Continúan los atropellos por parte del Estado contra comunidades campesinas en el departamento del Meta (Colombia)

Linea Conflicto Social y Paz

Por: ASCAL-G- Meta

Desde hace semanas el fiscal general Francisco Barbosa Delgado ha emitido órdenes para la captura indiscriminada de campesinos y campesinas que bajo sospechosas pruebas han sido tratados como delincuentes mientras que los gigantes terratenientes, socios de la elite política guerrerista continúan promoviendo la deforestación, la injerencia de multinacionales petroleras y el narcotráfico con contubernio de la fuerza pública, departamento del Meta (Colombia)

 

 

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DENUNCIA PÚBLICA
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

La Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero -ASCAL-G- denuncia ante la comunidad nacional e internacional los atropellos de los que están siendo víctimas las comunidades por parte de las Fuerzas militares, la Fiscalía, policía Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente que insisten en atender con guerra y desplazamiento un problema estructural que requiere soluciones diferentes en el marco de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.


HECHOS

• Desde inicios de este año se han venido adelantando intensos operativos en contra de campesinos y campesinas lo que ha ocasionado más de una decena de capturas, desplazamiento, atropellos, intimidaciones, persecuciones y judicializaciones que no garantizan el debido proceso, obligan a las personas a firmar documentos lesivos para su humanidad y quebrantan los acuerdos que han venido adelantándose con las organizaciones del territorio en la búsqueda de soluciones integrales que atiendan las necesidades del campesinado y la deuda histórica del Estado con las comunidades y el ambiente.

• Desde hace semanas el fiscal general Francisco Barbosa Delgado ha emitido órdenes para la captura indiscriminada de campesinos y campesinas que bajo sospechosas pruebas han sido tratados como delincuentes mientras que los gigantes terratenientes, socios de la elite política guerrerista continúan promoviendo la deforestación, la injerencia de multinacionales petroleras y el narcotráfico con contubernio de la fuerza pública. 

• Se cumple ya un año de las más de 25 capturas de campesinos, campesinas y menores de edad ocurridas en febrero del 2020 con la misma excusa de atender un problema estructural con represión, desplazamiento y cárcel. 

• Las comunidades en el marco de la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular proponen trece (13) puntos para atender integralmente está problemática pero solo han conseguido del gobierno nacional dilaciones, exclusiones y señalamientos desde el 2018.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor IVAN DUQUE MARQUEZ, a la Ministra del Interior ALICIA ARANGO OLMOS, al Ministro de Defensa DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, al Ministro de Ambiente CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF, al Gobernador del Departamento del Meta JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, al Gobernador del Departamento del Caquetá ARNULFO GASCA TRUJILLO; de la violación a los derechos humanos, el desplazamiento y la agudización del conflicto que puede originarse de no ser atendidas cuanto antes estas acciones represivas y desacertadas que atentan en contra de las comunidades que esperan por décadas ser parte de la construcción de Paz con justicia ambiental y social como lo mandata la constitución.

EXIGIMOS

1. El cumplimiento de lo consignado en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, que declaran que el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes contenidos en ella y asegurar, proteger la vida, honra y bienes de todas las personas en el territorio nacional. Igualmente, los artículos 11, 12 y 28 de la Carta Política que consagran la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, buen nombre y a la libertad personal.

2. Que cesen las presiones militares contra las y los habitantes de las llamadas áreas protegidas y sus zonas colindantes, en tanto esto no soluciona los problemas de fondo que están detrás de la deforestación. 

3. Que se reconozca, valore y apoye; las normas comunitarias para la protección y gestión de los recursos naturales, así como las Zonas de Reserva Campesina verdaderas propuestas Agrarias y Ambientales de Paz. 

4. Adelantar cuanto antes los compromisos adquiridos y quebrantados con las comunidades y sus organizaciones, no pasar por alto que existe una propuesta, con un respaldo nacional e internacional que posee la fuerza transformadora para atender esta problemática con los mecanismos adecuados en favor de la nación, sus comunidades y el ambiente.

SOLICITAMOS

A la Defensoría del Pueblo, oficina de las Naciones Unidas para los DDHH, Segunda misión de verificación, MAPP-OEA, a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, jurídicas y académicas, que en el marco del cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido; así como acompañar y realizar seguimiento a estos hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades y de sus  propuestas organizativas que son ejemplo de fortaleza y compromiso en la búsqueda de soluciones integrales, distantes de las ansias de guerra y desplazamiento de algunos sectores del gobierno nacional. Contamos Con el apoyo y pronunciamiento de todas y todos quienes estamos convencidos de que el Diálogo es la ruta.

San Juan de Lozada, 20 de febrero de 2021.

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