Por Gustavo Ospina Zapata El Colombiano
Mientras en los corregimientos aumenta la población, disminuye significativamente la producción agrícola, pues más territorio destinado al agro ahora se usa como lugar de habitación.
Por: El observatorio de la universidad colombiana
El rechazo a la posible reforma al decreto 1279 empezó con la Universidad de Antioquia la semana pasada y ayer se sumaron a la asamblea permanente los profesores de la UIS.
Por: José Fernando Valencia Grajales*
Los resultados del 28 de agosto frente a la consulta anticorrupción, deja en evidencia varias cosas, la primera es el nivel de cultura política que pueden llegar a tener los colombiano
Por: Transportadores y comerciantes unidos del Municipio de Ituango
Con pliego de peticiones los comerciantes y transportadores del municipio de Ituango exigen garantías y acciones concretas ante su grave situación humanitaria generada por Hidroituango
Por: Caterine Manchola
La Contraloría General de la República reveló mediante Informe de Auditoría de Cumplimiento, que se debe alertar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, pues se está poniendo en riesgo el bienestar de las comunidades que viven en el área de influencia de los proyectos hidroeléctricos en el país.
Por: La W
Un informe de la entidad evidencia que se encontraron 35 hallazgos administrativos, ocho de estos con incidencia penal en la emergencia de la hidroeléctrica.
Por: LA W
La W conoció dos actas de modificación bilateral del contrato para la construcción del proyecto.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
