Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.
Los generales (r) del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de “conteo de cuerpos" que desató el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate en del departamento de Antioquia.
Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.
Por primera vez en una imputación por 'falsos positivos', la Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían.
Este es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) que se expide dentro del Caso 03, el cual investiga los falsos positivos en todo el país, y confirma una vez más los elementos del patrón macrocriminal determinados ya por la JEP en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño (2002-2003).
La JEP ha esclarecido miles de hechos ilustrativos del patrón macrocriminal y se concentrará ahora en determinar si existieron o no responsabilidades en el nivel nacional, para así garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de todo el país y resolver definitivamente la situación jurídica de más de 4000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos a esta jurisdicción especial.
En los seis ADHC expedidos antes de éste, 106 máximos responsables han sido imputados y 92 han reconocido su responsabilidad, la gran mayoría en 5 audiencias públicas transmitidas en vivo y con la participación activa de las víctimas. 821 antiguos militares, partícipes, pero no máximos responsables de los crímenes, han sido remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) para lo de su competencia. Respecto de 53, la SDSJ ha renunciado a la persecución penal.
Por liderar la política de facto de “conteo de cuerpos" en la jurisdicción bajo su mando, a sabiendas de los riesgos probados de dicha política para la población civil, y así desatar el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combate por los militares en el departamento de Antioquia, la JEP imputó responsabilidad penal a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada. Las conductas criminales ocurrieron mientras estos altos oficiales ejercían como comandantes, y en el caso de Piza Gaviria como Oficial de Operaciones, de la Brigada IV del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.
El objetivo de la política de facto de “conteo de cuerpos" era sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate", privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar. Este objetivo se conseguía a través de presiones y amenazas a las tropas, así como de premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar de que se tratara, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la Brigada IV y los grupos paramilitares ya se hubieran desmovilizado.
Junto a los generales fueron imputados otros 35 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes. Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 'General Pedro Nel Ospina' (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 'Coronel Atanasio Girardot' (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 'General Pedro Justo Berrio' (BIPEB).
Por medio de la contrastación de todo el acervo probatorio del caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas. Todo esto con el propósito de presentar sus cuerpos como falsas bajas en combate y poder responder así satisfactoriamente a la presión ejercida por los altos mandos de la Brigada IV y de las distintas unidades militares, preservar su carrera militar y obtener prestigio y beneficios.
La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. Estos grupos adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado colombiano. Asimismo, la JEP documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o quedar fuera de combate por ser capturados o heridos, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, infringiendo el derecho internacional humanitario (DIH).
En agosto de 2023, a través del Auto 062, la JEP ya había determinado que el comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional para los años 2002 y 2003, el general Mario Montoya Uribe, puso en marcha en la jurisdicción bajo su mando la misma política de facto de conteo de cuerpos y por ello le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al general Montoya y a otros 8 oficiales y suboficiales del BAJES. El general optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros 7 oficiales y suboficiales imputados, incluido un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
La política de facto de conteo de cuerpos
Como lo encontró probado la Sala con la contrastación de lo dicho por los comparecientes (146 antiguos miembros de las distintas unidades de la Brigada IV fueron escuchados en versión voluntaria), los libros oficiales con las notas de los programas radiales de los comandantes con sus tropas, las hojas y folios de vida de decenas de oficiales y suboficiales, y centenares de documentos operacionales aportados por los comparecientes o hallados en los archivos de la Brigada y de los batallones inspeccionados, los mandos militares: (i) privilegiaron el indicador “muerte en combate" o “baja en combate" como el único real para medir el éxito del esfuerzo militar; (ii) contaban permanentemente y de manera obsesiva y pública (en los programas radiales con las tropas) las bajas y calificaban y comparaban (rankings a nivel de división, brigada y batallón) diaria y públicamente las unidades militares en función del número de bajas alcanzado, promoviendo la competencia entre unidades militares para la producción de bajas; y (iii) con base en regulaciones legales y reglamentarias existentes, pusieron en marcha un conjunto de incentivos positivos (felicitaciones, permisos, medallas, condecoraciones, planes vacacionales, anotaciones positivas en los folios de vida que luego se traducían en ascensos, comisiones al exterior y cursos prestigiosos en Colombia y el exterior) y negativos (amenazas de ser expulsados del Ejercito, de no salir a permiso o vacaciones, de ser trasladados a unidades militares en territorios minados o con presencia activa de las guerrillas, regaños, recriminaciones, burlas públicas y otros castigos) para favorecer la producción de bajas.
