Por: Fimantes.
Interpelamos este tipo de prácticas mediáticas que -intencionalmente o no- estigmatizan y criminalizan el legítimo derecho que tienen las comunidades a autodeterminarse, a emprender las acciones necesarias para recuperar y salvaguardar sus territorios y a obtener asesoría jurídica y una defensa técnica. Y hacemos un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación
#MediosDeComunicación | DE LA DESINFORMACIÓN Y LA VIOLENCIA MEDIÁTICA: ESTIGMATIZACIÓN CONTRA COMUNIDADES CAMPESINAS Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El 16 de octubre de 2022 el medio de comunicación La Silla Vacía publicó el reportaje “La tierra prometida: las invasiones animadas por el discurso de Petro en Chimichagua, Cesar”, en el cual se emite una serie de información y opiniones en torno a la situación humanitaria y política de comunidades campesinas que sufren las consecuencias del histórico problema de concentración de la tierra y el despojo en este país.
Quienes suscribimos este comunicado entendemos el alto valor del derecho a informar y ser informado, y de la libertad de expresión y pensamiento en una sociedad que se pretenda democrática.
Conocemos el costo que han tenido que pagar periodistas independientes, así como defensores/as del territorio y de los derechos humanos por el ejercicio libre de estas y otras prerrogativas constitucionales. Y es justamente por eso, que la nota periodística de La Silla Vacía nos motiva a expresar nuestra más profunda preocupación por el riesgo en que pone a las comunidades campesinas y organizaciones sociales y de abogados/as a las que hace alusión. Tal como lo expresó la Fundación Para la Libertad de Prensa- FLIP, para ejercer un periodismo ético y responsable se requiere un manejo honesto, preciso y contextualizado de la información, evitar la distorsión de ésta y abstenerse de realizar acusaciones falsas, máxime en un país como Colombia, en el que los señalamientos imprecisos han costado encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, asesinatos, destierro, desplazamientos, inxilios y exilios.
Respecto al manejo de la información empleado por el medio de comunicación en el aludido reportaje, se encuentran afirmaciones que estigmatizan a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, procesos sociales y las comunidades campesinas. Al relacionar por ejemplo, en el mismo contexto y espacio al Equipo Jurídico Pueblos, a las comunidades del 20 de Julio y Pitalito, al Congreso de los Pueblos y al Ejército de Liberación Nacional; tácitamente se induce al espectador a una conclusión falsa: que existe una relación entre estos procesos organizativos y la agrupación insurgente. Un argumento que claramente configura un sofisma, que desconoce la realidad de los territorios y la manera en que confluyen y entran en contradicción distintos intereses sobre estos.
De otro lado, es absurdo y preocupante el halo de criminalidad que se sugiere frente al Equipo Jurídico Pueblos y sus “vínculos” con el Congreso de los Pueblos, como si el relacionamiento entre organizaciones sociales fuese per sé algo sospechoso; máxime cuando esa relación -que se muestra como un descubrimiento contundente en el reportaje- se acompaña de una imagen de apoyo que consiste en el informe presentado por varias organizaciones de derechos humanos, en el marco del Examen Periódico Universal de Colombia en 2017. Esta manera de presentar “hallazgos”, en el marco de la actividad periodística, constituye una forma de deslegitimar el ejercicio del derecho a la información de los procesos populares ante instancias internacionales, que -igual que la prensa libre- ha contribuido en la caracterización de las graves problemáticas que han afrontado distintos sectores excluidos de la sociedad.
Y más preocupante se torna la forma de abordar el relacionamiento entre las mencionadas organizaciones sociales, cuando en el reportaje se afirma categóricamente que el Congreso de los Pueblos es un espacio de confluencia de organizaciones “afines” a los postulados políticos del ELN; exhibiendo como razones de ello, su papel como articuladora “de los diálogos de la sociedad civil en los intentos de acuerdo entre el Gobierno Santos con esa guerrilla”. Dicha manifestación no solo estigmatiza sino que disuade la participación de los procesos organizativos del movimiento social en los escenarios de salida negociada al conflicto en Colombia. Lamentablemente encontramos en la opinión emitida a través del medio de comunicación, el mismo discurso que ha sido usado en Colombia para justificar el exterminio contra organizaciones sociales y populares de izquierda, su criminalización y tratamiento de guerra que retrató la Comisión de la Verdad en su informe Hallazgos y Recomendaciones.
Este tipo de discurso es altamente peligroso y aumenta el riesgo de las organizaciones sociales y comunidades que se han opuesto históricamente al paramilitarismo como política de Estado y a las prácticas genocidas del Estado colombiano, particularmente a la comunidad de Pitalito que por casi 20 años ha denunciado infructuosamente, ante diferentes entidades del Estado, ser víctimas de grupos paramilitares, desarraigo y despojo de tierras en un contexto territorial y de conflicto sumamente complejo. Desconociendo lo mencionado, en el reportaje se graban pancartas del ELN muy cerca a los predios que hoy habitan estas comunidades, sugiriendo que la permanencia de esta última se relaciona con este grupo rebelde.
Por otro lado, son preocupantes las aseveraciones que se hacen contra el Equipo Jurídico Pueblos y, en particular contra el abogado Carlos Maldonado, relacionadas con la supuesta instrumentalización de las comunidades para la toma de tierras. Sobre este punto, es necesario aclarar que el Equipo Jurídico Pueblos desde hace meses ha venido denunciando públicamente graves irregularidades en el proceso policivo de desalojo seguido contra las comunidades de 20 de Julio y Pitalito, entre las que se encuentran la falta de caracterización por parte de las autoridades (solicitada a través de derechos de petición y en audiencias públicas a distintas instancias) y de garantías de protección de derechos de quienes viven en estos predios. Pese a ello, esta información no fue tenida en cuenta en el reportaje aun cuando el abogado la puso en conocimiento del medio con anterioridad a su publicación.
Defender los derechos humanos y exigir el respeto a las garantías procesales de comunidades vulnerables no es de ninguna forma instrumentalizarlas, sino ejercer el derecho humano universal y de los pueblos a defender derechos humanos, la vida, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos.
Interpelamos este tipo de prácticas mediáticas que -intencionalmente o no- estigmatizan y criminalizan el legítimo derecho que tienen las comunidades a autodeterminarse, a emprender las acciones necesarias para recuperar y salvaguardar sus territorios y a obtener asesoría jurídica y una defensa técnica. Y hacemos un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación hacia las personas que día a día se encuentran en los territorios de alta conflictividad y hacia quienes, en ausencia del Estado, velan por la defensa de sus derechos fundamentales vulnerados, pues no solo están en riesgo su honra y buen nombre, sino nuestras vidas e integridad personal.
18 de octubre de 2022
Equipo Jurídico Pueblos
Congreso de los Pueblos
Coordinador Nacional Agrario
Caravana Internacional de Juristas
Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza
Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
Plataforma Aguante Popular Sembrando Resistencia
Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo - CEPA
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ
Corporación Justicia y Dignidad
Periferia Prensa Alternativa
Periódico El Colectivo
El Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
Kolumbienkampagne Berlin
Komite Internazionalistak del País Vasco
Fundación de DH Pasos
Idem Nexus - Bruselas
Collectif Saya - Bruxelles
Asociación Utopax DH Lyon
Congreso de los Pueblos Europa
Grupo de Investigación GIDPAD de la Universidad de San Buenaventura Medellín
Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
NOTAS:
