Del "falso positivo" y la necesidad de una reestructuración de la fuerza pública de Colombia.

Antes de iniciar es necesario precisar que se es consciente de que existe una gran barrera en teoría entre la cuestión militar y la cuestión policial. Lo militar se concibe para la guerra, lo policial para la paz. Al primero se le enseña que existe un enemigo al que debe eliminar, al segundo que existe un ciudadano al que debe proteger. Mientras que el militar esta formado para ir al campo de batalla, al policía se le forma para convivir en comunidad, se le letra en convivencia y coexistencia. Sin embargo, en Colombia, aunque la constitución política diferencia lo militar de lo policial, en la práctica no es así. Lentamente, en contra de la población, han hecho de la policía nacional la cuarta fuerza militar. Es interesante escuchar a militares hablar de manera profesional del quehacer policial, y a los policías hablando de acciones militares.

Esta precisión se realiza a fin de no separar, durante la presente, lo policial de lo militar. La estrategia operacional de las fuerzas armadas de Colombia, conocida bajo el eufemismo falso positivo, se da a saber de buena tinta durante la consolidación de la política de seguridad democrática. Me refiero al segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, periodo 2006 – 2010. Esto no quiere decir que, durante la implementación de la política, años 2002 – 2006, la estrategia de guerra sucia, psicológica, militar y política no se llevara a cabo. Tampoco quiere decir que antes del 2002 la estratagema no se efectuara, como tampoco que después de ese periodo no se siga ejecutando. A pesar de sufrir algunas modificaciones en su modus operandi, en su esencia, la estrategia del falso positivo, es constante en el tiempo dentro del quehacer militar. Es una estrategia a la que se recurre de manera constante, tanto en época de guerra como en época de paz. Toma matices de acuerdo a quien gobierne, a la presión ejercida, y al manejo que se le de a los temas de orden público, contrainsurgencia y enemigo interno.

El propósito de la presente ponencia, además de conceptualizar el fenómeno, mostrar su tipología y presentar resultados de 13 años de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es aportar elementos que contribuyan a la reflexión del rol del falso positivo dentro de las fuerzas armadas, de cómo este, mientras reafirma el espíritu de cuerpo y potencializa lo militar y lo policial, debilita al Estado. Se pretende reflexionar acerca del por qué, después de la firma de los Acuerdos en la Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo, es necesario reformar, tanto el ente militar como el aparato policial.

Los alcances de nuestros estudios, no solamente evidencian el desarrollo del falso positivo durante el siglo XX, sino que es un fenómeno global. En Colombia se instaura con la Masacre de las Bananeras, se va gestando hasta el exterminio del partido político de la Unión Patriótica y se potencializa durante el gobierno de la política de seguridad democrática. Durante el gobierno de Iván Duque se expresa, tanto en ejecuciones extrajudiciales de los alzados en armas que firmaron los Acuerdos y líderes sociales, ambientales e indígenas, como en las desapariciones durante el estallido social del 2021.

El falso positivo, aleja al aparato militar y al aparato policial de su misión constitucional, de igual manera que a otros entes del Estado como la Fiscalía General de la Nación quien contribuye al fenómeno desarrollando falsos positivos judiciales. Existe suficiente evidencia empírica de la estrategia. El falso positivo se encuentra presente en actuaciones militares, de policía y judiciales, inclusive, en actividades mercantiles. Se involucra no solamente el Estado y sus instituciones sino empresas transnacionales y nacionales.

Nuestros hallazgos conllevan a recalcar que es necesario una reforma de la fuerza pública puesto que su desarrollo afecta significativamente la convivencia de la población afectando las relaciones entre los habitantes y el Estado. Para desarrollar el falso positivo se requiere no solamente de infraestructura, recursos, coordinaciones interinstitucionales e inter agenciales, además de alianzas con grupos paramilitares.

