Por: Fundación DDHH Joél Sierra
Estas actividades que se reseñan en la presente denuncia, vulneran además de manera grave lo preceptuado en el artículo 44 de la Constitución Política, y el artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006.
DENUNCIA PÚBLICA
Boyacá, 23 de septiembre de 2022.
Actividades cívico militares ponen en peligro a niños y niñas de Boyacá
Militares de la Primera Brigada del Ejército Nacional y miembros del Departamento de policía de Boyacá infringen los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario. Las actividades cívico militares en zonas de conflicto armado ponen en inminente riesgo a las comunidades afectando el principio de distinción entre actores del conflicto y civiles, desacatando el deber de protección. En el caso de las instalaciones educativas y de asistencia médica, se encuentran protegidas como bienes civiles en el DIH y su uso se encuentra restringido para los actores armados.
Estas actividades que reseñamos en la presente denuncia, vulneran además de manera grave lo preceptuado en el artículo 44 de la Constitución Política, y el artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006, que se refiere a las obligaciones del Estado: “…En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: …29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.” Resaltado y subrayado fuera de texto.
El día 29 de agosto, policías de la estación de Tutazá, Boyacá, ingresan a la institución Educativa Técnica La Libertad, de la Capilla, Boyacá, portando uniformes y armas de fuego, en momentos en que se encontraban presentes decenas de niños y niñas en sus respectivas clases, los policías entraron a los salones de clase con “charlas” a los estudiantes.
El día 20 de septiembre, militares de la Brigada I y policías de la Estación de El Cocuy, ocupan, uniformados y armados la Institución Educativa Laureles, poniendo a los niños y niñas menores de 10 años en peligro, además, los militares tomaron fotos y pusieron indumentaria, cascos, propias de este grupo armado a los menores de edad.
Frente a estos hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, seccional norte de Boyacá:
Responsabilizamos a las instituciones civiles y militares en cabeza del Presidente Gustavo Petro y al Gobernador Ramiro Barragán de estos hechos.
Exhortamos a la Procuraduría General de la Nación a iniciar las investigaciones disciplinarias que se ameriten sobre estos hechos.
A la Defensoría del Pueblo y ministerio público a garantizar el cumplimiento de los principios del DIH y la defensa de los derechos humanos en todo el departamento.
A las organizaciones defensoras de los derechos humanos y medios de comunicación, hacer seguimiento de los hechos denunciados.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
NOTAS:
