Por: El tiempo.
Un estudio revela que bandas criminales manipulan estos recursos públicos.
La denuncia, que afirma que un porcentaje del Presupuesto Participativo (PP) de Medellín queda en manos de delincuentes, no es nueva. Sin embargo, nunca antes un estudio lo había confirmado.
La comuna de Castilla es una de las más afectadas con el desvío de recursos públicos, según reportes del Concejo de Medellín. Foto: Archivo/EL TIEMPO
Esta semana la Corporación Viva la Ciudadanía reveló los resultados de 10 meses de investigación en las 16 comunas de la ciudad que dan cuenta de que parte de esos recursos públicos están en poder de criminales.
Antonio José Madariaga, director de la entidad, afirmó que los criminales afectan el recurso público de dos formas: les prestan plata a las organizaciones que ejecutarán los proyectos con créditos gota a gota y, a la vez, las extorsionan.
“La entidad, que se gana el proyecto, tiene afán de iniciar la ejecución de este, por lo que aceptan el préstamo de los delincuentes, mientras llega el presupuesto. Pero, lo grave es que esos intereses, que son hasta del 10 por ciento, salen del proyecto”, explicó.
Igualmente, dijo que los grupos armados respaldan el Presupuesto Participativo, no solo porque ganan dinero sino también porque les da más poder en el barrio”.
Según el estudio, que se realizó con 120 entrevistas a líderes barriales, integrantes de organizaciones sociales, ediles y funcionarios públicos, cuatro comunas populares son las más afectadas. Las mismas, no fueron reveladas por seguridad.
En cuanto a las vacunas, el director contó que las bandas cobran cuotas fijas a las obras hasta que se terminen.
Madarriaga, además, aclaró que los delincuentes tienen información sobre los proyectos porque esa información es pública.
Por su parte, el concejal Jesús Aníbal Echeverri afirmó que las bandas criminales se quedarían con 30.200 millones del PP cada año. El presupuesto total es de 151.000 millones. Lo que representa que la ciudad puede perder el 20 por ciento.
Echeverri, que además fue uno de los primeros en denunciar el tema hace dos años, aseguró que “los bandidos se infiltran en los procesos y meten personas para que les ayuden a organizar las fichas y a apoderarse de los contratos”.
También contó que los proyectos más afectados son los de cultura, deporte e infraestructura. Esta última paga vacunas, por lo que lo que contratistas entregan obras en mal estado o sin terminar. Advirtió, a la vez que pidió a la Alcaldía de Medellín que tenga más cuidado y que vigile cada uno de los proyectos.
De acuerdo con el concejal, pasa en Aranjuez (4), Castilla (5) Villa Hermosa (8), Buenos Aires (9) y Laureles (11).
A eso se le suma, agregó Echeverri, que las organizaciones pasan facturas de refrigerios y actividades con sobrecostos, ya sea para responder por las vacunas o para quedarse con ganancias.
La Alcaldía conoce el estudio en detalle, pero pidió denuncias formales sobre el asunto que afecta a la ciudad para tomar medidas.
Así lo aseguró Carmela Ángel, subsecretaria de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
La funcionaria aseguró que para la Administración es muy importante recibir denuncias y evidencias. Dijo que verificó en Personería y Fiscalía los reportes y no encontró nada.
EL TIEMPO habló con el personero de Medellín Rodrigo Ardila, que afirmó que el Ministerio Público sí ha recibido denuncias.
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