La polémica entre el gobierno y el ELN sobre narcotráfico y “Acuerdo Nacional” no inaugura un debate nuevo. Retoma discusiones históricas ya plasmadas en acuerdos y procesos anteriores. Lo urgente no es la retórica, sino si existe voluntad real para transformar las bases económicas y políticas de la guerra.
La reciente comunicación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fechada el 18 de febrero de 2026, reactiva la tensión política en torno a la “superación del narcotráfico” y a la propuesta de un “Acuerdo Nacional”. Sin embargo, más allá del cruce de acusaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro, el debate exige perspectiva histórica: no se trata de un tema nuevo ni de una fórmula inédita.
Narcotráfico y negociación.
En distintos ciclos de diálogo con el ELN se han abordado economías ilegales, territorialidades armadas y participación social. En el proceso reciente se suscribieron acuerdos parciales, entre ellos los numerados 6, 9 y 28, que contemplan una mirada común de paz, una real participación de la sociedad, alivios humanitarios y mecanismos de seguimiento y verificación.
En ese marco, la propuesta de una comisión internacional para tratar el problema del narcotráfico tampoco es inédita. El ELN ha planteado esta discusión no solo al Estado colombiano, sino también a Estados Unidos, entendiendo el fenómeno como una responsabilidad transnacional. Hoy el presidente Gustavo Petro retoma el tema, pero el ELN cuestiona, según su comunicado, que el gobierno lo reacomoda y descontextualiza, alejándolo de su sentido inicial, un abordaje estructural y multilateral, no instrumental ni unilateral.
Presentar como novedad una “Comisión de verificación internacional sobre el narcotráfico” desconoce, además, que la verificación internacional ha sido un componente recurrente en los procesos de paz en Colombia, como ocurrió con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia tras el Acuerdo Final con las FARC-EP. La verificación es una herramienta estándar en negociaciones complejas, no una innovación coyuntural.
“Acuerdo Nacional”: una idea con trayectoria
La apelación a un “Acuerdo Nacional” para superar la crisis estructural del país tiene antecedentes claros. Incluso, el proceso del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la Constitución de 1991 se insistía en un gran pacto político y social que trascendiera la lógica militar.
En su libro “Razones de Vida”, Vera Grabe ex dirigente del M19, hoy parte de equipo de trabajo del Comisionado de Paz del gobierno Petro, recoge esa perspectiva, y en 1997 Manuel Pérez Martínez, entonces comandante del Ejército de Liberación Nacional, planteó una Convención Nacional como escenario de transformación estructural y paz con justicia social.
La fórmula no es nueva; lo que cambia es la correlación de fuerzas y la profundidad real de las reformas.
La actual narrativa que alude a una “narcotensión” reactualiza un debate histórico no resuelto.
Narcotráfico: estructura económica, no coyuntura
El ELN cita a Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes, quien estima que el narcotráfico aporta cerca del 4,5% del PIB (más de 15.000 millones de dólares anuales). De ser así, confirma que no es un fenómeno marginal, sino una economía integrada al modelo de acumulación.
Cualquier plan serio debe abordar la estructura de la tierra, el lavado de activos, la inserción en el mercado global de drogas y la responsabilidad de élites económicas y redes transnacionales. De lo contrario, se reduce a retórica. La discusión de fondo es sobre una cadena que involucra actores financieros, empresariales y consumidores globales.
Perfidia y crisis de confianza. El punto más delicado del comunicado es la denuncia de que, tras una reunión exploratoria en el Catatumbo con presencia de emisarios oficiales y acompañamiento internacional, se habrían ordenado bombardeos en la misma zona. De confirmarse, ello afectaría gravemente el principio de buena fe.
Sin embargo, la desconfianza ha sido estructural en los diálogos colombianos, marcados históricamente por negociaciones en medio del escalamiento militar nacional y de un contexto internacional de agresión y exigencia de subordinación por parte de EEUU, esta “narcotensión” actual debe leerse en ese contexto.
¿Cortina de humo o debate estructural?
El ELN sugiere que el gobierno utiliza el tema del narcotráfico como “cortina de humo” frente a escándalos internos. Esta afirmación forma parte de la disputa política coyuntural. Sin embargo, más allá de la intencionalidad atribuida, el punto central sigue siendo estructural, la superación del narcotráfico exige reformas profundas que exceden la lógica electoral, los tiempos de gobierno y la tensión o agresión de EEUU.
Si el debate se reduce a un intercambio de acusaciones, perfidia versus instrumentalización política, se pierde la oportunidad de avanzar en un diagnóstico compartido sobre un fenómeno que atraviesa al Estado, la sociedad, el mercado y actores armados.
Nada nuevo, pero sí urgente.El “Acuerdo Nacional” no es una invención reciente, tiene raíces históricas precisas. La verificación internacional tampoco es novedad, sino un mecanismo ya probado en procesos anteriores. Y la centralidad del narcotráfico como problema estructural ha sido ampliamente documentada.
Los acuerdos firmados, 6, 9 y 28, muestran que existen bases formales para avanzar, si hubiese voluntad política real.
Lo nuevo no es el contenido, sino la tensión acumulada en un escenario electoral y en medio de una reconfiguración geopolítica más amplia. La cuestión de fondo es si la correlación de fuerzas permite transformar un modelo económico y territorial que, durante décadas, ha hecho de la guerra un mecanismo de regulación social y acumulación.
¿Puede desmontarse la economía de guerra sin tocar las estructuras profundas del poder económico y político en Colombia? Mientras esa pregunta no se asuma con radicalidad democrática y participación social efectiva, gobierno e insurgencia seguirán enunciando fórmulas conocidas en un país que habla de paz desde hace décadas, pero no ha resuelto sus causas estructurales.
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