Por: Ana Rosa
El Ministerio de Minas anunció un paquete de medidas para solventar la crisis energética, entre las cuales se encuentra el incremento en las tarifas de energía para la ciudadanía,
argumentando las afectaciones causadas por el fenómeno climático de El Niño, que extiende la temporada sin lluvias hasta marzo del año entrante, que seca aún más los embalses.
Empecemos por hablar de la problemática ambiental, pues en principio la causa radica en la insuficiencia de agua para el funcionamiento de las hidroeléctricas, situación que no es nueva, pero se hace evidente cuando afecta a las grandes empresas. La disminución de las reservas de agua, a causa de la contaminación y del monopolio causado por las empresas privadas viene de hace tiempo; las imágenes de la fuerte sequía del 2014 aún están vivas en la mente de los colombianos. Ciertamente las medidas tardías del gobierno nacional no son suficientes, porque buscan disminuir el consumo de las familias colombianas y mantener el de las multinacionales.
----------
Datos del sector.
* Nivel de los embalses de las hidroeléctricas a 21de octubre: 63.5 por ciento.
* Fuentes de energía, en clima normal (porcentaje del total)
80 hidroeléctricas
20 termoeléctricas.
* Fuentes de energía, en la actual sequía por El Niño (%)
52 hidroeléctricas
48 termoeléctricas.
* Combustible de las 37 termoeléctricas
12 gas natural
4 carbón
15 líquido.
* La bancarrota económica de Electricaribe, golpea a toda la costa Atlántica con la más grave crisis energética:
Afecta al 16 por ciento de los usuarios del país, que representa el 22 por ciento de todo el mercado de energía.
* Asoenergía: gremio patronal de las grandes empresas consumidoras de energía
Andeg: asociación nacional de empresas generadoras de energía
Creg: Comisión de regulación de energía y gas.
----------
Otra causa del sobre costo en la producción de energía, radica en el desabastecimiento de gas natural, combustible más económico que el diésel, con el que funcionan 12 de las 37 termoeléctricas que operan en el país. La disminución en la oferta de gas natural, agrava la crisis, porque se contaba con una supuesta reserva de 8 años, lo cual no resultó cierto.
Aunque se tiene un acuerdo con la estatal petrolera venezolana PDVSA, para suministrar 40 millones de pies cúbicos de gas al día, la crisis fronteriza con Venezuela deja esta solución en la incertidumbre, que aumenta con las recientes declaraciones del Presidente Santos contra el país vecino. A esto, se suma el 50 por ciento de la demanda en combustibles, que ha tenido que cubrir Colombia para los municipios fronterizos, como resultado del cierre de la frontera.
Otro componente de la presente crisis energética, radica en la inestable situación financiera de las termo eléctricas, problema inexplicable, en tanto los precios de la energía en el país se encuentran entre los más altos de América Latina. Adicionalmente Colombia posee grandes ventajas competitivas, al ser el cuarto exportador mundial de carbón y el séptimo país con recursos hídricos renovables.
Aquí aparece la infaltable corrupción. Para prevenir los momentos de crisis, inventaron un fondo de ahorro que lleva el nombre de Cargo de Confiabilidad, que se le quita a los consumidores como una sobre tarifa y que en los nueve años de vigencia ha recaudado 7.800 millones de dólares; pero hoy estamos en la crisis y las empresas no explican qué destino tuvo esta considerable cifra de dinero, cuando estaba acordado que con este ahorro se financiaría las generadoras de electricidad, al momento de enfrentar crisis de operación.
Como las empresas eléctricas se repartieron como utilidades ese fondo de contingencia del Cargo por Confiabilidad, entonces ahora el gobierno obliga a la población a pagar la crisis del Niño, elevando las tarifas.
La parte de los sobre costos que pagan los ciudadanos, está programada para tres años, propuesta que genera cuestionamientos, en la medida que no contempla futuros imprevistos, solamente cubrir las pérdidas que se vienen para estos tiempo de sequía. La duda radica en la evidente ausencia de una política energética y la desastrosa planeación del Estado, que garantice la prestación del servicio a largo plazo.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional, lideradas por el Ministerio de Minas buscan proteger los intereses de las empresas privadas, entre las que se encuentran grandes empresarios estadounidenses y españoles, quienes colocan sus intereses por encima de las necesidades de la sociedad colombiana.
Aunque se hace evidente que las crisis la quieren hacer pagar al pueblo, la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos, protege el bolsillo de los colombianos, argumentando que el alza en las tarifas no puede ser destinada para recuperar pérdidas patrimoniales.
Están en puja los intereses de las grandes empresas, con los de los colombianos comunes y corrientes; los primeros sobornarán -como siempre-, a los burócratas que toman las decisiones; mientras a la ciudadanía le queda organizarse y movilizarse para exigir sus derechos; esta presión y control social es indispensable, para logra una política energética al servicio de las mayorías nacionales.
