Por: Luis Carlos Guerrero
"Estamos obligados a pensarnos como especie puesto que tenemos una enorme responsabilidad con la vida". José Mujica, presidente de Uruguay. Colombia es uno de los países calificados de alta vulnerabilidad ante el impacto climático, como lo constató la Convención mundial de las Naciones Unidas. Sufrimos un modelo de desarrollo insostenible que coloca en entredicho en futuro de una nación digna, en equidad y paz.
El modelo de desarrollo impulsado, que se basa en las actividades de extracciones mineras, la ganadería extensiva, la prioridad a los agro negocios principalmente los agro combustibles, la urbanización caótica y acelerada, el microfundio y el consumismo y concentración de la riquezas en las elites hacen que se catapulten fenómenos como las inundaciones, la variabilidad climática, la contaminación y el deterioro acelerado del ambiente y de los recursos naturales.
imagen: El Colombiano
Es indudable que se va anunciado una conciencia nacional acerca de este reto, sin duda, de futuro para las presentes generaciones y las venideras, pues la situación es cada día más dramática, al punto que se está afectando la seguridad alimentaria de los colombianos, martillada también por los TLC. La disponibilidad de tierras para los cultivos está afectada, al igual que la distribución del agua de calidad para el consumo humano, ante la creciente utilización de ellas por actividades relacionadas al modelo descrito.
Igual de grave resulta ser la pérdida de biodiversidad, la disminución de aguas subterráneas, el alza en el nivel del mar, la exposición a todo tipo de plagas y enfermedades, la contaminación ambiental de las urbes, etc.
Todo este desastre ambiental ocurre, por un modelo que privilegia el crecimiento económico como sustento esencial del capitalismo, se ha realizado a costa de menos bienestar de la población colombiana, que algunos analistas llaman de "crecimiento económico sin bienestar" o sea, de mayor rentabilidad para el capital y menor esperanza y calidad de vida para los colombianos.
Los devoradores de bosque natural
Es alarmante, por decir lo menos, las cifras de deforestación que emanan de las instituciones del estado, las cuales son ocultadas groseramente por el gobierno en sus discursos, para invisibilizarlas ante los colombianos y colombianas. Según fuentes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), del mes agosto del 2013, anunció que entre 2011 y 2012, Colombia había perdido 295.892 hectáreas de bosque natural.
En el periodo comprendido entre 2005 y 2010 anualmente desaparecieron 238 mil hectáreas de estos bosques. Y en los diez años que van desde 1990 a 2010 el total de hectáreas pérdidas por deforestación se calculan en 6 millones 206 mil hectáreas. Este desastre ambiental ha llevado a caracterizar a nuestro país, como uno de los que más contribuye a la perdida de la capa vegetal natural en el mundo. Dicha pérdida de biodiversidad implica menos fauna, flora y deterioro de la vida humana.
Esta situación que afecta a toda la geografía nacional, es más desastrosa en la región de la Orinoquía, que tiene una superficie de 347.165 kilómetros cuadrados -más del 30 por ciento del territorio continental del país-, es el hábitat de 1.435 especies de peces de agua dulce, que la hace única en el mundo y, como si fuera poco, en ella habitan 700 especies de aves, el 40 por ciento de las registradas en Colombia.
La Orinoquía viene sometiendo a un proceso aceleradísimo de deforestación, secamiento y pérdida de la capa vegetal natural, lo que sin duda constituye un delito de lesa humanidad, por cuanto amenaza la supervivencia de culturas autóctonas.
Se comete este delito para poblar su territorio de palma aceitera, hasta un punto que hoy la Orinoquía aporta un poco más del 30 por ciento de la producción nacional de este aceite. Hasta el año 2032, según Fedepalma, tienen proyectado sembrar allí, más de un millón 500 mil hectáreas nuevas de este cultivo.
De imponerse este modelo de producción de palma aceitera y la locomotora minera, entre ambas está llevando al país a una inviabilidad, para desarrollar un proyecto productivo diferente.
La urbanización atroz
Durante dos años consecutivos el sector económico que más creció fue el de la construcción, siendo para el 2013 un 21,3 por ciento, sector que sin duda se convirtió en una verdadera locomotora de la economía. Según las estadísticas del DANE, la construcción incluye dos actividades referidas a las obras civiles y a las edificaciones.
Este crecimiento sostenido de la construcción implica una abundante extracción de materiales de construcción, que causa una depredación parecida a la acción extractivista del carbón y el oro.
Las actuales políticas de urbanización en Colombia vienen desde el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), que acumulan un impacto ambiental intenso, porque el proceso de urbanización ha sido desordenado, caótico y desplanificado.
Este tipo de urbanización, va produciendo grandes tragedias ambientales por el uso irracional y creciente de recursos minerales, a costa de la destrucción de montañas, bosques, y ecosistemas como los humedales, y el agotamiento de fuentes de agua, además de la contaminación ambiental.
Solamente en la sabana de Bogotá existe más de un mil minas a cielo abierto, llamadas Canteras, al servicio de este negocio inmobiliario y de todo el sector de la construcción, según fuentes de la Defensoría del Pueblo.
La investigación hecha por la Defensoría del Pueblo sobre la Minería a cielo abierto, basada en información del 86 por ciento de los municipios de Colombia, concluye que el “61 por ciento corresponde a minería para construcción, 28 por ciento a extracción de oro, 8 por ciento al carbón y el 3 por ciento restante a otros”. Anualmente hay una demanda de 6 millones de metros cúbicos de materiales de construcción, sólo para obras de alcantarillados, acueductos, vías y edificaciones de recreación.
Hay que dejar de cavar la tumba
Lo más angustiante de todo esto es el panorama ambiental, es que cada vez que hay inundaciones y otros desastres ambientales las noticias vuelan echándole la culpa a la Niña o al Niño, eximiendo de culpa a las grandes corporaciones y urbanizadores.
Sin inmutarse, todos los gobiernos siguen priorizando las políticas neoliberales de ganancia rápida, que le permite a la minería y al sistema extractivo y consumista, enriquecerse rápido y fácil; rasgo característico de toda cultura mafiosa.
Es hora de que la conciencia nacional comience a debatir alternativas concretas y viables, para detener la tragedia ambiental y enrumbar a Colombia por un futuro de vida, basado en una economía que humanice la vida de todos y todas las colombianas, al mismo tiempo que humaniza nuestra relación con la madre naturaleza, de la cual formamos parte.
“Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”, dice un proverbio chino.