Todos estos hallazgos confirman lo ya encontrado por esta Sala en sus seis ADHC anteriores, a propósito de la investigación a profundidad adelantada en cinco de los seis territorios críticos -Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare, Huila y Dabeiba y el Oriente en Antioquia.
Así, por ejemplo, el general González Peña insistió a las tropas en programas radiales emitidos el 17 y 21 de marzo de 2004: “lo único que cuentan son las bajas", “las capturas no nos sirven para nada" y “lo único que sirve es dar de baja al enemigo". Ese tipo de afirmaciones fueron replicadas por Rodríguez Clavijo, ejerciendo presión y amenazando a los hombres bajo su mando. “A-6 (…) cuando va a hacer una baja mi mayor, un mayor de infantería y no ha hecho una bajita, si usted no lo hace yo lo meto allá donde esté el enemigo, póngase las pilas mi mayor", le dijo a la tropa en un programa radial del 14 de diciembre de 2006.
Siguiendo el discurso de los Generales, el Oficial de Operaciones de la IV Brigada, Juan Carlos Piza Gaviria ordenaba diariamente: “tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes"; “a la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas"; “nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30"; “en este momento se llevan 264 bajas en la brigada, en este mes el año pasado se llevaban 46 bajas y hasta el momento llevamos 16, lo que quiere decir que estadísticamente estamos lejos, entonces tenemos que presionar a todas las unidades para que arrojen resultados"; “a la fecha llevamos 270 bajas el año pasado para esta fecha llevábamos 283, este mes necesitamos hacer más de 46 bajas, si todas las unidades hacen de a dos bajas lograremos nuestro propósito y mucho más"; “estamos a 23 de agosto y llevamos 26 bajas necesitamos completar 46 bajas este mes entonces se requiere que las unidades reorienten las misiones tácticas".
La evidencia también arroja decenas de ejemplos sobre cómo los comandantes descalificaron y desincentivaron explícitamente las capturas. Así, por ejemplo, consta que, en uno de los programas radiales del general GONZÁLEZ PEÑA, la unidad identificada como Noble reportó “ayer se capturó un miliciano" y en respuesta el comandante de la Brigada IV le advirtió severamente: “mucha captura, pero nada de informaciones que nos pueda dar un resultado tangible esas capturas no nos sirve para nada".
La política de facto de conteo de cuerpos también incluyó la suscripción de "actas de compromiso" por parte de los comandantes y miembros de las unidades, en las que se comprometían explícitamente a dar bajas en combate, haciendo referencia a números específicos. Esto lo ordenó el comandante GONZÁLEZ PEÑA desde el mes de mayo de 2004, cuando señaló: “Me encuentro preocupado porque todavía hay pelotones que no han combatido ni una vez, porque enemigo tenemos por todos lados en el área urbana y rural, con plazo lunes 10 una [sic] acta para todos los comandantes de pelotón donde se comprometan que van a combatir con el enemigo y darlo de baja en combate".
De la revisión de los folios de vida de los miembros de la Brigada IV resultan decenas de casos similares en todos los batallones investigados. Por ejemplo, en el programa personal del lapso evaluable 2003-2004 del entonces mayor Pedro Antonio Sierra Sáenz, quien se desempeñaba como S-3 del BAJES, se fijó el compromiso de “planear operaciones donde se obtengan más de 85 bajas". En la evaluación del período 2005-2006 del mayor Diego Hernán Padilla Ospina, S-3 del BIOSP, se le asignaron como metas “cumplir con los objetivos trazados por el Comando de la unidad" y “realizar 30 bajas en el primer semestre".
