Este 2012 va a ser el epilogo de una larga historia. En el Huila la conclusión de este enfrentamiento entre dos visiones del mundo inconciliables ha empezado con el durísimo desalojo de los pescadores y campesinos que permanecían desde hace meses a la orilla del rio magdalena, el rio más grande del país, su hábitat natural y fuente de sustento para ellos y muchos mas. Como para reproducir una historia antigua de siglos, de un lado los españoles e italianos, con sus impresas, su negocio y su codicia, a defenderlos ejércitos, batallones, escuadrones antimotines.
Las brillantes armaduras de hace cinco siglos se volvieron uniformes militares y cascarrones negros. Del otro lado los pobladores, armados de su pobreza y de su dignidad, quienes defienden su rio, sus cultivos, su manera de vivir.
Somos en Colombia, en el valle del Magdalena, el río que alojó las inquietudes amorosas de Florentino Ariza contadas por Gabriel Garcia Marquez en el “amor a los tiempos del colera”,en el corazón del continente, en una región que se llama Huila.
Aquí por dar vida a un enorme proyecto hidroeléctrico, serán inundadas 8.500 hectáreas de tierra, que incluyen bosques secos ecuatoriales, reserva de protección de la amazonia, ricos cultivos de arroz, yuca, plátano, cacao, papaya, mango, restos arqueológicos que cuentan las historias de los pueblos que habitaban este valle antes que la travesía de Colón de volviera un genocidio. Pero también casas, sueños, proyectos de vida, memorias de luchas agrarias.
La idea de inundar el valle para producir energía lleva muchos años. En el 1997 el ministerio de agricultura rechaza la propuesta por los excesivos costos sociales y económicos del proyecto explicando que el valle es altamente productivo en términos agrícolas, sus productos garantizan el bienestar de sus habitantes y la seguridad alimentaria de toda Colombia.
Diez años después el gobierno de Alvaro Uribe Velez cambia idea:el proyecto responde a la política de aumento de las exportaciones de recursos mineros energéticos y de abertura económica a la inversión extranjera. La represa se hace porque se hace, explicó exhaustivamente el entonces presidente Uribe.
En el 2008 Endesa el coloso español de producción y distribución de energía, principal gestor en Colombia gana la licitación para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Antes que sea aprobada la licencia ambiental, es decir que haya el permiso para la obra, el gobierno declara de interés publico toda el área de influencia, paso preliminar al expropio.
La licencia viene otorgada en el 2009 estableciendo una serie de indemnizaciones y compensaciones por los daños y los prejuicios que el proyecto hidroeléctrico generará al ambiente y a los que serán desplazados por el gigantesco embalse.
En el mismo año la italiana ENEL compra el 92% de las acciones de ENDESA, asumiendo de hecho el control de la empresa española.
El año siguiente Endesa, argumentando que las condiciones dictadas por la licencia ambiental son excesivas y harían inviable el proyecto, solicita la renegociación de los acuerdos.
Las nuevas compensaciones excluyen buena parte de la población y reducen los beneficios para quienes queda incluido en los censos. De un día al otro los afectados ven esfumar las promesas de la empresa, quien los había inicialmente iluso con sueños de riqueza y bienestar.
En el mismo año, no obstante el las contradicciones de este proyecto sean evidenciadas por diferentes investigaciones y medidas tomadas por los mismos organismos de control estatales y regionales, el gobierno colombiano manifiesta su determinación colocando un batallón especial del ejercito, ocupando militarmente la zona.
Los habitantes del valle deciden entonces de protestar, por medio de manifestaciones pacificas y asambleas, mientras al mismo tiempo recurren al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el 2010 el tribunal da razón a las comunidades imponiendo a la empresa y al ministerio la revoca de las modificaciones de las indemnizaciones hacia los pobladores afectados y el medio ambiente.
Frente a esto Endesa amenaza la interrupción del proyecto y el ex presidente de la república Alvaro Uribe Velez, pocos días antes de dejar su mandato al actual presidente Juan Manuel Santos, emite un decreto por medio de las cuales invalida de hecho la decisión del tribunal.
