Riosucio, entre la tradición y las multinacionales

Riosucio, municipio del Departamento de Caldas, acoge en su territorio una de las agrupaciones indígenas más grandes del país. Comunidad que ha sido perseguida y obligada a desplazarse continuamente. Aceptar el desangre de su gente y la pérdida de sus miembros no es una opción para ellos, por esto luchan constantemente contra la impunidad, el horror y la indiferencia de un país que les debe sus raíces y tiene oídos sordos con la problemática que están viviendo.

El municipio es conocido por el Carnaval del Diablo, su tradición cafetera y por estar conformado en un 80% de población indígena. Su territorio limita al norte con el departamento de Antioquia y al este con el departamento de Risaralda. Su ubicación, el clima templado y las riquezas naturales que posee lo hacen blanco del conflicto y quienes han sufrido de primera mano este flagelo son las comunidades indígenas del sector. Masacres, asesinatos selectivos y alianzas macabras entre grupos armados legales e ilegales, además de grandes empresas multinacionales interesadas en conseguir a cualquier costo este territorio, hacen parte de los caminos y razones para exterminar y llenar de temor a la población aborigen. En Riosucio, a dos horas de Pereira, se encuentran instalados tres resguardos indígenas Cañamomo y Lomaprieta, Nuestra señora Candelaria de la Montaña, San Lorenzo; y la parcialidad de Escopetera y Pirza.

Debido al constante ataque del conflicto en la región las comunidades indígenas de Caldas encabezadas por las existentes en Riosucio ven la necesidad de formarse  como  relata Marta Isabel Hernández, coordinadora del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC): “desde 1985 nace el consejo regional. Los resguardos de Riosucio son de 1617 y son resguardos con títulos coloniales. Pero en 1935 nace el Cridec y la sede principal está en Riosucio”. Esta organización se encarga de promover y defender los derechos humanos para la población indígena de Caldas, además de promover la formación de las Asociaciones de Víctimas en los resguardos y asentamientos que hay en el departamento. “Nosotros trabajamos con 12 comunidades que están reglamentadas y hoy tenemos Asociaciones de Víctimas en seis de los resguardos con su estructura propia y planes de acción determinados”, agrega Marta Isabel

La violencia ha estado presente de diferentes maneras, marcando la memoria de este pueblo. Casos como el de la masacre ocurrida el 8 de junio del 2003 donde asesinaron a Gabriel Ángel Cartagena, principal líder indígena de Caldas y firme aspirante a la alcaldía de Riosucio, además de perecer Hugo Tapasco Guerrero, Diego Suárez León y Fabio Hernán Tapasco Largo. La pérdida de un líder significa más allá de un individuo menos, la ruptura de los procesos que se iban gestando hasta el momento. Implantar el horror como método para el logro de sus intereses es un mecanismo constante en las dinámicas del conflicto nacional. El conflicto llega a tal punto en la región, que los miembros de estas comunidades aseguran que aún el peligro es inminente y que la lucha es constante no sólo por mantener sus territorios, sino que deben hacerle frente a la indiferencia del Estado que se niega a prestarle atención a este conflicto.

Los casos de muerte y dolor son la constante en cada uno de los miembros de este resguardo. Cada individuo ha vivido de una u otra forma el conflicto y lo más complejo de la situación es que la indiferencia del Estado es común a cada una de estas historias de horror. María Amparo, quien ha vivido toda su vida en el área que comprende al resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, da cuenta de estos sucesos. “La violencia me ha afectado bastante porque yo tuve un hijo que me tocó sacar un tiempo de aquí por amenazas y sobrinos míos también se han tenido que ir de aquí por amenazas. El Estado no nos ha dado ningún tipo de apoyo. Cuando amenazaron a mi hijo yo puse el denuncio en la fiscalía, fue tan así que el que estaba llenando los datos ni siquiera se dignó a levantar la cabeza como para decir  ¿por qué vendrá esta mujer a poner este denuncio? Esto yo lo llevé a la personera, Marta Cecilia Delgado, ella ya hizo que me hicieran una visita y unos señores vinieron y me hicieron una entrevista”. Al intentar hablar con el Comandante de Policía de Riosucio, Subteniente Jaramillo, se negó a dar declaraciones con respecto a los hechos denunciados por los miembros de los cabildos.

“Yo pienso de que está bien que no hagan nada del apoyo que buscamos, pero que al menos nos hubieran escuchado, nosotros merecemos respeto, que nos escuchen así seamos indios, campesinos, lo que sea”, concluye María Amparo desde lo que ha sido su experiencia al intentar encontrar apoyo en las entidades de protección del Estado.