La narrativa creada por los mandos y transmitida cotidianamente a sus tropas a través de los programas radiales fue que el buen soldado era aquel que producía bajas. El prestigio individual de soldados, suboficiales y oficiales, y colectivo de la unidad militar se construía, en muy buena medida, a partir del número de “bajas en combate" que eran capaces de producir y reportar. Por el contrario, las unidades que reportaban bajos números de muertos eran señaladas públicamente en las comunicaciones oficiales de los mandos con sus tropas como integradas por soldados perezosos, que se “estaban robando el sueldo" o “comiendo los víveres" sin trabajar, que “no hacían nada", que no respondían al esfuerzo que hacía el pueblo colombiano para aumentar significativamente el presupuesto de las Fuerzas Militares.
La política de conteo de cuerpos que encontró probada la Sala al interior de la Brigada IV, es una política de facto, es decir que no fue consignada formalmente en una ley, decreto o documento oficial de planeación, sino que fue puesta en marcha por los comandantes militares, de manera muy efectiva, en los teatros de operaciones militares. Esta política no está consignada ni surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales.
En el marco del discurso oficial del presidente de la República sobre el propósito nacional de derrotar al terrorismo, el documento oficial sobre la Política de Defensa y Seguridad Democrática se trazó como “objetivo general" hacer realidad el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Se trataba de “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley, y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común".
Este propósito fue traducido al lenguaje militar en el “Plan Patriota, para la conducción conjunta de la 'guerra irregular' en Colombia" (2002), que según su propia definición se constituía en el documento rector estratégico de las Fuerzas Militares para “solucionar el conflicto colombiano en el lapso de cuatro años" en el campo militar. El Plan Patriota estableció como una de sus principales directrices que “todos los esfuerzos recursos acciones y tareas están orientados hacia el gran objetivo de ganar la guerra con una actitud estratégica, ofensiva y contundente, debidamente articulada con tareas de acción integral".
La Política de Defensa y Seguridad Democrática así como el Plan Patriota hicieron explícita la importancia de definir y medir los resultados obtenidos con un sistema de seguimiento y evaluación, basado en indicadores de gestión y resultados, que permitiera entender los efectos de su implementación. Respecto de la medición de los resultados operacionales, los documentos oficiales de políticas hablan tanto de “bajas", como de “capturas", “desertores" y “material de guerra recuperado o capturado". El Plan Patriota establecía que “los éxitos en las operaciones se miden, antes que nada, por el alcance de los objetivos estratégicos". Finalmente, el Plan Patriota advertía que se debía: “Desarrollar una acción conjunta integrada a escala estratégica, que permita consolidar los éxitos operacionales obtenidos, donde el número de bajas es importante, pero no determinante para la obtención de la victoria".
No obstante, a pesar de no estar integralmente articulada y escrita en un solo documento formal como una ley, un decreto, un documento de planeación nacional o una directiva o resolución del nivel central de la jerarquía militar, la política de facto de conteo de cuerpos fue una política muy clara y efectiva al interior de la Brigada IV. Esta se articulaba, dictaba y transmitía cotidianamente por parte de los mandos militares. Mediante los incentivos positivos y negativos, descritos en el Auto, los comandantes dotaron a la política de facto de conteo de cuerpos de un poderoso músculo de acción que, efectivamente, condicionó la conducta individual y colectiva de las tropas desatando el patrón de conducta criminal de asesinar y desaparecer forzadamente personas en estado de indefensión para presentarlas como falsas bajas en combate.
Los comandantes de la Brigada IV tenían conocimiento de la ocurrencia de los crímenes
A partir del acervo probatorio, especialmente de las pruebas documentales que la Sala acopió con solicitudes de información e inspecciones judiciales a los archivos del Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional, la Consejería Presidencial para los DDHH y el DIH, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Antioquia, la Personería Municipal de Medellín y el periódico El Colombiano, la Sala determinó que los comandantes de la Brigada IV del Ejército Nacional durante los años 2003 al 2007 -generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo- tuvieron información a su disposición que daba cuenta de la ocurrencia de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles a manos de sus tropas para presentarlos como falsas bajas en combate; esta información aumentó de manera progresiva en el transcurso de estos años.
