De lo sacro a la banalidad y el crimen. Apología de guerra en las reservas de la fuerza pública.

Son consecuentes que pueden realizar actividades criminales y que nunca van a perder los trofeos que logran en la guerra. Las secretarias generales de las fuerzas tienen entre sus funciones el de proteger a los comandantes que pasan por sus filas y que son denunciados.

Los protegen y nunca permitirán que paguen con su patrimonio las decisiones judiciales cuando el Estado es condenado a pagar por acciones, omisiones o extralimitaciones, especialmente de oficiales superiores.

De nada han servido sentencias judiciales donde se ha comprobado la alianza entre la fuerza pública y el paramilitarismo, sentencias sobre ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y errores militares. Son actos criminales del pasado, del presente y del mañana, de ahí que la tesis de la auto purificación y de su propia reestructuración pierden sentido. Se podrá cambiar toda la cúpula militar y el fenómeno persistirá.

Hay otros males, otras enfermedades que se han querido ocultar.

Al interior de la fuerza pública coexiste una mafia que brinda protección a transnacionales, empresas nacionales y personas influyentes, con soldados y policías en servicio activo por lo que sus comandantes reciben millonarias sumas; existe una mafia en la contratación donde una aspirina puede llegar a valer cien o doscientas veces más de lo que vale en la farmacia de la esquina; existe una mafia que se queda con los uniformes destinados a la fuerza pública, obligando, a policías y soldados, a comprar de su propio bolsillo los accesorios básicos para prestar el servicio desde una insignia hasta una reata. Los elementos son vendidos no solamente a comerciantes alrededor de escuelas y dependencias militares sino a ejércitos irregulares.

Existe una mafia que se queda con las remesas de alimentos que son designadas para los soldados, productos vendidos a particulares. Existe una mafia alrededor del servicio militar obligatorio, en torno a de la expedición de libretas militares, y de la expedición de salvoconductos para la posesión o porte de armas de fuego.

Preexiste una pandilla que cobra recompensas con cédulas que colombianos y colombianas han perdido o que han sido asesinados. Coexiste una mafia al interior donde militares involucrados en conductas no transparentes pagan favores a operadores de la justicia penal militar y operadores disciplinarias para ocultar sus delitos o fallas al servicio. Otros operadores de justicia no se quedan atrás.

Los males detectados no son simplemente una enfermedad común que se cura con medicamentos caseros. La enfermedad es estructural, ha venido a lo largo de la historia.

Desde temprana edad, mientras el gobierno no atendió los síntomas, la sociedad guardó silencio por miedo, acoso o cobardía. Se gesta con el primer falso positivo militar que se conoce en la historia universal, la masacre de las bananeras, cuando él gobierno de Manuel Abadía Méndez, por recomendaciones de los Estados Unidos y la presión de la United Fruit Company, designó al general Carlos Cortés Vargas para asesinar, a sangre fría, a más de 500 trabajadores, supuestamente porque eran comunistas.

A partir de ese momento el anticomunismo ha sido la razón del existir del ejército. Para la fuerza pública detrás de reflexiones, sugerencias, críticas y denuncias contra el Estado o las fuerzas militares, existe un terrorista al que se le debe dar da baja, de manera legal o ilegal. La pena de muerte del adversario ha sido instaurada en la sociedad, los verdugos militares corruptos.

Mientras que Alemania acaba de disolver toda una unidad miliktar de fuerzas especiales, la KSK, por vínculos con la extrema derecha, en Colombia se promociona el nuevo partido de extrema derecha conformado por militares y policías de la reserva. Detrás todo un potencial de votantes. De acuerdo a sus cálculos los 450.000 integrantes activos de la fuerza pública, más los cerca de 200.000 integrantes de la reserva, con sus familias, lograran en las próximas elecciones más de 3´000.000 de sufragios. En Europa la reflexión sobre la guerra, sobre el holocausto, les permite tomar decisiones para garantizar la paz. Los debates públicos, igualmente que las decisiones judiciales, producen efectos inmediatos, producen transformaciones institucionales.

En Alemania como en otros Estados democráticos, reina en las fuerzas armadas el honor militar, los códigos de los guerreros se respetan. Puede que se lleguen a violar, pero no es la tropa en general la que los quebranta. Al momento de que un integrante viola esos códigos y es denunciado, inmediatamente es apartado de la fuerza. Alemania tiene gobierno, tiene ministros que velan por lo público, por la democracia, por sus asociados.

Sin embargo, existe al interior de las fuerzas armadas una esperanza de reivindicación social, adherida a los postulados constitucionales. Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y soldados, apegados a la defensa de los derechos humanos, de manera silenciosa cumplen con su juramento, entienden que se deben a la comunidad, al país, no colocan color político a sus actuaciones profesionales.

Coroneles que se atrevieron a informar nuevamente sobre la estrategia de los falsos positivos en el gobierno Duque; suboficiales que se atreven a denunciar actos de corrupción en contrataciones de unidades militares; patrulleros que se niegan a cumplir actos violatorios a los derechos humanos; y soldados que manifiestan que no levantaran las armas para asesinar a la población, evidencian que al interior de la institucional, existen hombres y mujeres, que apegan sus procedimientos a la constitución política.

Sus actos son respuestas contundentes hacia quienes realizan ejecuciones extrajudiciales, errores militares, falsos positivos militares, judiciales y de policía, entre otros.

*Sociólogo, investigador, Coronel (r) de la Policía Colombia, Integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz Redipaz actual Consejero de Paz Conpaz, Medellin por Colombianos en el exterior.

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