Por: Oscar Alberto Morales, Inforiente.
Que si hacen la represa regresarían los desplazamientos y los problemas sociales. Que con este tipo de obras se benefician unos pocos y se perjudican muchos. Que la agricultura y la pesca se acabarían, y que hasta el agua potable de la región estaría en riesgo. Son muchas las quejas y argumentos que se le escuchan decir a cientos de campesinos cuando se les pregunta por esta hidroeléctrica, las mismas que llegaron a oídos de los Diputados de Antioquia, y por eso desde allí se nombró una comisión para que investigue lo que está pasando.
Fueron al menos 120 habitantes de San Carlos, San Luis y Puerto Nare los que se levantaron a eso de la 1 de la mañana, llegaron hasta las cabeceras urbanas de sus municipios y de ahí partieron a Medellín con la ilusión de ser escuchados en la Asamblea Departamental en Abril de 2013. Una vez allí, y luego de exponer varios de los temores que se tienen en estas poblaciones tras la eventual construcción de esta represa, el presidente de la Asamblea de Antioquia, para la fecha Jaime Cano, nombró a la Comisión de Infraestructura, no sólo para que acompañe en sus reclamaciones a estas comunidades, sino para que de ser necesario se recurra a los ministerios de Minas y Medio Ambiente, y ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, buscando un acuerdo que beneficie a los labriegos.
Algunos llegaron de botas, poncho, sombrero y zurriago. Otros más “pinchados” no dudaron en ponerse su mejor ropa “porque la ocasión lo ameritaba”. Otros por el contrario usaron camisetas, jean y tenis. Pero muy a pesar de sus diferentes vestimentas a todos los caracteriza algo. En sus rostros se nota la nobleza del campesino, y en sus palabras todos le apuntan a lo mismo: Evitar que se construya la hidroeléctrica Porvenir 2, en San Carlos.
“Hace más de 10 años que debimos salir huyendo con lo que teníamos puesto porque la guerrilla y los paramilitares nos iban a matar ¿Y ahora que volvemos, y empezamos de nuevo a levantar las casitas y los cultivitos nos van a volver a sacar?” preguntó ante los disputados un campesino de San Carlos con la voz casi entrecortada, mientras se le apreciaban unas manos callosas que eran evidentes al momento de empuñar el micrófono con el que se hizo oír.
“San Carlos fue de los municipios más afectados por la guerra. Aquí hubo cientos de víctimas de las minas antipersonal, desapariciones y desplazamientos forzados, y no menos de 30 masacres”, dijo a INFORIENTE la personera de este municipio, Marlín Irina Rodríguez, agregando que, “justamente por esos estragos, que ya empezamos a superar, es que la comunidad se siente temerosa por los efectos que pueda traer este nuevo proyecto eléctrico”.
Porvenir II
Los responsables del polémico proyecto son las empresas Integral S.A y Celsia (Una empresa del Grupo Argos).
Frente a las especificaciones del proyecto, en la página web de Celsia www.celsia.com se explica que “Las obras principales del proyecto hidroeléctrico Porvenir II están localizadas a 142 kilómetros de Medellín en el Oriente del departamento de Antioquia, en la parte baja de la cuenca del río Samaná Norte, en jurisdicción de los municipios de San Carlos y Puerto Nare. El proyecto considera una presa en arco-gravedad en Concreto Compactado con Rodillo (CCR) y un embalse que ocupará áreas de los municipios de San Carlos, San Luis y Puerto Nare”.
Las comunidades reclamantes consideran que de llegarse a construir Porvenir II serían unas 7 mil personas de los tres municipios las que tendrían un impacto directo por la mega obra.
“Con Porvenir II lo último que veríamos sería porvenir, pues está claro que los campesinos sabemos es cultivar la tierra y no el cemento”, dijo a INFORIENTE un arraigado labriego de esta región que pidió omitir su nombre.
La Comisión
Y aunque la potestad de darle o no vía libre a este proyecto es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, diversas instituciones oficiales y sociales se han se sumado en aras de que se revise a fondo el proyecto, se evite una nueva afectación a los municipios de San Carlos, San Luis y Puerto Nare, y por supuesto, se prevengan problemas de impacto social como los vividos en otros proyectos energéticos de la región.
Entre las instituciones y organizaciones que le han hecho frente al asunto están las Alcaldías de los tres municipios involucrados, la Personería de San Carlos, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, la Asamblea Departamental de Antioquia, e incluso la misma Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare).
Justamente, desde estas dos últimas instituciones se anunció acompañamiento y asesoría permanente para las comunidades reclamantes.
La diputada Orfa Nelly Henao, quien justamente es del Oriente Antioqueño (De Alejandría), dice que está claro que “hay que escuchar a las dos partes inmersas en la discusión. No todo proyecto hidroeléctrico es malo, pero sí hay que analizar muy bien que no vaya a generar estragos en las comunidades”.
A esta postura se sumó Juan Esteban Villegas, otro diputado del Oriente (De Cocorná), quien ante este medio de comunicación regional no dudó en decir que “en esta zona hay una historia larga de los efectos colaterales que han traído los proyectos hidroeléctricos, y casi siempre terminan generando pobreza y hambre. Por eso vamos a estar muy atentos a cómo evolucione esta situación. No vamos a dejar solas a estas comunidades”.
Frente al caso, Mauricio Dávila, secretario general de Cornare insistió ante los diputados y ante las mismas comunidades reclamantes, que “el otorgamiento de la licencia para este proyecto no depende de nosotros. Por su magnitud debe ser la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la que intervenga”, aunque dijo frente a las decenas de campesinos que escuchan atentos desde las gradas de la Asamblea que “en Cornare hemos seguido muy de cerca lo que sería el impacto ambiental de este proyecto, y por eso los vamos a acompañar”.
Asimismo, Jorge Gómez, diputado de Antioquia, dijo que “yo no es que me oponga a los megaproyectos, y muchos menos a los hidroeléctricos, pero es preciso saber que con este tipo de obras los últimos que salen beneficiados son los ciudadanos del común”, por eso propuso no solo que la Asamblea acompañe con la Comisión de Infraestructura a estas confundidas poblaciones, sino que se pida por parte de la Asamblea Departamental información completa a las empresas responsables del proyecto, y a las entidades nacionales encargadas de brindarles los permisos y licencias.
Por el momento, sea de botas, sombrero, poncho, jean o tenis, quienes después de la guerra regresaron a sus campos buscando reconstruir lo que el conflicto les destruyó, insisten en que desde que les hablaron de Porvenir II, por sus vidas solo pasan “incertidumbres y temores”.