La Sala encontró que desestimaron las alertas de instituciones estatales, organismos intergubernamentales de derechos humanos y organizaciones sociales, deslegitimando sus denuncias, al considerarles “idiotas útiles" de la “guerra jurídica" que, según ellos, libraban las guerrillas, contra el Ejército Nacional. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2006 el diario El Espectador publicó una noticia titulada “Fiscalía se apresta a tomar decisiones – debate por muertes en Antioquia", en la que reporta la reacción del general González Peña, para esa época comandante de la Séptima División del Ejército, a los cuestionamientos que se estaban haciendo a la Brigada IV. De acuerdo con el diario, González Peña dijo que “el terrorismo le declaró la guerra al Estado en dos vías. La armada y la político- jurídica".
En el mismo sentido, en una noticia publicada por el periódico El Colombiano el 23 de mayo de 2007, titulada “ONG documenta 110 ejecuciones sumarías", donde se refiere a los informes 2006 de OACNUDH y de la Coordinación Colombia-Europa-EE.UU., el periódico reportó que el comandante de la Brigada IV, general Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, rechazó dichos informes y dijo que “es una afirmación temeraria" y que para él “hace parte de la guerra política y jurídica".
En vez de revisar su política de facto de conteo de cuerpos, la reafirmaron, arraigándose así el patrón macrocriminal.
La Sala ha podido determinar que desde el año 2003 y a lo largo de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, las familias y comunidades habían denunciado, y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, las instituciones públicas del orden nacional y territorial y los organismos intergubernamentales de DDHH habían acopiado y puesto a circular en la esfera pública información sobre la ocurrencia, naturaleza y repetición de los crímenes. Esta información se consignó en comunicados de prensa, informes públicos que fueron reportados por los periódicos de circulación nacional y territorial y en comunicaciones formales remitidas directamente a los comandantes militares.
El Comité Institucional de Derechos Humanos y DIH de Antioquia, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, remitieron directamente a los comandantes militares comunicaciones oficiales escritas, llamando su atención sobre los hechos criminales y preguntando y denunciando una serie amplia de casos específicos. La documentación incluyó el listado de por lo menos 302 casos entregados directamente a los mandos militares de la Brigada IV (en el año 2005 en una versión preliminar con más de 100 casos y en el año 2006 el listado final).
De 33 comunicaciones oficiales halladas por la Sala, dirigidas por las distintas instituciones estatales a los comandantes de la Brigada IV durante el periodo 2003-2007, 17 fueron dirigidas directamente al general Óscar Enrique González Peña primero como comandante de la Brigada IV y luego como comandante de la Séptima División; 8 fueron dirigidas al comandante Luis Roberto Pico Hernández y 6 fueron de conocimiento del comandante Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo. Todos estos documentos han sido debidamente incorporados al expediente del caso.
A lo largo de sus cuatro informes públicos anuales (2003, 2004, 2005 y 2006) sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó, año tras año, que seguía recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional y que estas se incrementaban respecto del año anterior. Desde su informe del 2003, la OACNUDH ya advertía que, en estos casos de ejecuciones extrajudiciales “cuya autoría se atribuyó a miembros del Ejército", “habrían presentado los cadáveres como muertos en combate". En todos estos informes públicos la Oficina resaltaba la situación en el departamento de Antioquia y la ocurrencia de los crímenes en la jurisdicción de la Brigada IV del Ejército Nacional. En el informe del 2004 advirtió, por ejemplo, que “Se registraron denuncias de ejecuciones de civiles atribuidas a miembros del Ejército Nacional que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Esta situación se presentó particularmente en relación con miembros de la Brigada IV del Ejército en Medellín (Antioquia), donde además se denunciaron las alteraciones de la escena del crimen, así como en el Oriente Antioqueño".
En su informe público del año 2005, la OACNUDH ya afirmaba que las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles por parte del Ejército Nacional constituían un “patrón" de conducta. En el informe del 2006 se advirtió que por su “magnitud y extensión territorial, estas ejecuciones extrajudiciales no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse" en gran parte del territorio nacional. La OACNUDH señalaba expresamente en su informe que los hechos compartían tres elementos comunes: “la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar." Finalmente, este mismo informe del 2006 ya apuntaba al vínculo del patrón criminal con la medición de los resultados operacionales e incluso reportaba el interés del Gobierno en trabajar en una propuesta de revisión de los parámetros de dicha medición: “Una interpretación inadecuada de los requerimientos de resultados en la lucha contra los grupos al margen de la ley puede ser uno de los factores de incidencia en la comisión de conductas criminosas por parte de ciertos efectivos. El Gobierno señaló su interés en trabajar en una propuesta de revisión de los parámetros que en la actualidad se aplican para medir los resultados operacionales".