No sólo la falta de apoyo institucional aqueja a las comunidades indígenas de Riosucio. El trabajo que ha realizado el CRIDEC no cuenta con apoyo económico por parte del Estado, lo que logran construir está financiado por varias ONG internacionales y por proyectos que ellos mismos generan. Fue con su perseverancia y la constante denuncia de los hechos violentos que logran obtener las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como da cuenta Marta Isabel Hernández: “desde el 15 de marzo del 2002 nos fue otorgada por parte de la CIDH las medidas cautelares.  Medida que solo siete pueblos indígenas de Colombia poseen. Esto obliga los ministerios a proteger los pueblos de los riesgos que trae el conflicto y a salvaguardar a los pueblos que están en peligro de extinción. Pero apoyo directo del Estado no hay”.

El territorio es nuestro

La lucha por mantenerse en su territorio los ha llevado a constituirse y a crear una estructura lo más fuerte posible para poder hacerle frente a este flagelo. Los habitantes de los resguardos culpan al Estado de quererlos sacar de sus tierras para dárselas a los inversionistas extranjeros. Y es el territorio, y su apego al mismo, lo que los ha puesto en el ojo del huracán. “La culpa es del Estado, son encubiertos con los terratenientes y los financieros para apoderarse de los territorios indígenas que es donde están las riquezas, en Cañamomo tenemos una mina de oro y una de oro negro, tenemos uranio y esa es la envidia de las multinacionales con la responsabilidad del Estado se forman los grupos paramilitares y buscan sacarnos de acá para quedarse con las tierras”, comenta Conrado de Jesús Reyes García, Médico tradicional y miembro del Consejo de Mayores del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta.

Estos hechos se hacen constar mediante el comunicado enviado el lunes 14 de febrero de 2011, por las Comunidades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta de Riosucio y Supía Caldas, luego de una reunión con los representantes de la Antioquia Gold, empresa minera que pretende realizar exploración en los territorios de estos resguardos. Los indígenas denuncian ante distintas entidades nacionales e internacionales “la constante amenaza que en la actualidad recae sobre nuestro territorio indígena, proviene de las diferentes empresas de extracción minera, las cuales tienen como objetivo la exploración y explotación en nuestro territorio”

Con base en estos problemas y a las innumerables amenazas que sobre estas comunidades indígenas recaen, Diana Teresa Valencia Largo, coordinadora general del Cridec considera que para mantener con vida sus tradiciones y luchas: “los caminos son las políticas, la defensa del territorio como derecho del colectivo, lo clave es defender el territorio, del desarrollo no consultado, de prácticas ambientales  nocivas, de intervención de multinacionales que lo dañen, pero también internamente  nosotros debemos planificar el territorio, no podemos  acabar con el agua o construir donde queremos construir porque hay que planificar el territorio”

A pesar de estar organizados y contar con una personería jurídica, el miedo es constante entre los miembros de esta comunidad. “El conflicto no ha mermado. Más bien se ha reconfigurado. Nos hablan de zonas de posconflicto, nosotros estamos en desacuerdo de que nos tilden como zonas de posconflicto. En la zona todavía hay presencia de grupos al margen de la ley. Porque aquí opera el bloque Cacique Pipintá de la AUC que no se desmovilizó, solo se desmovilizaron los cabecillas pero siguen presentes con otro nombre”, afirma Marta Isabel para hacer referencia a la situación de orden social en la zona.

A pesar de los constantes ataques armados, las amenazas y con el miedo en sus mentes en todo momento, los miembros de la comunidad  se muestran seguros de su lucha y afirman no estar dispuestos a dejarse amedrentar por las acciones que realizan los actores del conflicto para sacarlos de su tierra y entregárselo a empresas mineras “la organización cabildo, no está interesada en hacer acuerdos con empresas mineras extranjeras, no estamos en condiciones de entregar nuestro territorio a empresas que dejan ruinas, deterioro del territorio; como indígenas la tierra la necesitamos para producir nuestros alimentos”, según el comunicado que dio el cabildo a la reunión con la Antioquia Gold  el 14 de febrero de 2011.

En la mente de los miembros de esta comunidad no está rendirse y mucho menos perder el tiempo. La lucha que ellos plantean es constante y busca mantener la integridad de su territorio como propone Conrado de Jesús Reyes: “la misión mía es formar cuadros de la juventud, cuadros revolucionarios de la juventud. Ya que el responsable de esta situación es el Estado que no ha podido implementar una verdadera política de respeto a los derechos humanos de toda la población. Por eso depende de nosotros mantener la iniciativa viva”. Estas iniciativas son de vital importancia en la búsqueda de la salida al conflicto del país, pero si el Estado no respeta estas organizaciones y continúa atacándolas, la salida se aleja cada vez más. En este momento, sólo la presión internacional ha puesto en alerta a los diferentes estamentos del Estado colombiano para que defiendan los intereses de los pueblos indígenas.