Por: Semana
Entre los 16 generales que estarían involucrados están el actual comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército Nacional.
HRW: Altos mandos militares involucrados con casos de 'falsos positivos' El actual comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y el comandante del Ejército Nacional, general Jaime Lasprilla. Foto: El Espectador
Este martes el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, reveló que el excomandante del Ejército, general Mario Montoya, y otros tres altos militares en retiro, Ricardo Andrés Bernal, Jorge Arturo Salgado y Henry William Torres, deberán comparecer ante un fiscal delegado de la Corte para explicar su presunto conocimiento en episodios relacionados con ‘falsos positivos’.
La decisión del fiscal fue el preámbulo de la presentación del informe de Human Rights Watch (HRW) sobre ejecuciones extrajudiciales que se conoció este miércoles en Bogotá. El documento de 112 páginas de la ONG estadounidense señala que un grupo de 16 generales del Ejército estaría comprometido con decenas de casos de ejeciones extrajudiciales.
Algunos de esos altos oficiales son los que ya ha citado la Fiscalía. Sin embargo, llama la atención y dará mucho de qué hablar la aparición de otros nombres incluidos en la escandalosa investigación de la ONG, comenzando por el actual comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez, y el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla.
Curiosamente, el duro informe de HRW se conoce horas antes de la ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes del Ejército donde los altos mandos y las tropas reconocen al nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Según el informe, en septiembre del 2008, “el escándalo mediático sobre la ejecución por soldados de hombres jóvenes y adolescentes de Soacha, un suburbio de Bogotá, influyó en que el Gobierno se viera obligado a adoptar medidas serias para frenar estos delitos, incluido el pase a retiro de tres generales del Ejército. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de ‘falsos positivos’ atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre el 2002 y el 2008. Entre los condenados hubo unos pocos excomandantes de batallones y de otras unidades tácticas, pero ningún oficial al frente de brigadas o que ocupara una posición superior en la línea de mando en el momento de los delitos. De los 16 generales del Ejercito activos y retirados que están siendo investigados, ninguno ha sido acusado formalmente”.
La investigación de HRW ofrece la descripción más detallada que se ha publicado hasta el momento sobre este tema. Investigadores de la ONG analizaron 11 brigadas y los comandantes que estaban a cargo en su momento.
El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante de las FF. MM., está siendo investigado por al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual él estuvo al mando. El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, es acusado por 48 ‘falsos positivos’ ejecutados por soldados de la novena brigada cuando él la dirigía.
Los generales investigados que dirigieron la Cuarta Brigada, que opera en parte de Antioquia, Caldas y Chocó, son el general (r) Luis Roberto Pico, acusado de 124 ejecuciones; Jorge Ernesto Rodríguez, por 79 casos; Óscar González Peña, por 113, y Mario Montoya, por 44.
De la Décima cuarta Brigada, que tiene jurisdicción en el nordeste antioqueño, Boyacá y Santander, están siendo investigados el general Jorge Segura por 39 falsos positivos y el coronel Juan Carlos Barrera por 12 casos.
De la Décimo Sexta Brigada, que opera en Casanare y partes de Boyacá, es investigado el general Henry William Torres, quien, según el informe no solo encubrió, sino que además ordenó y planificó al menos 66 falsos positivos.
Otros generales investigados por ‘falsos positivos’, pero que aún no está confirmado en cuántos casos pudieron haber participado, son Juan Carlos Piza, de la Cuarta de Brigada; Luis Alberto Pinto, Javier Fernández y Jorge Salgado, de la Décima Primera Brigada; Francisco Ardila Uribe y Luis Antonio Coronado, de la Séptima Brigada, y (r) Jairo Herazo Marzola y José Emiro Barrios, de la Octava Brigada.
En la investigación se revelan algunas polémicas declaraciones. Según la ONG, el teniente coronel Róbinson González del Río, quien ya ha reconocido responsabilidad de por lo menos 27 ‘falsos positivos’, declaró que varios generales autorizaron y encubrieron delitos de sus tropas, entre ellos el general Juan Pablo Rodríguez, cuando dirigía la cuarta brigada; el general (r) Hernando Pérez, entonces comandante de la Tercera División.
“González del Río también contó a fiscales que el general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero del 2006 y noviembre del 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate (bajas), los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos”, dice el documento.
El informe también critica la falta de supervisión por parte de Estados Unidos y pide al gobierno de Obama suspender la parte de la ayuda militar a Colombia que está condicionada al respeto a los derechos humanos, una partida de alrededor de siete millones de dólares al año.
El senador Patrick Leahy, el autor de la ley que permite dicha suspensión, dijo que estaba profundamente preocupado por el informe y pidió una respuesta enérgica de Estados Unidos.
"Esto demuestra que mientras proveíamos miles de millones de dólares en ayuda al Ejército colombiano durante muchos años, sus tropas ejecutaron sistemáticamente a población civil", dijo el demócrata de Vermont en un comunicado. "Coroneles y generales que comandaban las unidades responsables de los falsos positivos han llegado a la cima del Ejército sin temor a que nada iba a pasar con ellos".
Aunque el Ministerio de Defensa siempre ha negado que se hiciera la vista gorda ante los presuntos crímenes cometidos por miembros de sus tropas, la última palabra la tienen las autoridades judiciales, que serán las encargadas de verificar la información que provee el informe y tomar decisiones si hay lugar a ello.
El total de presuntas ejecuciones indicado para cada brigada corresponde al periódo 2002 2008 y está nasado en la cnatidad de casos que están siendo investigados actualmente por la Unidad de DErechos Humanos de la Fisclaía General de la Nación. Representan una fracción de la cantidad real de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados del Ejéricto.
Foto: hrw.org
