Recomendaciones al gobierno nacional sobre política de Paz. Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Colombia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: CNPRC

El CNPRC órgano consultivo y asesor del gobierno nacional manifiesta la esperanza con el escenario de cambios y la definición de la paz como eje central del plan de gobierno y en esta ocasión presenta diez recomendaciones sobre la Política de Paz Total dirigidas a su mejor diseño e implementación.

 

 

CNPRC

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA
11 de abril de 2023

Estamos viviendo una situación crítica a nivel humanitario. La no implementación del Acuerdo de Paz, la ausencia de una política de desmantelamiento de estructuras criminales y el cierre de las vías de negociación y diálogo han permitido el escalamiento de la violencia en algunos lugares del territorio nacional, situación que hoy tendremos que asumir, transformar y resolver como prioridad de las y los colombianos, recordando que como lo determina nuestro mandato la consecución de la paz implica la utilización prioritaria del recurso del diálogo y la negociación como procedimientos expeditos para la desmilitarización de los conflictos sociales y políticos, nacionales y territoriales.

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), órgano consultivo y asesor del gobierno nacional manifiesta la esperanza con el escenario de cambios y la definición de la paz como eje central del plan de gobierno del señor presidente Gustavo Petro y en esta ocasión presenta diez recomendaciones sobre la Política de Paz Total dirigidas a su mejor diseño e implementación, para que la Paz Total, sea una paz democrática, participativa e incluyente, donde confluyamos tanto sociedad civil como institucionalidad.

LA PAZ TOTAL, UN ASUNTO DE PAÍS.

1-Se debe valorar y reconocer al Consejo Nacional de Paz, su mandato y rol en función de edificar la convivencia democrática y la reconciliación, siendo un órgano profundamente plural y diverso, donde convergen instituciones públicas y sectores sociales. Se debe fortalecer el papel de los Consejos Territoriales de Paz y avanzar en una hoja de ruta que permita su articulación en la construcción de las regiones de paz, la generación de pedagogía en torno a la paz total, y la puesta en marcha de alivios y acuerdos humanitarios. Para lo anterior proponemos se emita una directiva Presidencial que ubique a los Consejos de paz como instancias dentro de la Política de Paz Total, instando a los Gobernadores y Alcaldes a que estos se reactiven y funcionen.

2-Nueva estrategia de implementación del Acuerdo de Paz. En el marco de la CSIVI y con las diferentes instancias de seguimiento y verificación se debe concertar una nueva estrategia y un ajuste al PMI (Plan Marco de Implementación) para la reactivación, el redimensionamiento y la aceleración de la implementación del Acuerdo Final, que permita superar los rezagos existentes y así generar las condiciones para el desarrollo de futuros acuerdos de paz.

3-Adecuación institucional para la Paz. Para cumplir con los retos de la política de paz total, se requiere adecuar y ampliar la capacidad institucional, sugerimos entre otras acciones: i) Convertir la actual unidad de implementación en una Alta Consejería para la Implementación del Acuerdo Final con funciones y recursos suficientes para cumplir su misión; ii) Ampliar la capacidad de la Oficina del Alto Comisionado de Paz OACP para diseñar e implementar los instrumentos de paz total enunciados en la ley 2272 de 2022 (regiones de paz, acuerdos parciales, alivios y acuerdos humanitarios, servicio social para la paz, etc.), iii) Fortalecer los mecanismos de gobernanza y gestión de los fondos de paz (Colombia en Paz y Fondo Paz), para garantizar un manejo transparente y pertinente de los recursos, iv) Alinear a la Consejería para Reconciliación con el enfoque y los lineamientos construidos por el CNPRC, e v) Incorporar de manera precisa en el Plan Nacional de Desarrollo artículos que propicien la actualización del Plan Marco de Implementación, del presupuesto para la paz, y de los instrumentos de la paz total.

4-Participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. El CNPRC como espacio de representación de la sociedad civil e institucionalidad, es un aliado en el desarrollo de la política de la Paz Total, impulsando la participación de la sociedad civil en la implementación de esta política. Se requiere activar y fortalecer las instancias de participación creadas en el Acuerdo Final. Así mismo, se deben crear nuevas instancias de participación de la sociedad civil en los nuevos procesos de negociación que se están abriendo de conformidad con el artículo 6, literal c) de la ley 434 de 1997, según el cual el CNPRC puede proponer al gobierno mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de diálogo y negociación. Así mismo es esencial construir acciones tendientes al desescalamiento de la guerra, que permita darle fuerza a las iniciativas ciudadanas de Acuerdos humanitarios, prevención del reclutamiento, condiciones de seguridad para la reincorporación, atención a comunidades afectadas por dinámicas de confinamiento.

5-Impulsar la movilización social por la paz. Para que la Paz Total sea un asunto de país el CNPRC le propone al Gobierno Nacional la convocatoria a una Convención Nacional de Paz, que permita articular, fortalecer y construir colectivamente las visiones de la paz total acogiendo las diversas propuestas que viene construyendo el movimiento de paz a nivel regional, nacional y contando con la participación de los Colombianos en el exterior. El CNPRC es la instancia llamada a adelantar estos ejercicios vinculando otros espacios como las mesas humanitarias, las mesas de garantías, los comités de derechos humanos, los procesos de articulación regional por la paz, entre otros. Es necesario idear una estrategia que permita darle un lugar a la Pedagogía y la Cultura en la Paz total, para ello es fundamental que esta se construya de la mano con el CNPRC, como estrategia que permita ambientar, movilizar, legitimar y lograr el respaldo social que requiere un nuevo proyecto de país, el de un país en Paz.

6-Definir una política de desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo. Es vital discutir en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la política de desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo, donde la ley de acogimiento a ley penal es apenas un instrumento para lograrlo. A su vez es necesario fortalecer los mecanismos de protección colectiva en los territorios, garantizar la vida de los y las defensoras de derechos humanos, lideres sociales y firmantes de paz, es clave determinar mapas de riesgo y acompañar a comunidades afectadas en clave de acciones humanitarias y seguridad humana.

7-Con esperanza saludamos el establecimiento de diálogos con la guerrilla del ELN y el acuerdo logrado sobre la agenda y la metodología de la Mesa de Negociación. Aspiramos a que se avance rápido en un cese al fuego y de las hostilidades con dispositivos de seguimiento y verificación, así como la adopción urgente de alivios humanitarios.

Esperamos que la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Negociación trabaje de manera articulada con el CNPRC en la construcción de mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil en este proceso de negociación y en otros posibles procesos de diálogo y negociación, en cumplimiento de nuestro mandato.

8-Diseño participativo de los nuevos instrumentos de Paz Total. El CNPRC aspira a que el gobierno nacional avance rápidamente en el diseño e implementación de los nuevos instrumentos de la política de paz total y desarrolle para el efecto procesos de consulta, de manera especial llamamos la atención en que se avance en Regiones Paz, Servicio Social para la Paz, Cultura y Pedagogía de Paz.

9-Política de paz, reconciliación y convivencia. Debe modificarse y ajustarse el decreto 1444 de 2022, de conformidad con los lineamientos construidos por el CNPRC. Este ajuste debe incluir la construcción de una ruta que permita sintonizar las políticas regionales de reconciliación. Esta política debe comenzar a ejecutarse con el acompañamiento del Consejo y deberá contar con condiciones presupuestales claras por parte del Ministerio de Interior, que también deberá encargarse de garantizar el desarrollo de la campaña de lucha contra la estigmatización, construyendo una estrategia que conduzca al desarrollo del numeral 3.4.2 del Acuerdo Final, en clave del Gran pacto político nacional, para sacar las armas de la política.

10-Iniciativa legislativa para la paz. Se deben impulsar y sacar adelante, con amplia participación ciudadana varios proyectos de ley necesarios para implementar el Acuerdo Final y avanzar en la Paz Total. La comisión de empalme del sector paz señalo un total de 13 normas prioritarias, las cuales se presentan a continuación, junto con su estado:

-Reforma del marco normativo de protección y seguridad, compuesto por el decreto 660 de 2018, decreto 2137 de 2018, el CONPES 4063 de 2021 y otras normas. No se ha realizado la reforma de estos dispositivos, sin embargo, se logró adoptar un plan de emergencia de protección y seguridad para las personas que ejercen liderazgo social, defensores(as) de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y comunidades afectadas por la actual agudización de la crisis humanitaria – (punto 2.1.2.2 del AFP).

-Creación del sector paz en el gobierno nacional. Se creo el gabinete de paz con la ley de Paz Total y se hizo una reforma al DAPRE que eliminó la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, centralizando una serie de funciones en la dirección del DAPRE y debilitando la Oficina del Alto Comisionado, que tiene ahora una Unidad para la Implementación del Acuerdo. Consideramos que necesario abordar una solución que permita recuperar la misión y funciones de las instituciones de cara a los retos de la política de paz total y garantizar una transición articulada bien sea hacia un Ministerio de la Paz, tal como lo recomendó la Comisión de la Verdad y que en su momento fue acogido por el Presidente Gustavo Petro, o a otra opción que fortalezca la política de paz al interior del gobierno nacional.

