Gobierno de Colombia intentó por múltiples medios impedir la Asamblea Nacional Popular, otro atentado claro a la Democracia. Denuncia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Asamblea Nacional Popular (ANP)

Condenamos la descarada y evidente estrategia de estigmatización contra el proceso de la ANP, el perfilamiento de los y las participantes al evento, el hostigamiento contra las personas y las instalaciones de la Universidad del Valle, el uso arbitrario de las leyes para fomentar la violación a la autonomía de los pueblos étnicos, al derecho de protesta, de asociación y de libre movilidad.

 

 

INFILTRADOS

Infiltrados en la ANP con municiones peligrosas

DENUNCIA PÚBLICA 20/07/2021

Contexto:

Como se preveía y se alertó por escrito y de manera pública, en la madrugada del 17 de julio de 2021, entre el gobierno nacional, departamental, municipal y las fuerzas militares y de policía, coordinaron detalladamente una estrategia para garantizar, por un lado, que la Asamblea Nacional Popular- ANP fuera saboteada, y por otro, que las manifestaciones populares del 20 de julio se convirtieran en escenarios de confrontación y represión para así poder inculpar a los procesos sociales y populares que participaron en la ANP.

En primera instancia, se profirió el decreto 0734 de 2021 prohibiendo el acceso al departamento del Valle del Cauca. Esta medida impidió que las delegaciones llegaran a tiempo a la Universidad del Valle, perdiendo más de un día de trabajo. En los días siguientes, fueron reiterativos los rumores y amenazas de tomarse la Universidad por parte de la fuerza pública, y los constantes hostigamientos de vehículos, fotografías, y amenazas de individuos armados contra las instalaciones de la universidad sobre la entrada conocida como Paso Ancho.

Hechos:

1. El día lunes 19 de julio, se hizo evidente que la principal preocupación de las autoridades y las entidades gubernamentales era la participación de los manifestantes en las anunciadas marchas del 20 de julio. La arremetida mediática fue violenta y sesgada, por medios de comunicación como Semana, El Tiempo, quienes señalaron que la ANP estaba financiada por la guerrilla, incriminando irresponsablemente a los organizadores de la ANP, sometiéndolos al escarnio público y la estigmatización, fomentando la violencia contra estos y presuntamente fraguando una acción represiva en medio de la movilización que se llevara a cabo el 20 de julio.

2. La tarde del 19 de julio, en momentos en que se presentaba la plenaria de cierre de la ANP, se informó a la Asamblea la detección de dos sujetos que por sus actitudes sospechosas fueron detenidos preventivamente y reconocidos por muchos de los asambleístas, porque habían tenido participación en la preparación y desarrollo logístico de la ANP, es decir, habían infiltrado a las organizaciones que prepararon el evento desde mucho antes.

3. A los individuos se les encontraron, municiones, químicos, celulares que ellos formatearon automáticamente en el momento de su detección, chalecos, bastones e indumentaria de la guardia indígena. Los individuos, en su evidente labor de inteligencia obtuvieron los registros de los participantes a la ANP, ya que se ubicaron en las porterías y controlaban el ingreso.

 

 


Condenamos la descarada y evidente estrategia de estigmatización contra el proceso de la ANP, el perfilamiento de los y las participantes al evento, el hostigamiento contra las personas y las instalaciones de la Universidad del Valle, el uso arbitrario de las leyes para fomentar la violación a la autonomía de los pueblos étnicos, al derecho de protesta, de asociación y de libre movilidad. Todo en el marco de la doctrina del enemigo interno que el Estado genocida desarrolla contra todos y todas las que consideran que hay que transformar las condiciones lamentables en las que la élite en el poder ha sumido al pueblo colombiano.

Exigimos:

Al presidente de la república Iván Duque, a el ministro de Defensa Diego Molano, a la gobernación del Valle del Cauca en cabeza de Clara Luz Roldán, al alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, a la defensoría del pueblo y a la procuraduría, para que brinden las garantías constitucionales a la libre movilidad, a la libertad de asociación y reunión, así como el pleno ejercicio de la defensa y protección de los derechos humanos.

A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, exigir al Estado colombiano el cumplimiento de las normas y protocolos internacionales en la materia, además difundir los hechos denunciados anteriormente.

Responsabilizamos:

Al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca Clara Luz Roldan, al alcalde de la ciudad de Cali Jorge Iván Ospina, al comandante de la policía de la ciudad de Cali, Juan Carlos Rodríguez por cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos de las personas que se encuentran camino a sus hogares y quienes aún se encuentran al interior de la Universidad del Valle.

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