El 24 de febrero de 2011 el presidente Santos inaugura la obra del Quimbo. Desde ese entonces las comunidades no han cesado de protestar, de presentar apelaciones y demandas, animar debates dentro y fuera de los espacios del Congreso de la República.
Por algunos meses los labores han sido suspendidos por las autoridades ambientales regionales en cuanto Enel/Endesa e Impregilo (la empresa constructora) no respectaban las medidas de protección del medio ambiente y de la población local, desalojando campesinos y pescadores y contaminando gravemente al río Magdalena. Estas medidas chocan con la voluntad preconcebida del gobierno quien las revoca después de pocos meses.
El proyecto hidroeléctrico del Quimbo ha sido y queda negativo para la región, como afirmado en el 1997 porque amenas una zona de reserva forestal de la amazonia, porque se desarrolla en una zona altamente sísmica y porque inunda tierras fértiles, fundamentales para la seguridad alimentaria del Pais.
La Universidad Surcolombiana estima que en los 50 años de actividad de la planta hidroeléctrica, Endesa pagará al departamento del Huila alrededor de 135 millones de euros contra los 1200 millones de euros que la región perderá por el cese de la producción agricula del área inundada. En el mismo periodo la multinacional italoespañola ganará alrededor de 2300 millones de euros.
Al contrario de cuanto afirma el director de Endesa Colombia, la energía producida servirá por una lado para la exportación, por el otro a las necesidades de la gran minería transnacional, quien se prepara para volver 20 millones de hectáreas del territorio nacional en una gigantesca mina a cielo abierto.
Desde el punto de vista laboral, si bien es cierto que en los 4 años previstos para la construcción de la hidroeléctrica se emplearán alrededor de 3000 personas, es evidente que los años a seguir la hidroeléctrica no necesitará mas de pocas decenas de técnicos para su manutención, mientras que los 3500 pescadores y campesinos que perderán su fuente de subsistencia se sumarán de por vida a los millones de desempleados y de desplazados del país.
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo responde al programa económico que el gobierno de Juan Manuel Santos, en continuidad con su predecesor, llama locomotora minero energética: agro combustibles, minas de oro y carbón, extracción de petroleo y producción de energía eléctrica serían los motores del crecimiento económico de Colombia.
El presidente de Colombia ignora que la historia no reporta ejemplos de países en donde la economía extractivista haya llevado al desarrollo, mas aun si acompañada al apertura del mercado interno a las importaciones extranjeras por medio de la firma de acuerdos de libre comercio con potencias industriales como Estados Unidos y Unión Europea, que terminarán por aplastar cualquier sector productivo nacional.
El proyecto hidroeléctrico el Quimbo representa el choque entre dos modelos: el uno enfocado sobre una producción agro alimentaria compatible con el ambiente, la protección de los bosques y del agua, la reducción del consumo energético y de consecuencia la reducción de la emisión de bióxido de carbono; el otro es un modelo extractivista, insostenible social, económica y ambientalmente, donde la carrera al apoderamiento de recursos mineros energético va de igual paso con la militarización del planeta y el estallar de conflictos donde quiera que haya esta clase de bienes.
El 10 de noviembre de 2011 Asoquimbo, la asociación que reúne los afectados por el Quimbo, ha lanzado su ultimo llamado, recordando que en sus 4 años de existencia ha llevado sus razones de forma científica, razonable y pacifica, confiando en el estado de derecho que rige formalmente en Colombia. La fuerza de la razón ha chocado contra la razón de la fuerza. En febrero de este año los escuadrones antimotines han desalojado violentamente los pescadores de su natural espacio de pesca. Un joven ha perdido su ojo al estallar una granada de aturdimiento lanzada por la policía.
El presidente de la república amenaza el uso de la fuerza en contra de quienes se opongan al proyecto. Durante en el anterior gobierno, bajo su ministerio de defensa la fuerza armada cometió alrededor de 3000 ejecuciones extrajudiciales. Hay que creerle.