Dichos informes fueron cubiertos por la prensa colombiana. Así, por ejemplo, el 19 de junio de 2005 el periódico El Colombiano publicó la noticia titulada “Sigue crítica la situación de Antioquia", en donde incluso se reproduce parte del texto del informe: “Se registraron denuncias de ejecuciones de civiles atribuidas a miembros del Ejército Nacional que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Esta situación se presentó particularmente con miembros de la Brigada IV en Medellín (Antioquia), donde además se denunciaron las alteraciones de la escena del crimen, así como en el Oriente Antioqueño. Son representativas de esto la masacre de cuatro campesinos, entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1.º de enero de 2004, en Granada".
Además, consta en el expediente la realización de una serie de reuniones de trabajo entre funcionarios públicos de las distintas instituciones estatales nacionales y territoriales y los mandos militares, donde se les puso en conocimiento de los hechos criminales y se les entregó información puntual sobre casos específicos. En varias de estas reuniones se contó con la participación de miembros de la OACNUDH en Colombia.
Un hito del conocimiento de los mandos militares sobre los crímenes en la jurisdicción de la Brigada IV del Ejército Nacional fue la reunión de alto nivel convocada por el entonces Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, a instancias del Comité Institucional de Derechos Humanos del departamento, que tuvo lugar el 24 de abril de 2006 en las oficinas de la Gobernación en Medellín. Como lo han relatado a la JEP varios comparecientes, entre ellos el general González Peña, así como otros testigos, y consta en informes oficiales de la Séptima División del Ejército aportados por el mismo compareciente, en la reunión de alto nivel participaron, entre otros, altos funcionarios de la vicepresidencia de la República, del Ministerio de Defensa Nacional, la señora Carmen Rosa Villa en su calidad de Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobernador de Antioquia y varios comandantes militares, incluido el general Óscar Enrique González Peña en su calidad de comandante de la VII División del Ejército.
En dicha reunión, el Comité Institucional de Derechos Humanos de Antioquia y la OACNUDH expusieron detalladamente la situación y presentaron la relación de casos. En seguimiento a la reunión, la Procuraduría enfatizó que la investigación debía cubrir los 332 casos con más de 500 víctimas entregados por el Comité y no solo los 29 casos presentados por la OACNUDH.
El patrón macrocriminal y las modalidades de los ´falsos positivos´
Antioquia es el departamento de Colombia que, entre los años 2002 y 2008, concentra el mayor número de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en el país por parte de agentes del Estado para presentar a las víctimas como falsas bajas en combate. De acuerdo con el Universo Provisional de Hechos del Macrocaso 03 (6.402 víctimas), una cuarta parte (25,19%) de este tipo de asesinatos ocurrió en territorio antioqueño. El patrón macrocriminal ya determinado por la Sala para los años 2002 y 2003 especialmente en el oriente antioqueño (ADHC 062 de 2023), se extendió y consolidó a lo largo y ancho del departamento de Antioquia durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Como lo muestran todas las fuentes, el año 2002 marcó el despegue del fenómeno en el departamento y los años 2004, 2005, 2006 y 2007 fueron los más críticos. El pico en Antioquia se alcanzó para el año 2004, antes que en el resto del país. La curva cayó abruptamente a finales de 2008, cuando el presidente de la República de entonces decidió retirar discrecionalmente del servicio a 27 altos oficiales y suboficiales del Ejercito, con motivo de desapariciones forzadas y homicidios y luego de la investigación interna que culminó con el conocido “Informe Suárez".