La estrategia requiere de una planeación estratégica desde niveles altos de la institucionalidad, la que se desglosa en las fuerzas militares y de policía a través de los planes de acción en la policía y de planes de operaciones en el sector militar. El falso positivo requiere que quienes participan en él desarrollen una serie de acciones criminales como secuestros y asesinatos, además de la manipulación de los ciudadanos. No solamente se delinque, engaña y se distorsiona la realidad, sino que los agentes que la realizan se apropian ilícitamente de las recompensas ofrecidas por el Estado las que, en ocasiones, son cobradas con las identificaciones personales de quienes asesinan.

Existen otras actividades criminales que se desarrollan al interior de las fuerzas armadas opacando los falsos positivos, los que van desde la venta de armamento y uniformes a organizaciones criminales hasta el uso de soldados y policías como guardaespaldas de industriales, empresarios o personalidades, entre otros; por esto los comandantes reciben, además de su salario, fuertes sumas de dinero.

Mientras la policía nacional se encarga de incautar armas ilegales el ejército se encarga de venderlas. De igual manera, el servicio obligatorio militare, se ha convertido en negocio dado que no todos los jóvenes que terminan los estudios requeridos cada año, prestan el servicio militar, tan solo 102.000. Los que no prestan el servicio militar compran la libreta militar. La corrupción se ha posicionado e institucionalizado; las licitaciones son la puerta para realizar negocios aparente lícitos. Mientras realizan grandes compras en prendas militares y sus accesorios, soldados y policías deben comprar a particulares uniformes e insignias, entre otros.

La reforma de la fuerza pública, a fin de que la estrategia del falso positivo no se siga repitiendo y frene las actuaciones criminales que se dan al interior de la fuerza pública, debe ir más allá de un cambio de imagen institucional; de reforzar en las escuelas de formación el respeto por los derechos humanos; de fortalecer el andamiaje de investigación penal y disciplinaria ante actuaciones criminales y de indisciplina de sus integrantes; y de convertir su sistema educativo en una gran universidad. Frente a ello, nuestra reflexión gira en torno que simplemente estas acciones agudizan y prolongan la crisis, institucionalizando aún más el falso positivo.

Una vez realizada las anteriores apreciaciones miremos que es un falso positivo.

¿Qué se conoce como falso positivo?

Describamos el evento. Integrantes de la fuerza pública ilusionan con promesas laborales a jóvenes campesinos, indígenas o residentes de barrios populares. A otros los aprehenden en retenes militares y de policía legales. Los trasladan a kilómetros de su residencia a zonas donde han maniobrado a la población convenciéndola de que existe la presencia de terroristas. Allí emborrachan o drogan a sus víctimas, los uniforman con prendas militares, los asesinan a sangre fría y les plantan armas de fuego. Posteriormente los presentan ante la autoridad judicial, los medios de comunicación y la sociedad como terroristas dados de baja en combate.

Con el tiempo se llega a conocer que la información suministrada por las fuerzas armadas frente a los eventos es falsa, es acomodada, que se realizó cometiéndose crímenes, delitos. Es falso por su invención e ilicitud, y positiva en cuando el evento glorifica el trabajo militar o policial. Positiva porque la realizan héroes de la patria, porque gracias a la actividad la sociedad se esta librando supuestamente de la subversión, el terrorismo o de agrupaciones criminales.

Dentro de este contexto el falso positivo es una ejecución extrajudicial llevada a cabo por militares y policías en servicio activo, realizada en campos de batalla ficticios, con instrumentos y presupuesto del Estado, de los contribuyentes. El personal involucrado, haciendo uso de la autoridad otorgada, asesina beneficiándose de las recompensas otorgadas por realizar esta actividad criminal. A través de la estratagema del falso positivo, agentes del Estado, únicamente durante los ocho años de la política de la seguridad democrática, asesinaron alrededor de 10.000 personas, de acuerdo a nuestras indagaciones.

En la segunda fase de la investigación, realizada con la Universidad Santo Tomas, proyectamos la cifra al oír a los victimarios. El estudio publicado bajo el titulo Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 – 2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, concluyó la cifra al escuchar a militares afirmando que, durante el primer gobierno de Uribe, 2002 – 2006, el 80% de las muertes reportadas como dadas de baja en combate, correspondían a ejecuciones extrajudiciales y que, durante su segundo periodo, 2006 – 2010, correspondían al 30%. Reportes oficiales, tanto de las fuerzas armadas como de la fiscalía, reportan durante el primer gobierno 10.473 dados de baja en combate, o sea más de 8.300 muertes corresponden a ejecuciones extrajudiciales.

