El periodista Juan Gossaín escribe sobre la polémica que ha generado el nuevo esquema de aseo.
Y, mientras tanto, la señora Sandra Morelli, contralora general de Colombia, me explica que el asunto es mucho más grave. Aunque la situación de Bogotá merece cuento aparte, también empiezan a descubrirse los desmanes que se cometen con las tarifas de aseo en todas las regiones del país.
Del dicho al hecho...
-En varias ciudades hemos detectado sobrecostos en los recibos del aseo -me dice la contralora Morelli, de quien yo podría comentar, en vista de todo lo que está haciendo, que es una mujer con los dídimos bien puestos, si no fuera porque a una dama no se le toca ni con el pétalo de una glándula. (Es un piropo, que conste).
Ante esos hallazgos, sus investigadores dedicaron los últimos meses a una inspección rigurosa, a manera de ejemplo, de lo que está pasando en tres ciudades: la misma Bogotá, Cartagena y Montería. Los abusos son evidentes.
Para empezar por el principio, es bueno saber a qué se compromete un operador de aseo público cuando cobra el recibo. De acuerdo con una ley del año 2002, queda obligado a lo siguiente: recolección y transporte de basura, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de césped, poda y tala de árboles en esos mismos lugares, lavado de dichas áreas, transferencia y tratamiento de los desperdicios, su aprovechamiento y la disposición final.
Esos son los deberes que tienen los empresarios recolectores desde el momento en que se ganan la lotería de una concesión. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho: entre esa lista de compromisos hay varios renglones que son, precisamente, los que sirven para exprimirles la ubre a los usuarios.
Si es verdad que los operadores del servicio están abusando, dice Gossaín, también lo es que el problema no se resuelve alquilando camiones en mal estado.
Tarifas nuevas cada mes
En el caso concreto de la recolección de basuras en Bogotá, la Contraloría General de la República descubrió un sistema de cobros verdaderamente original y curioso, por llamarlo de alguna manera: las tarifas que cada usuario paga no son fijas, sino que varían mensualmente. Por si no me han entendido, o por si ya se desmayaron, lo que estoy diciendo es que las tarifas de aseo en Bogotá cambian mensualmente, establecidas, en apariencia, por las normas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), una dependencia de la Alcaldía bogotana. (Lea Vecinos del Complejo Acuático se quejan por mal olor de volquetas).
Es así como, según los documentos que he podido revisar, en los 58 meses transcurridos entre enero del 2008 y octubre del 2012, las tarifas de aseo que pagan los residentes de Bogotá variaron 58 veces.
Lo más grave, naturalmente, no es la cantidad de tarifas, sino la cantidad de plata que le arrancan a la gente. Dije que el control que ejerce la Alcaldía sobre las tarifas solo es aparente porque la Contraloría General encontró que, en esas tarifas mensuales, ya va incluido el costo de los llamados “servicios especiales de aseo”, que son el corte de césped, la poda o tala de árboles en calles y lugares públicos, más la limpieza de los parques.
Cobran dos veces
La verdad es que por mandato de leyes y decretos, que son los reyes de burlas en Colombia, está prohibido que las empresas recolectoras de basura cobren los servicios especiales mencionados por fuera de la factura mensual. Pues bien: en Bogotá, igual que en otras ciudades, los operadores cobran ese servicio dentro de la tarifa pero también lo cobran por separado. Es decir: lo cobran dos veces. Ese es el sistema en el cual se amparan los recolectores de basura para sobrepasar el precio máximo que autoriza la CRA, que es la comisión reguladora del Estado encargada de vigilar las tarifas.
Sin contar con que, en el caso específico de Bogotá, la poda y tala de árboles suele hacerlas el Jardín Botánico, que no tiene nada que ver con los recolectores. (Qué ironía: un jardín botánico que corta árboles, en vez de sembrarlos, es como un cuerpo de bomberos que provoca incendios en vez de apagarlos).
Pero, como éramos pocos, parió la abuela: la Contraloría General acusa así mismo a la comisión de servicios públicos de Bogotá, la mencionada Uaesp, de fijar sus tarifas mensuales “sin estudios técnicos ni documentos” que soporten el costo de tales tarifas, a la bulla de los cocos, a topa tolondro, con lo cual los bogotanos terminan pagando más de lo que debieran por unos excedentes que no tienen nada que ver con el servicio de aseo.
La conclusión a que llegan los investigadores es elemental: el renglón correspondiente a “servicios especiales” se está utilizando mañosamente para sobrepasar las tarifas aprobadas por las autoridades. Y eso que, según los últimos informes conocidos, la utilidad anual de las compañías de aseo fue de 120.000 millones de pesos.
Si en Bogotá llueve...
... en el resto del país está cayendo el diluvio universal. Aseo Urbano de la Costa y Pasa Caribe, las dos empresas privadas que prestan el servicio en Cartagena, también están cobrando por separado los “servicios especiales”, que, según puede verse en las calles, ni son especiales ni son servicios. En este momento, por añadidura, los contratos de concesión con ambas compañías están bajo investigación de Contraloría y Procuraduría, por unas ampliaciones y prórrogas sospechosas que la Alcaldía les hizo recientemente.