Para mediados del 2002, las guerrillas del ELN y las Farc-EP habían logrado ejercer cierto control militar en el Oriente antioqueño (particularmente en lo que se conoce como el Oriente Lejano), en varias comunas de la ciudad de Medellín, en parte del Nordeste y el Bajo Cauca Antioqueños, y tenían una disputa abierta con grupos paramilitares en el Norte de Antioquia, en la región del Paramillo. Debido a los retenes, el tráfico por la Autopista Bogotá-Medellín era intermitente, y los viajeros, comerciantes y turistas, estaban expuestos a la zozobra de las extorsiones y los secuestros (particularmente en el paso de la carretera por los municipios de San Luis y San Francisco). Estaba comprometida la seguridad de la producción de energía en la zona de embalses por las voladuras de las torres de energía, y los campos minados sembrados por las guerrillas tenían confinadas a poblaciones enteras de Cocorná y San Luis. Las Farc-EP se habían tomado varios municipios, como San Carlos en agosto de 1998 y Granada en diciembre de 2000, y, de manera reiterada, sitios estratégicos del sistema hidroeléctrico, como las centrales de Calderas y de Jaguas en el municipio de San Rafael.
La política del Gobierno de enfrentar militarmente a las guerrillas fue exitosa y muy pronto el Bloque Noroccidental de las Farc-EP tuvo que retirar estructuras y fusionar otras. Asimismo, los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron prácticamente desarticulados, reducidos al trabajo miliciano. Las unidades guerrilleras sobrevivientes se fragmentaron y se replegaron a las partes altas de las cordilleras.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los falsos positivos en Antioquia no ocurrieron durante la fase crítica de la confrontación militar de las guerrillas, sino después de que estas habían sido derrotadas y replegadas estratégicamente y una vez se habían también desmovilizado los grupos paramilitares. Así, las subregiones del Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño registraron picos históricos en la práctica criminal justo después de que el Frente Urbano Jacobo Arenas (FURJA) quedara prácticamente desmantelado, y los Frentes 9 y 47 se replegaran hacia zonas vecinas por instrucciones del Estado Mayor del Bloque Noroccidental. Asimismo, el pico histórico registrado en el Norte Antioqueño y en la región del Paramillo en 2006 sucedió al repliegue de las Farc-EP a las regiones colindantes del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños, tras ocho años de intensa confrontación entre 1997 y 2005, y a las desmovilizaciones de los grupos paramilitares regionales entre 2005 e inicios de 2006.
¿Por qué la inmensa mayoría de los falsos positivos en Antioquia ocurrieron cuando las guerrillas habían sido derrotadas o replegadas estratégicamente y los grupos paramilitares ya se habían desmovilizado? Porque los comandantes en los distintos teatros de operaciones militares siguieron exigiéndoles a las distintas unidades militares que debían producir bajas ´en combate´, presionándolos ferozmente por superar los números de muertos de los períodos evaluables anteriores, promoviendo una competencia por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales de muertos, a pesar de que las guerrillas ya habían sido derrotadas o replegadas fuera de la jurisdicción de la Brigada IV del Ejército Nacional.
En este Auto de Determinación de Hechos y Conductas, la Sala confirma las tres modalidades de acción criminal que ya había establecido en los demás territorios críticos e identifica una nueva:
La primera modalidad consistía en el asesinato de civiles retenidos previa y arbitrariamente señalados como milicianos, auxiliadores o integrantes de grupos armados, especialmente de las guerrillas, sin verificar la información ni mucho menos someterla a un verdadero ciclo de inteligencia. Las víctimas eran retenidas en sus hogares o en espacios públicos de sus barrios y veredas por miembros de las unidades militares y/o grupos paramilitares, en el marco de acuerdos explícitos de cooperación criminal. En 22 casos con 41 víctimas, las personas asesinadas y/o sus familiares fueron además torturadas.
Así, por ejemplo, ocurrió con el asesinato de los campesinos Luis Albeiro Avendaño Muriel, Luis Argiro Agudelo y John Jairo Bernal en la vereda Santa Marta, municipio de Sonsón, el 5 de mayo de 2005. Integrantes de la contraguerrilla Corcel 2 del Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) retuvieron a las víctimas en sus casas, las golpearon, patearon, amarraron de manos, frente a sus compañeras e hijos pequeños y luego las trasladaron a lugares cercanos, donde fueron asesinadas por la tropa y presentadas como bajas en combate.