Para el segundo periodo reportan 5.452 dados de baja, o sea, alrededor de 1.500 eventos corresponden a falsos positivos. Sin embargo, esta no fue la únicamente información a tener en cuenta en la proyección. Se revisaron informes de las fuerzas militares frente al número de terroristas dados de baja en operaciones militares durante todo el periodo 2002 – 2010 y el parte de guerra dado al final del periodo por parte del gobierno. Frente al evento cabecillas del paramilitarismo, como Salvatore Mancuso, están solicitando ser aceptados ante la Jurisdicción Especial para la Paz como testigos de los falsos positivos.

Oficialmente la cifra de eventos del periodo referido toma un nuevo matiz cuando la JEP, componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, sustenta que, en tan sólo seis años del gobierno de la política de seguridad democrática, 2002 – 2008, mínimo se registraron 6.402 ejecuciones extrajudiciales. La importancia de esta cifra radica en que ha logrado lo que la justicia penal militar y la justicia ordinaria no han alcanzado en dos décadas, desde el momento en que se conoció el fenómeno.

La JEP no solamente ha logrado conocer la Verdad por parte de los victimarios, quienes vienen confesando hasta tres veces más de los crímenes por los que se les investigaba. Se conocen de casos donde oficiales que eran investigados por 30 ejecuciones extrajudiciales, han confesado 60 más. La cifra sigue creciendo. El cementerio Las Mercedes de Dabeiba – Antioquia, de igual manera que otros, han contribuido a ello puesto que gracias a las indagaciones de la JEP se han encontrado cuerpos de asesinados en falsos combates que la justicia desconocía.

Los oficiales comprometidos en ejecuciones extrajudiciales, en contra de la institucionalidad, vienen pidiendo perdón y comprometiéndose con la No Repetición. La reacción de la institucionalidad, a través de inteligencia militar, es desarrollar acciones para callarlos a través de amenazas contra ellos y sus familias.

Frente al tema de No Repetición el que debe comprometerse es el Estado y el Ministerio de Defensa Nacional. Podrán renovar toda la cúpula militar y de policía, todos los generales y coroneles, toda la oficialidad y suboficialidad, y la estrategia continuará repitiéndose puesto que la doctrina militar, la que ahora también la desarrolla la policía nacional, tiene en esencia eliminar a socialistas, izquierdistas, críticos, estudiantes, profesores o líderes sociales, entre otros. Las escuelas de formación adoctrinan a reclutas y aspirantes, quienes una vez egresan de sus claustros tienen en mente la idea de eliminar y perseguir todo lo que huele comunismo. Persiguen a quien han hecho su enemigo durante la formación.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha logrado revelar lo que estudios sobre falsos positivos y denuncias de organismos de derechos humanos han sostenido. La sistematicidad y generalidad al interior de las fuerzas armadas puesto que más de 180 unidades militares y de policía, ubicadas a lo largo y ancho del país, se encuentran comprometidas. En este aspecto evidenciamos en nuestro primer informe sobre el fenómeno, que desde la planeación estratégica del sector defensa se establecía cada año un número de terroristas a dar de baja. Comandantes de División, Brigada, Batallón y comandantes de Direcciones de la Policía, comandantes de Departamentos y Distritos de Policía, se comprometían a asesinar terroristas legitimando la pena de muerte la que es prohibida en el país.

¿Por qué se dinamizan los falsos positivos durante la política de seguridad democrática?

Al contrario de lo que se ha difundido las ejecuciones extrajudiciales no alcanzan su mayor pico en el año 2007. El mayor número de eventos se da en los años 2003 y 2004, pero esto no ha sido investigado por organismos judiciales ni la academia. La estrategia militar se dinamiza dado que a partir del 2002 se ordena que la fuerza pública haga presencia en todas las cabeceras municipales, además de ubicarse en las principales vías del país para evitar las pescas milagrosas de la subversión. La presencia militar genera que la guerrilla se desplace a zonas de difícil acceso militar. La subversión nuevamente se ubica en zonas rurales. En las ciudades no hay subversivos a quien enfrentar y el gobierno exige, y presiona, a la fuerza pública para que alcancen resultados efectivos, lo que se medirá a través del número de bajas ocasionadas al enemigo.

A los dos meses de instaurado el gobierno de la seguridad democrática se registra el primer evento de falso positivo de transcendencia nacional y de alto impacto. La realiza el grupo Zarpazo del batallón La Popa liderado por quien hoy se encuentra de precandidato presidencial por la reserva militar y quien ha sido condenado por dos falsos positivos y acusado, por compañeros y subalternos de estar comprometido en más de 120 eventos según las investigaciones de la JEP. En este sentido existe versiones en las que se denuncia que más del 87% de las actividades realizadas durante su comandancia en la unidad lo realizó mediante actividades criminales. A partir de ese evento, gracias a la alianza ejército – paramilitares, se le exige al grupo criminal la entrega de personas para ser asesinadas como terroristas.

Se dinamizan los falsos positivos durante la cartera del Ministerio de Defensa Nacional de Marta Lucía Ramírez dado que desde la Presidencia de la República se le encomienda diseñar una política que genere aún más cooperación y obediencia entre todas las entidades de la fuerza pública y del Estado. Hay un mayor trabajo entre militares, policía, cuerpos de inteligencia, y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Hasta Medicina Legal a nivel regional se involucra en la estrategia.

La política de seguridad democrática logra crear todo un escenario para ejecutar la estrategia de presentar cosas inciertas como ciertas y falsas como verdaderas. Articula políticas y lineamientos.

1. Política de recompensas por información, dados de baja y material de guerra incautado.
2. Política de resultados operacionales. Las unidades que más presentan muertes dadas en combate comienzan a gozar de mayor prestigio que aquellas que realizan sus actividades apegadas a las normas.
3. Política de evaluación de comandantes. Los militares que se prestan para la estrategia tienen mayor posibilidad de ascender de grado que sus otros compañeros de curso. En este aspecto, se presenta proyecto para que los militares con mayores resultados, esto es en asesinatos del enemigo, asciendan en menor tiempo entre grados.
4. Doctrina militar. Especialmente en cuanto al enemigo interno y el aniquilamiento de quien no este ideológicamente identificado con el partido de extrema derecha.
5. Política de cooperación y asistencia inter institucional e inter agencial.

¿Qué es un falso positivo?

Aunque el colectivo social se ha quedado con la imagen del falso positivo en la que militares asesinan a sangre fría no combatientes, éste es mucho más que eso, transciende el conteo de cuerpos como medida de que la guerra se le esta ganando al enemigo. Con la Universidad Latinoamericana y la Universidad San Buenaventura, además de otros colectivos de investigación, se describió la estrategia del falso positivo como categoría de investigación. En Teoría social del falso positivo. Manipulación y guerra, se realizó una aproximación al concepto y a su tipología.

Sin profundizar en el concepto, el falso positivo es una estrategia de guerra sucia, psicológica, militar y política de manipulación social y adoctrinamiento que tiene la finalidad de hacer ver cosas falsas e inciertas como verdades ciertas, de mostrar eventos criminales como legales. Se intenta convencer, a toda costa, de la legalidad de la actividad, a fin de crear lealtades hacia quien ostenta el poder. La finalidad del falso positivo es la de prolongar regímenes para ello recurre al exterminio de personas e ideas.

Los estudios adelantados han permitido construir la tipología del falso positivo en la que se evidencia que no solamente quienes ostentan el monopolio de la fuerza los realiza. El falso positivo judicial, es un arma de guerra no convencional en la que no solamente se busca eliminar físicamente al enemigo sino reprimir ideas. Algunos de ellos se combinan entre sí y en otros el aspecto religioso juega un papel preponderante.

