Por: Gabriel Antonio Gaitán
“Esta vez el imperio que se desmorona es el insaciable capitalismo global y el mundo feliz de la democracia de consumo, que se ha intentado forjar en todo el mundo en su nombre.
Sobre la indestructibilidad de este edificio hemos puesto las esperanzas de esta última fase de la Civilización Industrial (...). Pero por todas partes a nuestro alrededor se están produciendo cambios, que sugieren que toda nuestra forma de vida está pasando ya a ser parte de la Historia (...). Estamos entrando en una era de declive material, colapso ecológico e incertidumbre social y política, y nuestras respuestas culturales deberían reflejar todo esto, más que negarlo (...). Pero estamos atados todavía por la creencia de que el futuro será una versión mejorada del presente”. Howard Thomas Odum [*].
El consumo voraz que impone a sangre y fuego el capitalismo, sobre los recursos naturales por efectos de la mega minería y el extractivismo, como modelo de “desarrollo” impuesto a los países del llamado Tercer mundo, para continuar incrementando las arcas de transnacionales y conglomerados financieros; quienes explotan y explotan sin importar que con esto se destruyan ecosistemas, se contaminen las aguas, se agoten reservas, se desplacen o se asesinen comunidades enteras; ha desencadenado una crisis social y ambiental en todo el planeta.
Ante este panorama los pueblos se organizan y luchan por frenar el saqueo en sus territorios, detener la explotación de recursos y defender el agua, sus territorios y la vida misma; creando conciencia que somos ecodependientes y sociodependientes. El pueblo colombiano no es lejano de esta batalla y pese a las pocas garantías para ejercer su derecho a defender la Madre Tierra, da pasos firmes en esta tarea.
Son históricas, dos decisiones de la Corte Constitucional de las últimas semanas, en la primera le quita al gobierno nacional la jurisdicción sobre el tema minero y faculta a gobernadores y alcaldes a decidir sobre proyectos en este campo; la segunda deroga la creación de 20 áreas estratégicas de minería en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada; y obliga a los Ministerios del Interior y de Minas y Energía, y a la Agencia Nacional Minera a:
“La realización de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afro descendientes, que habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar, como áreas estratégicas mineras”.
Prosperidad para las Multinacionales
De los más de 111 millones de hectáreas de suelos del territorio de Colombia, 42 millones de ellas, están en manos de casi treinta corporaciones multinacionales. El 59 por ciento del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes pendientes. Gracias a la “locomotora minero-energética” del gobierno Santos existen 9.594 Títulos Mineros vigentes, que suman 5.084.084 hectáreas, y solamente la minería en los páramos -surtidores de agua potable-, suma más de 78 mil hectáreas.
Solamente en el Departamento del Tolima la multinacional Anglo Gold Ashanti controla el 53 por ciento de los Títulos Mineros, equivalentes a 18 veces el casco urbano de la ciudad de Ibagué; acapara el 37 por ciento del volcán Cerro Machín y sus glaciares; además de apropiarse de 5.297 hectáreas de eco-paramos, consignados en 8 Títulos Mineros, de los cuales 6 le pertenecen a esta multinacional minera; lo que la convierte en una amenaza para las cuencas de los principales ríos de ese Departamento, como el Cocora, Toche, Coello y Combeima; con lo que también coloca en riesgo la continuidad de la agricultura y la soberanía alimentaria del Departamento.
Las exportaciones mineras en la década pasada crecieron el doble, del 10,1 por ciento en el 2000, pasaron a 21,1 en 2011; siendo el carbón, el níquel y el oro los minerales que mayor participación tuvieron en esta cifras, según informa la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME).
Por el agua, el territorio y la vida
El 28 de julio de 2013 la comunidad de Piedras, en el Departamento del Tolima por primera vez en la historia nacional logró, mediante un Referendo, expulsar una multinacional de su territorio, bajo la pregunta: se apoyan actividades de minería aurífera en el municipio de Piedras? La comunidad se pronuncio rotundamente. De un total de 3.007 habitantes, 2971 votaron por el No, frente a 24 del sí, ejerciendo la Consulta Popular mecanismo de participación amparado como derecho constitucional. A pesar de ello, el gobierno nacional no cumplió y bajo la excusa de ser un tema de interés nacional mantuvo el negocio con la multinacional.
Gracias a la iniciativa de este municipio, todo el Departamento del Tolima se ha puesto en la tarea de mandatar sobre su territorio. En la ciudad de Ibagué luego de varios años de multitudinarias movilizaciones, se prepara una nueva consulta popular, y se espera que a finales de mes sea aceptada la constitucionalidad de un refrendo, en el que los ibaguereños acudan a las urnas a decidir si quieren o no minería en su territorio.
De igual forma en el municipio Cabrera del departamento de Cundinamarca, la comunidad luego del Cabildo Abierto realizado el 27 de febrero de este año, ha decidido que la consulta popular es el mecanismo para detener a la multinacional Emgesa-Enal; quien con la construcción de la hidroeléctrica El Paso, amenaza la supervivencia de las comunidades vecinas, pues dicha construcción solo generaría aumento del costo de las tierras, con lo que ubicaría a la minera por encima de la agricultura, tradición y sustento vital de los pobladores.
El régimen se transa por unas pocas monedas de los extranjeros
La falta de espíritu democrático y soberano de los gobiernos, congresistas y partidos políticos que han tenido las mayorías en el Congreso, han hecho que mecanismos constitucionales de participación, como la consulta previa, el referendo, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto sea una simple formalidad sin carácter vinculante y con todo tipo de impedimentos para su libre ejercicio; obstáculos que se inventan como la Ley 134 de 1994 y recientemente la Ley 1757 de 2015, en la que colocan umbrales de participación tan altos, que los convirtieron en inaccesibles.
Estas trampas a la democracia y a la soberanía deben ser superadas en un escenario de post acuerdos de paz; para promover que ciudadanos organizados, puedan proponer y tramitar con éxito iniciativas legislativas, impulsar referendos aprobatorios o derogatorios, revocar a los mandatarios incumplidores con las comunidades o que las traicionan. Si los grandes temas del país fueran sometidos a la consideración del pueblo, mediante mecanismos de democracia participativa y directa, nadie acudiría a la protesta popular y a la movilización social de manera reiterada.
Si hay condiciones para desarrollar la lucha y la actividad política por las vías democráticas, legales, institucionales y amplias, la fuerza social que han logrado acumular los pueblos pondrían fin a la voracidad extractivista del gran capital.
[*] Citado en La espiral de la energía, Volumen II: Colapso del capitalismo global y civilizatorio, Cap 8. Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes. www.coordinacionbaladre.org, Noviembre de 2014.