Luis Albeiro fue abordado en su casa por cinco militares acompañados de dos guías encapuchados, mientras arreglaba un radio en compañía de su esposa con siete meses de embarazo y sus tres hijos pequeños. A pesar de que su esposa, Martha Isabel Guerra Úsuga, les siguió para rogarles que no lo mataran, finalmente fue asesinado: “A mi esposo lo mataron amarrado a un palo, amarrado como un animal"1275. Cuando ella les imploró que lo liberaran, la tropa le respondió: “Como me dijo un soldado, 'no se lo podemos entregar porque es que nosotros tenemos que dar resultados'. Para él era un resultado, para mí era todo en la vida porque yo dependía económica y totalmente de él. Mi amigo, mi compañero en las buenas y en las malas. El padre de mis hijos, el amor de mi vida. Y sé que no lo volveré a revivir con todo lo que haga, pero sé que al menos el nombre de él quedará limpio".
La segunda modalidad consistía en captar víctimas mediante falsas ofertas de trabajo, engañándolas para que se trasladaran con militares, reclutadores civiles o paramilitares hasta un lugar previamente definido por los responsables de la operación. Allí, las víctimas eran entregadas a los militares encargados de asesinarlas. Esto, especialmente, se dirigió contra personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La sala también estableció la existencia de acuerdos explícitos de cooperación entre militares y paramilitares, en los que estos últimos se encargaban de atraer a las víctimas mediante engaños.
Una serie de casos que ilustran esta segunda modalidad son el ´reclutamiento´ por medio de engaños de por lo menos 59 personas por la red de terceros civiles reclutadores liderada por el civil José Román Oliveros Díaz (†), conocido como Romi o Román. De la misma manera en que ocurrió en la Brigada Móvil 15 en el Catatumbo durante los años 2007 y 2008, la Sala determinó que, a lo largo de los años 2005 y 2006 en diferentes subregiones del departamento de Antioquia, miembros de varios batallones de la Brigada IV del Ejército Nacional, entre ellos del BIOSP y el BIGIR, “contrataron" los servicios criminales de dicha red de terceros civiles reclutadores para conseguir a víctimas de falsos positivos. A cambio de pagos en dinero (entre dos y tres millones de pesos por víctima conseguida), los terceros civiles reclutadores se encargaron de la selección, el engaño y el traslado de las víctimas a los lugares convenidos previamente con los miembros de las secciones de inteligencia de los batallones, donde las recibían las tropas que las ejecutaban. Además, ocasionalmente, los reclutadores facilitaron sus propios vehículos y aportaron el armamento que fue implantado a las víctimas para fingir el supuesto combate (kit de legalización). Como retribución a su trabajo, este grupo de civiles recibió pagos periódicos en efectivo, que podían provenir de la cuenta de gastos reservados de la unidad militar o a título de recompensas por información.
La tercera modalidad consistía en asesinar combatientes enemigos rendidos, heridos o capturados, que se entregaron a la tropa tras haber sido parte de un enfrentamiento armado, expresando su decisión de ser capturados o de vincularse a los programas oficiales de desmovilización y reincorporación a la vida civil de excombatientes. En varios casos, las víctimas les entregaron a los militares su propio armamento y material de guerra o les indicaron la ubicación de campamentos o “caletas" de las guerrillas u otros grupos armados ilegales. Así, por ejemplo, ocurrió con el asesinato de la niña Martha Olivia Duque García el 24 de agosto de 2004 en el municipio de Cocorná, Antioquia, por tropas del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES). Martha Olivia fue gravemente herida en un seno en combate con el Ejército, se arrodilló en el piso y alzó las manos en señal de rendición: “Mono, no me mate que yo me entrego" le rogó al soldado que la encontró. Fue retenida por los militares, interrogada y tras haber aportado información fue asesinada y presentada como una baja en combate. El cuerpo de la víctima fue transportado a caballo hasta un trapiche cercano y luego entregada a la morgue del municipio.
Finalmente, la Sala identificó una cuarta modalidad inédita a los hallazgos reportados en las seis investigaciones regionales del Caso 03. Se trata del asesinato oportunista de personas que no habían sido previamente señaladas de pertenecer a grupos guerrilleros ni engañadas con falsas ofertas de trabajo. Por el contrario, las víctimas estaban en lugares donde las tropas se encontraban acantonadas, patrullando o de paso, y fueron asesinadas en circunstancias improvisadas, con menor planeación, o en escenarios que los responsables denominaron ante la JEP "errores operacionales", los cuales fueron utilizados para presentarlas como bajas en combate y así inflar las estadísticas de resultados.
