No hay que ser un experto ambientalista para darse cuenta de la urgente necesidad que tenemos, quienes contamos con el privilegio de vivir cerca de las maravillas que la naturaleza ha dispuesto para nuestro disfrute, de proteger los recursos naturales que nos pertenecen y velar por su cuidado como bien público, y sobreponer esto a los intereses particulares de una economía capitalista que tiene como único propósito enriquecer las arcas de unos pocos.
El pasado 10 de marzo cientos de familias agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia decidieron movilizarse pacíficamente ante la vulneración de sus derechos al trabajo, la libre movilidad, un ambiente sano, a la participación, a la vivienda, entre otros; hoy se cumplen 80 días de movilización sin que hasta ahora se llegue a soluciones que garanticen su retorno al territorio ni la restitución de sus actividades económicas habituales.
En amplios sectores de la ciudad “más innovadora del mundo”, el temor domina la vida cotidiana. La Alcaldía carece de planes concretos para atacar este fenómeno.
La política de desalojo impulsado por Estado para garantizar el negocio de las transaccionales no cesa. La fuerza pública al servicio de la transaccional Emgesa viene haciendo efectivos desalojos violentos y denigrantes contra la condición legítima de los campesinos como dueños de la tierra.
“Los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos”. Ex ministro Mauricio Cárdenas 2011.
El gobierno colombiano se parece cada vez más a un gremio de multinacionales extranjeras en donde la maquinaria estatal pareciera estar dedicada exclusivamente a “mantenerles feliz”.
La Corte Constitucional amplió el concepto de víctimas del conflicto armado interno contenido en el artículo 3º de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011), al determinar que quienes han sido blanco de la violencia de las bacrim o de desmovilizados reincidentes tienen derecho a los beneficios de la norma.
Luego de la Acción Humanitaria y solidaria emprendida para la protección y promoción de los Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril, llevadas a cabo en el corregimiento de Crucito; nuevamente el Estado ataca indiscriminadamente a la población civil y a los miembros de las comunidades campesinas.