Por: Merian Araujo R.
Por lo menos 14 contratos tuvieron aumentos sobre 1.000%. Autoridad envió una comisión a Cartagena para prevenir que CB&I y Foster Wheeler se lleven la información.
27 compañías en el ojo del huracán
El escándalo que ha desatado el exorbitante costo de la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) tiene en el ojo del huracán unos 440 contratos, de los cuales, unos 27 tuvieron aumentos superiores a 500%, lo que demuestra la “feria” que adiciones que se hicieron en esta obra, según el contralor general Edgardo Maya. En diálogo con EL HERALDO, el jefe de la Contraloría General señaló que van a toda marcha para tener el informe de la auditoría a la obra en este primer semestre.
p ¿Cuáles son las principales irregularidades en los contratos?
r En 2004 y 2005 el Gobierno realizó unos Conpes en los que determinó: uno, la modernización de las refinerías; dos, cómo se iba a hacer esa modernización y, tres, para qué se iba a hacer eso. Lo que resolvieron fue buscar un capital privado que pondría US$2.400 millones en la participación accionaria. Hoy nos encontramos con que allí no hay ningún socio privado, que Ecopetrol es dueño de 100% y el responsable, además, de la inversión y las deudas. La planeación de Reficar falló totalmente. En primer lugar, porque el proyecto no terminó en su precio de US$3.900 millones, sino en US$8.060 millones. Ha tenido un incremento superior a 100%. Lo segundo es que debía estar listo en tres años, pero terminó 27 meses después de lo previsto. Y, en tercer lugar, esta refinería no solucionará el desabastecimiento de gasolina y diésel que se buscaba prevenir. Tenemos autoabastecimiento de gasolina, pero hay desabastecimiento de diésel. En 2019 estaremos en igual situación con la gasolina.
p ¿Cómo se permitió que un proyecto de esta relevancia para el país tenga esas irregularidades?
r Encontramos la primera falla en la estructuración. Cuando se inició el proyecto, el diseño de ingeniería era 21%. Faltaba 69% de todo el proyecto que se iba a realizar. Ese diseño se 29 meses iniciada la obra y la construcción ya estaba en 52%. Nosotros iniciamos la auditoría el martes pasado para establecer responsabilidades que podrán terminar en personas naturales o jurídicas. Y no solo para Ecopetrol y Reficar, sino con los que construyeron esto: Glencore, CB&I y la firma Foster Wheeler, que tuvo a su cargo la vigilancia de la inversión.
p ¿Qué han encontrado en el contrato con CB&I?
r En 2007, Glencore hizo un contrato en el que transfiere la construcción a CB&I a través de una modalidad contractual EPC, que no es habitual porque es un sistema reembolsable. Es decir, se hacen los pagos una vez que se presenten las facturas e, incluso, hay anticipos. Esa fue una falla gravísima. Desde que se hizo el contrato nunca hubo costo fijo, no se sabía cuál era el costo final así que esa empresa gasta el dinero como le da la gana.
p ¿Cómo fue la feria de contratos?
r Encontramos 2.460 contratos. Lo grave es que, como no hubo límites, 18% de esos tuvieron adiciones superiores a 100% y otros 27, adiciones en más de 500%. Algunos llegan a más de 1.000% y hay uno que tiene 37.528%.
p ¿Se han llamado estas empresas a requerimiento de información?
r Por el momento estamos con Reficar, que nos ha entregado la información. Pero tenemos una gran preocupación y por eso mandamos una comisión (ayer) con el contralor delegado, porque esas empresas (CB&I y Foster Wheeler) se van del país y no sabemos si se están llevando la información y extrayendo los discos duros. De ser necesario, los llamaremos porque aquí estamos buscando responsables.
p ¿Cuándo estará lista la auditoría?
r Lo más pronto posible. [Este primer semestre] tienen que estar.
p ¿Qué medidas se pueden derivar de este proceso? ¿Es posible recuperar los recursos?
r Estamos en proceso de determinar el impacto fiscal y su magnitud sobre el patrimonio de los colombianos. Si hay temas de carácter disciplinario, los pasaremos a la Procuraduría, y si hay temas de carácter penal, posibles comisiones de delito, eso se transfiere a la Fiscalía. Me dicen que hay una demanda del Tribunal de Arbitramiento contra CB&I y Ecopetrol, eso podría resultar.
p Este tema de Reficar se viene hablando hace años, ¿por qué intervenir hasta ahora?
r Desafortunadamente, lo tengo que decir, la Constitución del 91 le suprimió a la Contraloría el control previo y le dio uno posterior. Eso significa que llegamos después de la fiesta a levantar un acta del desastre.
p ¿Y la intervención del Gobierno?
r Como eso se delegó porque estamos ante a un negocio casi privado, pero que tenía que tener controles de cambio en cada etapa, no hubo una mayor vigilancia.
p Quedó en manos de privados, pero eran recursos públicos. ¿No debió ser más diligente el Gobierno?
r Desde luego. Lo primero que ha tenido que tener este proyecto es una interventoría y no la hay.
Como lo señaló el Contralor a EL HERALDO, hay 27 compañías que tienen adiciones en los contratos superiores a 500%. Entre las compañías con los mayores aumentos están Andamios Ánderson de Colombia (37.582%) que según la Superintendencia de Sociedades está domiciliada en Bogotá y su representante legal es Giovanni Iannone Santana. Le sigue Aseo Urbano de la Costa (20.918%), que opera en Cartagena como empresa de servicios públicos. En tercer y cuarto lugar están PSRG (2.512%), domiciliada en Bogotá, y cuyo representante legal es Robert John Weber; y Portátiles Maken Ltda (2.335%), que no aparece en los registros de la Superintendencia.