Tipos de falso positivo

1. Falso positivo militar.
2. Falso positivo de policía.
3. Falso positivo judicial.
4. Falso positivo de intereses compartidos.
5. Falso positivo corporativo.
6. Falso positivo territorial.
7. Falso positivo cultural.
8. Falso positivo de Estado.

El falso positivo de policía como medida para la reforma institucional

Durante el estallido social del segundo trimestre del 2021 en las redes sociales se conocieron situaciones en la que servidores públicos de policía se desviaban de su misión institucional. La Dirección General de la Policía en lugar de abordar el tema y realizar investigaciones, encubre al personal dotándola de más instrumentos para que sea cada vez más violentos. Algunas de las conductas fueron:

• Policías jugando a la ruleta rusa con jóvenes aprehendidos torturándolos psicológicamente.
• Policías golpeando en masa a capturados.
• Policías rompiendo ventanales y panorámicos de vehículos particulares.
• Policías quemando vehículos y robándose las placas para suplantarlos en el futuro.
• Policías golpeando jóvenes obligándolos a declarar ante los medios de comunicación que son bandoleros, de igual manera que no han recibido malos tratos.
• Policías capturando personas que no se encuentran en el estallido social presentándolos como vándalos.
• Policías encapuchados, sin identificación, dentro de estaciones de policías, CASI, o patrullando, amenazando de muerte a periodistas y manifestantes.
• Policías en traje de civil disparando armas de fuego contra los manifestantes.
• Policías patrullando en la compañía de paramilitares urbanos permitiendo que disparen hacia la multitud.
• Policías descargando material de guerra en sitios no permitidos y culpando de incendiarios a quienes participan en el estallido social.
• Policías aterrizando, sin autorización, helicópteros en instalaciones educativas.
• Policías acosando sexualmente a jóvenes dentro de instalaciones oficiales.

La descripción de las situaciones corresponde a registros durante el paro nacional de 2021. Sin embargo, estas no solamente han sido evidenciadas durante el estallido social, sino que responden a actitudes de servidores públicos en el desarrollo de su actividad cotidianidad. Tampoco son producto exclusivo del Escuadrón Móvil Antimotines ESMAD. La policía de vigilancia, la de tránsito, la de carabineros y la de inteligencia, entre otros, tanto en el estallido como fuera de él, transgreden los derechos humanos. Las actuaciones no son producto de ruedas sueltas, sino que se ha instaurado como práctica gracias al reforzamiento de la actitud de autoridades civiles.

La policía nacional cuenta desde la mitad de la primera década de este siglo con un sistema de medición de denuncias, quejas, reclamos y sugerencias. Durante 16 años de funcionamiento ha atendido en las oficinas de atención al ciudadano más de 300.000 inconformidades por la deficiencia del servicio de policía y por la actitud de sus funcionarios durante los procedimientos de policía. Durante el primer trimestre del 2021 conoció 23.000 denuncias, al final del año, dadas las aproximadas 5.000 actuaciones en donde violó los derechos humanos durante el estallido social, la proyección será de alrededor de más de 80.000. Las quejas son constantes en el tiempo: deficiencia en el servicio, corrupción, abuso de autoridad y barbarie policial, entre otras. Realizando un seguimiento a las causas que generaron reformas de la institución durante el siglo XX las inconformidades son las mismas.

A manera de conclusión.

Para finalizar, teniendo en cuenta los problemas presentados en la transmisión, se concluye que se evidencia que existe un sinnúmero de indicadores que reflejan la necesidad de realizar una reforma estructural tanto al aparato militar como al de la policía. La justicia penal militar, encargada de investigar las conductas criminales de militares y policías se ha convertido en un aparato tanto de limpieza de imagen institucional como de lavado de conciencia del personal. Se calcula que existe una impunidad en el sector defensa de más del 97%. El proceder de esta justicia simplemente alienta a servidores públicos a seguir desarrollando la estratagema y otras conductas criminales.

*Sociólogo, master en seguridad pública, candidato a doctor Universidad de Barcelona, Integrante Veteranos por Colombia. - Texto Conferencia compartida durante el XII Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, 4 de agosto 2021. Mesa de trabajo Red Interuniverisitaria por la Paz REDIPAZ

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