 de 2010, 4.500 mineros tradicionales de 70 unidades de producción del Bajo Cauca antioqueño han instaurado una tutela para evitar un perjuicio irremediable que pueda afectar no solo a la comunidad minera sino la economía regional de Antioquia.
En su petición los mineros solicitan al Tribunal Administrativo de Antioquia ordenar a las autoridades garantizar el debido proceso, suspendiendo provisionalmente la aplicación del decreto 2235 de 2012, que trata de la destrucción de maquinaria, definir un debido proceso que permita el derecho de defensa, si es del caso instar a las autoridades competentes para que procedan a revocar directamente el mentado decreto por ser abiertamente inconstitucional e ilegal, además de abordar el estado de cosas inconstitucional que viene afectando los derechos humanos de los mineros tradicionales de la region y ordenar a todas las autoridades del orden nacional implementar controles en los operativos que la fuerza pública realiza, y controles a la actividad judicial que viene desarrollando la Fiscalía General de la Nación y los jueces de control de garantías que son violatorios del principio de legalidad.
Recordemos que estos 4.500 Mineros Tradicionales, además de ser afectados en sus derechos humanos por las autoridades, de ser tratados como ilegales cuando en realidad son simplemente informales, también son víctimas de constreñimiento, extorsión, y amenazas por parte de grupos al margen de la ley.
Ramiro Restrepo
Presidente Asociación Mineros Bajo Cauca
Filial de Conalminercol
