Por: Fernanda Cañas Camargo Enviada Especial El Colombiano.
El auge de la minería en el municipio trajo problemas de convivencia y de contaminación del medio ambiente. Lejos está Santa Fe de Antioquia de creerse uno de los municipios más afortunados y ricos de Colombia, con motivo de la explotación aurífera que tiene lugar desde hace alrededor de un año en las zonas rurales del terruño.
Al contrario, su gente, que pasó de 24 a 27 mil habitantes en momentos -debido al asentamiento progresivo de mineros en el municipio- cree que la situación se está saliendo de las manos de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, a causa del aprovechamiento indiscriminado de las minas de oro irregulares que operan en la jurisdicción.
Los problemas que enumera la comunidad de Santa Fe de Antioquia por la llegada de la minería no apuntan en una sola dirección. Los hay de convivencia, de seguridad, de accidentalidad, de contaminación del medio ambiente, de salud, de choque de culturas...
Cuenta Alba, una residente de toda la vida del municipio, que la situación se ha complicado en los últimos meses debido al comportamiento "reprochable" de los mineros que se han asentado en el pueblo.
Foto: La evacuación de las minas de Buriticá originó que los mineros se hayan desplazado a los municipios de occidente, entre ellos Santa Fe de Antioquia. FOTO HENRY AGUDELO
En sus palabras, que pronuncia con tono de preocupación y añorando épocas de antaño, "perdimos la tranquilidad que nos caracterizaba y ahora abundan los problemas de convivencia. La gente tiene que aguantarse rumbas hasta altas horas de la madrugada y esta situación genera riñas callejeras", asegura la ciudadana afectada.
Y a la lista de dificultades se suma que los propietarios de inmuebles en arriendo se han visto afectados por el incumplimiento de las cláusulas de los contratos. De acuerdo con el personero municipal, Edison Oquendo, "hemos recibido reiteradas quejas por el incumplimiento en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana porque sucede que estas personas llegan a alquilar una vivienda e, inicialmente, manifiestan que es para habitarla dos o tres personas, pero cuando tienen el contrato aprobado resultan viviendo 15 personas".
Pero esos problemas de convivencia son difíciles de resolver con celeridad, teniendo en cuenta que en Santa Fe de Antioquia solo hay un inspector de policía, quien debe cubrir la zona rural y urbana.
Además, según el presidente del Concejo, Óscar Serna, en Santa Fe de Antioquia "se está viviendo en este momento un impacto social muy tremendo y la autoridad departamental y nacional nos está dejando huérfanos. En cuanto a seguridad estamos retrocediendo y necesitamos más pie de fuerza de la Policía porque, desde que desalojaron las minas de Buriticá, se han incrementado los robos".
El panorama se oscurece, dice el concejal Serna, teniendo en cuenta que "hace 15 años Santa Fe tenía 40 agentes de policía y ahora solo hay 26. Entonces, mientras a nivel nacional a las grandes ciudades les están asignando agentes, a nuestro municipio no le asignan nada".
Y ese punto de vista lo comparte la secretaria de Gobierno municipal, Emily Coronado, quien manifiesta que "el orden público se ha visto afectado y ha sido bastante complicado de controlar".
De igual manera, un habitante que pidió mantener su identidad en el anonimato manifestó que "aparte de los robos y las peleas, otra situación grave es el aumento de la prostitución. Cuando llegaron los mineros a Buriticá uno no entendía por qué las muchachas se iban para allá, pero en este momento el fenómeno es evidente", dice el ciudadano.
Otra de las problemáticas que se ha agudizado es la que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Informa el personero Oquendo que "el tema que más preocupa a la Personería es la contaminación ambiental y las incidencias que pueda tener en la población de Santa Fe de Antioquia, debido a la realización de algunas actividades relacionadas con la minería, en especial el montaje de entables".
Los entables, en términos simples, son sitios en los que los mineros procesan el material que sacan de la mina, procedimiento para el que usan elementos químicos como el cianuro y el mercurio.
La principal preocupación radica en que "esas estructuras están siendo instaladas en zonas en las cuales el esquema de ordenamiento territorial del municipio no permite la existencia de esas industrias -cuenta Oquendo-. Y, más grave aún es que se están ubicando al lado de fuentes de agua, como por ejemplo en la vía que conduce al municipio de Anzá, especialmente en la vereda La Noque, sobre la margen izquierda del río Cauca".
De ahí que las autoridades teman por la salud de los santafereños y de los turistas, porque, como dice el concejal Óscar Serna, "en este contexto el mayor temor como ciudadano es que las aguas del municipio se contaminen, porque son el único recurso hídrico con el que cuentan los habitantes y los visitantes".
Y el problema de contaminación no solamente se presenta con las fuentes de agua, pues también hay riesgos en la calidad y pureza del aire.
De acuerdo con la información que tiene la Personería, "en la zona urbana se está presentando una proliferación de establecimientos que se dedican a la compra de oro, donde tienen unos aparatos que se llaman quemadores, con los que hacen la labor de procesamiento del metal. Quienes trabajan en esa labor separan el oro del mercurio, éste último sale a la atmósfera y, científicamente, está comprobado que la manera más probable de intoxicación con dicho material es por la inhalación".
