Por: P. Beltrán
Comenzando este mes de septiembre, un burócrata del Ministerio de minas anunció, que a partir de ahora se generalizará el uso del Fracking en la explotación petrolera colombiana.
Con esta nociva técnica realizan fracturación hidráulica de las distintas capas del subsuelo, para terminar de exprimirles el petróleo que tienen impregnado, causando su derrumbe y la destrucción de las fuentes subterráneas de agua.
Ésta técnica de explotación no convencional está prohibida en varias partes del mundo, debido al severo daño que causa en las aguas y la corteza terrestre, a un grado tal, que genera desplazamientos del suelo y temblores de tierra.
Las sequías de principios de año en Casanare, tienen entre sus causantes, las actividades de sísmica y perforación de las empresas petroleras, a quienes solamente les importa sus ganancias, así estas infrinjan gran daño al medio ambiente y a las comunidades humanas.
En un informe del mes pasado sobre Casanare, “la Contraloría General de la República (CGR) encontró que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha desatendido recomendaciones de sus propios manuales de actividades de exploración sísmica, encaminados a conocer el estado del recurso hídrico superficial y subterráneo previo a las labores de exploración, a efecto de contar con criterios, estudios y registros previos al desarrollo de estas actividades”.
Antes, la ANH burlaba ella sola las normas ambientales, pero a partir de ahora tal violación, el presidente Santos la adopta como política de su gobierno. Así, el mandatario atiende los pedidos de las multinacionales, de “flexibilizar” las normas ambientales.
Tanta subordinación ante los intereses extranjeros es una conducta constante de la elite gobernante.
Andrés Pastrana expidió la Ley 765 de 2.002, que redujo el monto de las regalías que deben pagar las multinacionales y terminó los contratos de Asociación, para volver al de Concesión, que otorga grandes ventajas al capital extranjero.
Álvaro Uribe con el Decreto ley 1.760 de 2.003 debilitó a Ecopetrol, al transferir el manejo de las reservas de petróleo a la recién creada ANH, y comenzó la privatización de la estatal petrolera, con la Ley 1.118 de 2.006, con la que vendió el 10 por ciento de sus acciones y la colocó al servicio del capital privado.
El resultado de estas medidas fue el esperado. Hoy las multinacionales manejan el 32 por ciento del negocio petrolero del país y Ecopetrol el 68, mientras el gobierno apenas recibe el 43 por ciento de los ingresos producidos, según un estudio de 2.011 del Banco central colombiano. En Venezuela tal porción es del 90 por ciento.
Luis Jorge Garay en la investigación de la CGR, sobre La minería en Colombia, encontró que entre el 2.005 y el 2.010, “las empresas mineras pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por concepto de impuesto a la renta… (mientras) tuvieron deducciones, descuentos y exenciones, que representaron un gasto tributario para el país de 1,78 billones de pesos”.
Algunos podrán argumentar que la elite dominante no sabe hacer cuentas, pero otra explicación está en que se acostumbró a hacer negocios con las empresas extranjeras, al estilo de la gallina gringa y el marrano colombiano, cuando se asociaron para hacer huevos con tocino.
Las nuevas ventajas que ofrece Santos a las multinacionales, busca interesarlas a traer sus capitales, ahora que al gobierno le fracasó la Ronda 2014 -donde subastó nuevas áreas para exploración petrolera-, porque las empresas solamente contrataron un 28 por ciento del total que les ofrecieron.
El discurso que usa Santos para moralizar a sus tropas dice que su causa es la de Colombia, pero sus acciones de gobierno demuestran que en realidad sirven al interés de las empresas multinacionales. Dicho en pocas palabras, la causa del régimen oligárquico es la del dólar, no la de la sociedad colombiana.