La sala ha determinado que, del total de 442 víctimas (de las cuales 8 sobrevivieron), al menos 187 fueron asesinadas bajo la modalidad de retención tras un señalamiento arbitrario y 146 lo fueron por engaño. En otros 17 casos, se trató de combatientes que se entregaron a las tropas del Ejército con la intención de acogerse a los programas oficiales de desmovilización y reinserción. Finalmente, al menos 10 víctimas fueron asesinadas en la modalidad oportunista.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Las personas asesinadas fueron en su mayoría hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas), 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño) y, del total, 26 eran niños y niñas. La mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y su área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Entre estos últimos encontramos personas desempleadas, trabajadores informales y estacionales, conocidos en zonas rurales como andariegos, vendedores ambulantes, recicladores, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes y personas con discapacidades físicas y mentales. Pero también encontramos estudiantes de secundaria, técnicos, universitarios y profesionales.
Así como en los años 2002 y 2003, en el periodo 2004-2007, el Oriente antioqueño, con 182 casos, continuó siendo la región más afectada. Sin embargo, durante esos años se consolidaron otros dos nodos del patrón criminal: el Valle de Aburrá, con 122 'falsos positivos', y el norte de Antioquia, con 62 víctimas. La Sala también documentó 37 casos en el Suroeste, 35 en el Occidente y 2 en el Bajo Cauca.
Daños a las familias y comunidades
Escuchando a las víctimas, la JEP determinó los daños causados por los crímenes. Los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas sufrieron graves consecuencias en su salud física y mental (depresión, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, entre otras). Enfrentaron amenazas, desplazamientos forzados, estigma, revictimización y una serie de barreras para acceder a la justicia. Además, sufrieron al ver que el buen nombre y la identidad de sus seres queridos fueron denigrados.
Las familias sufrieron graves daños en su patrimonio, ya que muchas de las víctimas eran los principales proveedores económicos. Además, tuvieron que destinar recursos a la búsqueda de los desaparecidos y a los trámites y procesos para lograr justicia. Los niños y niñas fueron especialmente afectados, pues perdieron sus figuras de protección y tuvieron que interrumpir sus estudios y el curso normal de la vida.
Como la inmensa mayoría de las personas asesinadas fueron hombres, las mujeres experimentaron un impacto particular. Como madres, compañeras, esposas, hijas y hermanas de los asesinados tuvieron que enfrentar las pérdidas y asumir cargas adicionales al convertirse en proveedoras económicas, y al mismo tiempo ejercer sus tareas de cuidado. Fueron las principales encargadas de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, comprometiendo sus propios proyectos de vida y asumieron la responsabilidad de cuidar a los huérfanos (nietos, sobrinos, hermanos, primos) en condiciones de luto y dolor profundo.
Los asesinatos y desapariciones forzadas también causaron daños en las comunidades, profundizando en muchos casos la estigmatización y exclusión de ciertos grupos familiares. El uso de guías e informantes de la misma comunidad —en algunos casos forzados— por parte de la fuerza pública, generaron desconfianza y afectaron las relaciones de proximidad y solidaridad entre los habitantes.
¿Qué sigue?
Una vez notificados, los 41 imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. También pueden presentar argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para hacer observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial.
Si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública en la que reconocerán su responsabilidad y aportarán verdad ante el país y con la participación activa de las víctimas. Después de esto, si la Sala de Reconocimiento de Verdad concluye que han reconocido efectivamente su responsabilidad y proporcionado verdad "plena, detallada y exhaustiva", los remitirá, mediante una Resolución de Conclusiones, al Tribunal Especial para la Paz. Allí la Sección de Reconocimiento de Verdad terminará de definir su situación jurídica. Antes de determinar las labores, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, la cual será monitoreada y verificada, esta instancia del tribunal se asegura de que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.
Los comparecientes también podrán rechazar su responsabilidad y optar por la vía adversarial. En dicho caso serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz. Después de un juicio con todas las garantías, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
tomado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/la-jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-cuatro-generales-35-oficiales-y-suboficiales-antiguos-miembros-de-l.aspx
