Regalándolo todo. Informe sobre la actual política Minera en Colombia.

Linea Territorio y despojo

Con el objetivo de duplicar las exportaciones de carbón y triplicar la minería en general para el 2021, Colombia corre el riesgo de entregar sus recursos naturales a cambio de inmensos costos sociales, ambientales y de derechos humanos si no revisa su régimen fiscal. Por otra parte, las conclusiones de este informe revelan que las políticas gubernamentales dirigidas a la rápida expansión de la extracción de recursos naturales a través de la Inversión Extranjera Directa (IED) están en conflicto con las políticas en materia de protección de áreas ecológicamente sensibles, de derechos de campesinos, Pueblos Indígenas y Afrocolombianos, de restitución de tierras y de protección de áreas de uso agrícola.

Este informe está escrito en el contexto de una rápida expansión de la industria minera colombiana y del aumento de la inversión europea en la minería en Colombia. Además, se publica en un momento en el que el Reino Unido (RU) ha estado promocionando los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Dado que el Reino Unido ha efectuado un paso positivo al dirigir, junto al gobierno colombiano, el desarrollo de una Estrategia Colombiana en base a estos principios, se espera que este informe y sus recomendaciones puedan alimentar las estrategias de Colombia y el Reino Unido. La política económica colombiana tiene a la industria extractiva como una de las principales locomotoras para impulsar el crecimiento económico durante la próxima década. Sin embargo, esta política ha sido promovida en el contexto de un conflicto interno y de violaciones de los derechos humanos en curso, incluyendo el desplazamiento forzado. A pesar de la naturaleza de un conflicto en curso, el Gobierno ha aprobado una ley de justicia transicional para restaurar aproximadamente 2,2 millones de hectáreas de las aproximadas 6,6 millones que han sido usurpadas o abandonadas durante el conflicto.3 El impulso para convertir a Colombia en un país regionalmente conocido como un ‘país minero’ se está llevando a cabo antes de implementar las políticas de restitución de tierras, lo que aumenta la dificultad de devolver las tierras robadas a quienes han sido desplazados por la fuerza.

Alimentando el conflicto y los abusos contra los derechos humanos

El conflicto y el desplazamiento forzado están complejamente relacionados a intereses económicos. Un informe realizado por CODHES4 en 2011, que mapea el desplazamiento y las desapariciones forzados con la actividad económica en Colombia, demuestra cómo los intereses económicos, incluyendo la minería, han repercutido en el conflicto. El informe concluye que “las zonas mineras están militarizadas y paramilitarizadas: la fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento.”5

Un problema inevitable es que la tierra dada en concesión minera ha sido, en muchos casos, alcanzada por el largo conflicto interno de Colombia. El riesgo para las empresas de dañar su reputación al beneficiarse de violaciones de derechos humanos es alto, y el contexto colombiano presenta retos difíciles para las empresas que desean invertir de manera responsable, respetar las normas de derechos humanos y contribuir positivamente a la situación general de estos derechos. Esto es lo que particularmente sucede con las inversiones relacionadas a la tierra, como es el caso de la extracción de minerales. En las regiones mineras como las descritas por CODHES, las corporaciones multinacionales podrían tener la posibilidad de legalizar la posesión de las tierras obtenidas ilegalmente a través del desplazamiento forzado violento. Además, el dinero que los grupos armados ilegales obtienen de las multinacionales, a menudo a través de la extorsión, se utiliza, junto con otros ingresos, para alimentar el conflicto.

De acuerdo con una consultora de análisis de riesgo global, la práctica de la extorsión continúa en Colombia.6 Sin embargo, en los procedimientos judiciales iniciados en los Estados Unidos, las denuncias que se han hecho sugieren que también las empresas hicieron aportes voluntarios a los grupos armados ilegales.7 Asimismo, las unidades especiales del ejército, bajo la dirección del gobierno y creadas para proteger la infraestructura y las instalaciones industriales, han sido involucradas con frecuencia en violaciones de derechos humanos cometidas directamente o en connivencia con las fuerzas paramilitares..

Leer informe completo en: www.revistakavilando.weebly.com En el link: Textos Sugeridos

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