Esa situación la confirma el director de Corantioquia, Alejandro González, quien explica que "en el encadenamiento productivo asociado a la minería es común que surjan establecimientos quemadores en donde se amalgama el oro para extraerlo. En nuestra investigación determinamos que abrían esos negocios con licencias de compraventa de oro, pero en realidad hacían el proceso de quemado".
Así que, aunque González acepta que ese proceso genera afectaciones sobre las mismas personas que lo realizan, descarta que, por ahora, haya una afectación generalizada sobre los 27 mil habitantes que residen en el municipio.
Y la movilidad es una arista más de esta situación problemática. En oportunidades anteriores el secretario de Tránsito, Luis Fernando Ríos, le manifestó a El Colombiano que "3 mil es la cantidad de motocicletas que están matriculadas en Santa Fe de Antioquia, pero ruedan 4.500, porque el fenómeno de la minería en Buriticá incide de manera directa en nuestro municipio".
Sin embargo, el problema no es que los mineros circulen por las calles coloniales de los santafereños, no. El lío es que "ellos vienen de culturas donde no hay respeto por las normas de tránsito y han traído al pueblo su irrespeto por las normas. Los vemos andando en sus motos con exceso de velocidad y grados altos de alcoholemia", comenta Ríos. De ahí que, a noviembre de 2013, el Tránsito del municipio haya suspendido 50 licencias de conducción, 15 de ellas pertenecientes a mineros.
Sobre este asunto, el personero Edison Oquendo expresa que "no es que en Santa Fe estemos en contra de la minería, pero tampoco podemos escudarnos en que desde la época de la Colonia esta ha sido zona minera, porque el Estado tiene la obligación de regular esa actividad y no podemos aceptar la utilización indiscriminada de esta figura sin la aplicación correcta de las normas".
De manera que las autoridades les exijan a los gobiernos departamental y nacional que actúen frente a esta problemática, pues consideran que está pronta a salirse de las manos.
Acciones de control
Desde la percepción del secretario de Gobierno Departamental, Santiago Londoño, la problemática que se está viviendo en los pueblos de occidente "es un resultado desafortunado, pero previsible, de la intervención que hicimos en Buriticá. De allí fueron evacuadas unas 4 mil personas, que estaban en zona de alto riesgo, y eso ha generado una repercusión en Cañasgordas, Giraldo, Santa Fe de Antioquia y Sabanalarga que es compleja, porque muchas de esas personas se movieron para esos municipios".
El secretario Londoño explicó que, aparte de la intervención con fuerza pública en Buriticá, avanzan varios procesos, algunos penales y otros administrativos, para proteger y sancionar las violaciones al medio ambiente.
Y, aunque considera que dicha intervención fue positiva, el efecto globo nos generó estos retos en los otros municipios. De ahí que, según Londoño, "el gobernador Sergio Fajardo se ha comunicado con el Presidente Juan Manuel Santos y le ha dicho que, necesariamente, el gobierno nacional debe jugar un rol más activo en este tipo de situaciones".
Y, precisamente, la cohesión de las diferentes entidades para atacar este flagelo es un punto que destaca el director Alejandro González. "Ninguna entidad es capaz de resistir sola lo que significa ese tipo de intervenciones, porque ahí hay mucho dinero en juego".
Además de la evacuación de las minas de Buriticá, dentro de las medidas que han tomado las autoridades ambientales y de control por cuenta de la sobreutilización y el mal uso del recurso, no solo minero, sino también del suelo en la zona, está atacar de raíz las minas que van surgiendo.
Teniendo en cuenta que se ha producido la dispersión de esos mineros que están en busca de dónde establecer su mina, porque llegaron a la conclusión de que en Buriticá no van a poder hacerlo, cuenta González que "apenas tenemos quejas de la comunidad, nos desplazamos a la zona para evitar que se establezcan en los diversos sitios".
De ahí que las autoridades les pidan a los ciudadanos que hagan denuncias en caso de tener información sobre nuevas explotaciones mineras. Esas quejas las pueden presentar en la oficina de Corantioquia en Santa Fe, que atiende en la línea de teléfono 853 46 31, o también pueden desplazarse a las sedes de la Policía, en la Alcaldía o en la Secretaría de Minas.
El secretario Santiago Londoño asume una posición realista sobre la existencia de la minería. Según él, "esa es una situación que está presente y no va a desaparecer de un día para otro. Entonces, lo que necesitamos es que existan mejores normas y leyes más claras y coherentes frente al manejo de la minería y, además, necesitamos que los titulares de las minas tengan mayor responsabilidad social y que las autoridades sigan ejerciendo un control más efectivo".
Entre tanto, el personero Oquendo hace una reflexión concluyente sobre el sentir de la comunidad, pues existe el temor "de que el municipio, que siempre ha tenido la vocación turística, vaya a cambiar su vocación a minera. Y, aunque sabemos que la Alcaldía trata de ser conciliadora con las personas que ejercen esa actividad, y no lo vemos con malos ojos, pero hay situaciones que se solucionan única y llanamente en la aplicación de las normas".