Por su parte, el contralor municipal de Montería solicitó el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios -qué nombrecitos interminables tienen estos organismos oficiales- con el propósito de inspeccionar a la empresa recolectora de basura, Servigenerales, porque está cobrando en esa ciudad unas tarifas desproporcionadas.
Dice el contralor monteriano que, al compararlas con otros municipios del país, donde la misma empresa tiene el mismo negocio, los usuarios de Montería pagan una diferencia mayor al 43 por ciento. Sostiene además que, contra lo que manda la ley, en los recibos mensuales no vienen discriminados ni detallados los diferentes cobros que hacen.
El señor Esquivia, contralor de la capital cordobesa, sostiene que la Superintendencia se negó a acompañarlo en esas diligencias. Sin embargo, la Súper me responde diciendo que no podía complacer al contralor en su solicitud porque no la hizo de manera formal, sino verbal, y porque, además, esa entidad no tiene competencia para examinar los contratos que suscriban los prestadores de servicios. En esos casos el único juez es un tribunal administrativo.
De todas maneras, el superintendente nacional, César González Muñoz, me envía un mensaje en el que dice que su despacho sí encontró indicios de cobros excesivos en algunos componentes de las tarifas de aseo en Montería. “Si se confirma que hubo esos cobros -dice el señor González-, la empresa deberá recalcular sus tarifas y devolverles el excedente a los suscriptores”.
El carrusel del aseo
Hay más patas que le nacen al cojo. Le nacen todos los días. La Contraloría General le está haciendo un seguimiento cuidadoso a los sobrantes de dinero que por cuenta de los servicios públicos le han venido quedando, año tras año, a la Unidad Administrativa de la Alcaldía de Bogotá, la famosa Uaesp, que ya mencionamos.
En esos excedentes se acumularon 343.000 millones de pesos, nada menos, con los cuales, en vez de devolvérselos a los usuarios, que son sus verdaderos dueños, la Alcaldía capitalina resolvió hace varios años abrir una fiducia privada. De manera que ese platal no regresó a sus dueños pero tampoco entró a los presupuestos de la entidad.
Los indicios más serios señalan que de ese fondo habría salido buena parte de la fortuna que se robaron los implicados en el “carrusel de la contratación”. Por ejemplo: con fondos de esa fiducia pagaron grandes campañas publicitarias de la Alcaldía, al igual que unas asesorías del abogado Álvaro Dávila, que acaba de ser encarcelado a cuenta del mismo carrusel.
¿De quién son los camiones?
Hace pocas semanas, en una crónica que se publicó en estas mismas páginas, expliqué que, cuando terminen las concesiones de la telefonía celular, sus equipos e implementos deben pasar a propiedad del Estado. Eso es lo que dicen los contratos.
Ahora vengo a descubrir que con los contratos de recolección de basuras ocurre exactamente lo mismo: de acuerdo con su contenido, cuando un ciudadano paga la factura mensual del aseo, la compañía operadora le cobra adicionalmente una cuota por el valor del camión, su depreciación, el desgaste de las llantas y hasta el combustible que consume, incluido el aceite. Pero, además de los camiones, la gente también paga por el resto de los equipos que se emplean en esa tarea.
La verdad es que los camiones ya fueron pagados por los ciudadanos. Los camiones le pertenecen al municipio que contrata a la empresa respectiva. Lo que pasa es que, como esos contratos de aseo no son nacionales, sino locales, no hay nadie que defienda los derechos del pobre municipio. ¿Por qué alcaldes y concejales guardan silencio? Quién sabe.
La Contraloría General considera que, si al final de la concesión no se entregan los camiones y demás equipos a los municipios, los recolectores tendrán que devolverles a los ciudadanos la plata que han cobrado por ellos.
Epílogo con tres preguntas
Volvamos al tema espinoso de las tarifas. La contralora Morelli le acaba de mandar un requerimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos para que informe cuáles han sido sus actuaciones a fin de evitar que las tarifas que se cobran no violen las disposiciones legales. Y que las fijen además con fundamento en documentación técnica y en estudios que las respalden.
Por su lado, la CRA, comisión reguladora del gobierno, tendrá que explicarle a la Contraloría por qué no ha cumplido con su obligación de dictar las fórmulas que permitan fijar las nuevas tarifas, ya que las pautas actuales están vencidas desde hace dos años.
¿Por qué las dejaron vencer? ¿Por qué no las han actualizado? ¿Será que las viejas tarifas son tan altas, y se prestan para tantos abusos, que no les conviene cambiarlas por unas nuevas? Propongo que lo averigüe el mismo genio que contrató los camiones en Estados Unidos. Porque, si es verdad que los operadores del servicio están abusando de la gente, también lo es que el problema no se resuelve alquilando camiones podridos. Ni poniendo al Acueducto de Bogotá a recoger las basuras. Que yo sepa, un error no se corrige con otro error. Ni dos errores juntos hacen un acierto.