El contrato sicológico en el sector público: miseria perpetua para los trabajadores

incluyendo a los que hacen parte de la  Dirección de Empleo, cuya función es promover y vigilar los procesos de formalización laboral en el país.

Sobre este tema ya la ENS le había planteado al Ministerio de Trabajo la necesidad de poner orden en casa, tanto en el propio Ministerio como en sus entidades adscritas, en especial el SENA, a fin de cumplir las sentencias C-614 de 2009 y C-171 del 2012 de la Corte Constitucional, y al acuerdo marco estatal del 2013 firmado por el Gobierno con las centrales sindicales, las federaciones estatales y la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Cumplir la ley y las decisiones judiciales es el camino para superar la condición de ilegalidad laboral en que se encuentran cerca de un millón de trabajadores vinculados al Estado colombiano mediantes formas atípicas de contratación, tanto en el nivel central y territorial como en las diferentes entidades descentralizadas.

En el caso del SENA, que tiene vinculados a más de 18.000 docentes en situación de ilegalidad laboral bajo la figura de contratos de prestación de servicios, se ha anunciado la formalización de 3.000 de ellos, o sea solo el 16% de la planta. Aunque es un avance que respaldamos, no podemos dejar de reivindicar la necesidad de un proceso que permita la legalización laboral del 100%  de la planta de docentes del SENA vinculados como contratistas.

De igual manera, se debe preparar de inmediato el proceso de vinculación laboral directa a la planta de personal del Ministerio de Trabajo a la totalidad de los trabajadores que se encuentran en condición de precariedad laboral.

Es un principio básico de autoridad no solo dar buenos consejos, sino buenos ejemplos, por lo que la entidad encargada de la inspección y vigilancia laboral del país, que es el Ministerio de Trabajo, debe dar cumplimiento a la ley antes de exigir a otros que la cumplan, pues de no ser así se pierde credibilidad y respeto, y el mal ejemplo tiende a reproducirse.

Pero lo que vemos es que algo que ya funciona mal en el Estado y en el país, en vez de mejorar tiende a empeorar, incluyendo las precarias condiciones laborales existentes dentro del Ministerio de Trabajo. No solo es grave que un trabajador que desarrolla labores misionales en el Estado esté vinculado bajo la figura de contrato de prestación de servicios, sino que se le obligue a trabajar sin contrato y sin ninguna remuneración por un tiempo determinado como requisito para que se le renueve su contrato de prestación de servicios. Es una aberración que se denomina contrato sicológico.

Y esto no solo viene ocurriendo en entidades territoriales como el Municipio de Medellín, que tiene aprobada por el Concejo de la ciudad una política pública de trabajo decente; y como el Distrito de Bogotá, que ha incluido en su Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” una política pública de trabajo decente, sino en el propio Ministerio de Trabajo. ¡Qué vergüenza!

El sindicalismo colombiano ha presentado propuestas y firmado acuerdos con el Gobierno para iniciar de manera ordenada la transición de esta condición de precariedad laboral a una vinculación laboral ajustada a la Constitución, la ley y los reglamentos. Lamentablemente hasta el momento en el Gobierno se escuchan más anuncios y discursos a favor del trabajo decente que acciones orientadas a cambiar esta humillante realidad.

En vez de avanzar hacia el trabajo decente, los servidores públicos retroceden hacia la servidumbre pública; en vez de avanzar hacia el Estado Social y Democrático de Derecho, regresamos al absolutismo totalitario del Estado monárquico.

Es bueno que el Estado colombiano empiece a dar ejemplo de coherencia para transmitir confianza y credibilidad, valores básicos para establecer procedimientos democráticos como el diálogo social para la resolución de los conflictos. El diálogo social eficaz como un camino hacia el Trabajo Decente, es también un camino hacia la PAZ.

Publicado el 29 de enero de 2015.