-Ley de acogimiento a la ley penal que permite el sometimiento y acogimiento colectivo a la justicia de organizaciones criminales, con favorabilidad penal, con verdad y derechos de las víctimas. Esta reforma se encuentra en trámite en el Congreso y esperamos como CNPRC participar en su discusión. -Reformas para la financiación de la paz. La Paz Total necesita un nuevo esquema de financiación.

Si bien el presupuesto previsto para proyectos, políticas y programas para la paz se encuentra en el PND que cursa en el Congreso, es necesario asegurar nuevos ingresos, así como mejores mecanismos para la gobernanza y gestión de los recursos, por medio de la reforma a la ley 487 de 1998,reforma al fondo Colombia en Paz (decreto ley 691 de 2017), reforma fondo proyectos especiales de paz (ley 368 de 1997, ley 434 de 1998), reforma OCAD PAZ (ley 1955 de 2019), ajuste a la regla fiscal (ley 1473 de 2011), mecanismos de flexibilización del pago de deuda pública para financiar la paz, reforma al sistema general de participación (ley 715 de 2001) para que se puedan destinar recursos de paz en armonía con la reforma a la ley 152 de 1994.

-Ley para la creación del sistema de memoria y verdad, que debería incluir la creación de una institución autónoma para el Museo Nacional de la Memoria y el archivo de derechos humanos, dando cumplimiento a una recomendación de la Comisión de la Verdad. Al respecto, el Ministerio de Cultura vienen trabajando en una iniciativa legislativa que recoge estos elementos y que esperamos sea presentada pronto para su trámite en el congreso.

-Acto Legislativo que crea la jurisdicción agraria, ya superó su primera vuelta en el Congreso y está en camino a su segunda vuelta. (punto 1.1.8 del AFP).

-Reforma rural, consideramos que se debe estudiar una reforma para introducir algunos dispositivos para el impulso de la RRI, articulación PDET-PNIS (Decretos ley 893 y 896 de 2017) banco de tierras, catastro multipropósito, adjudicación baldíos en zonas de reserva forestal, la creación de una agencia que logre articular todas las instituciones y programas relacionados con la RRI. De estos temas, el Plan Nacional de Desarrollo ha logrado ubicar algunos elementos de catastro multipropósito y adjudicación de tierras, sin embargo, hace falta el fortalecimiento institucional, y el aumento de la capacidad de las entidades para actualizar la información de propiedad rural.

-Ley sistema garantía del derecho a la alimentación, si bien ya hay varios proyectos de ley en el Congreso que apuntan a garantizar el derecho, aún no se unifica una propuesta que vaya en cumplimiento integral del punto 1.3.4 del AFP. En el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra también la puesta en marcha del programa Hambre Cero, bajo la misma intención de garantizar el derecho. -Reforma política – electoral (punto 2.3) con un enfoque anticorrupción (punto 2.2.5) a partir de recomendaciones de la Misión Electoral Especial (punto 2.3.4). La reforma que hacía curso en el Congreso se hundió hace pocos días, se espera que se presente una nueva reforma que retome integralmente estos elementos.

-Ley garantías de protesta y participación y diálogo de las organizaciones sociales (puntos 2.2.1 y 2.2.2 del AFP), para establecer una nueva relación entre Estado y movimientos sociales. Esta ley está en proceso de construcción, pero no se ha presentado un articulado.

-Ley de reforma a la ley 152, como mecanismo para modernizar, democratizar y fortalecer la planeación del desarrollo, no se ha presentado. (punto 2.2.6 del AFP).

-Ley Tratamiento penal diferenciado para cultivadores, (punto 4.1.3.4 del AFP), condición absolutamente necesaria para relanzar el programa de sustitución de cultivos. Si bien hay varios proyectos de ley orientados a cumplir esta tarea, no han avanzado en su trámite

-Reforma ley de víctimas 1448 de 2011 (punto 5.1.3.7 del AFP) para fortalecer la política de atención y reparación integral a las víctimas, ampliar categoría de víctimas de conformidad con el acuerdo de paz y articular con SIVJRNR. No se ha presentado una propuesta de reforma, solo se aborda un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, buscando proteger a campesinos poseedores de tierra.

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DISCURSO PRESIDENTE GUSTAVO PETRO EN LA ENTREGA DE ESTAS RECOMENDACIONES:

 

 

 

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