Participación y tropas en la paz total de Gustavo Petro.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Estefanía Ciro* La Jornada

La pregunta entonces es si el ELN y el EMC van a repetir errores que cometieron las FARC-EP en relación con la participación de la sociedad civil y de sus tropas en los diálogos de La Habana. La sociedad ¿seguirá siendo invitadas a la foto o van realmente a decidir sobre la ejecución de presupuesto y de la transformación en su territorios?

 

 

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Más allá de las mariposas amarillas en los discursos rimbombantes sobre la paz en Colombia, los anteriores procesos mostraron que la paz es en gran parte una mezcla entre recursos públicos y la disputa por su distribución.

La bolsa de la paz es más o menos así: el gobierno de Juan Manuel Santos estableció que la implementación de los acuerdos del Teatro Colón costaría 154.9 billones de pesos colombianos (precios 2021) para ser ejecutado en un periodo de 15 años (2017-2031), de los cuales se ha ejecutado apenas 25 por ciento. Ahora, en el gobierno de Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026), que tiene varios apartados sobre la Paz Total e Integral, asignó 50 billones para ese propósito.

Entre las múltiples quejas del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, hay dos que reaparecen en la discusión nacional de las nuevas mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) de la disidencia de las FARC-EP: la participación de la sociedad civil y qué va a pasar con las tropas. Es necesario ir más allá del repetido silencio de los fusiles y cuando hablamos de ambos temas (la participación y las tropas); la pregunta es cuál va a ser el papel tanto de sociedad civil como de los combatientes en el acceso a esa bolsa de inversión social y su distribución.

En los Acuerdos de Paz, la crisis en ambos factores fueron parte del quiebre dentro de las propias FARC-EP y de la sociedad civil por varias razones, por ejemplo, cuando unos pocos –comandantes, secretariado y sus asesores– pudieron acceder a las comodidades de la vida civil mientras la gran mayoría de los combatientes tuvieron condiciones muy desfavorables para conectarse al mercado laboral legal o construir sus proyectos de vida digna. Adicionalmente, cuando los milicianos no encontraron cabida en los procesos de reincorporación –milicias que en número superaban a los hombres en armas en 2016–. En cuanto a la participación de la sociedad civil, las poblaciones en los territorios en guerra encontraron que el manejo de esa bolsa estaba mediado por mucha corrupción y la transformación territorial prometida y apuntalada con esas inversiones nunca llegó, sólo benefició a unas pocas ONG, contratistas del Estado y políticos. Las tropas, las milicias y las organizaciones quedaron descorazonadas.

Actualmente, en esa bolsa entrarán tres actores en disputa: el Partido Comunes y las organizaciones que se acogen bajo el Acuerdo de Paz de La Habana, el ELN y el EMC de las disidencias de las FARC. Se enfrentan también a otro escenario de cooperación internacional, en el que la guerra Ucrania-Rusia ha llamado la atención europea por encima de América Latina, y la atención en los procesos de paz en Colombia no es la misma de hace 10 años. El modelo de La Habana, desafortunadamente, mostró que hubo una disputa por quedar lo más cercanos a la decisión acerca de esos recursos que fueron manejados por funcionarios del gobierno de Iván Duque acerca de los cuales hay muchas inconsistencias y preguntas.

La pregunta entonces es si el ELN y el EMC van a repetir los errores que cometieron las FARC-EP en relación con la participación de la sociedad civil y de sus tropas en los diálogos de La Habana. En cada una de estas mesas está por verse cómo las organizaciones van a participar, si van a seguir siendo invitadas a la foto o van realmente a decidir sobre la ejecución de presupuesto y de la transformación en su territorios, si van a repetir el modelo centralista de líderes en Bogotá que los mandan a marchar y que definen qué va a ocurrir con sus organizaciones o unos cuantos comandantes que deciden la suerte de la guerrillerada.

Pero también la pregunta es para el gobierno de Gustavo Petro y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un apartado importante sobre Paz Total e Integral que trata de entablar relaciones directas con las organizaciones y regiones pero al contrario, lo que se ve en la práctica es promover los ejercicios centralizadores del control de tropas y de relacionamiento con organizaciones. Por ejemplo, en vez de trabajar regionalmente los conflictos armados, forzaron a la creación de una articulación centralizada de un solo comandante con las disidencias de las FARC-EP, repitieron los errores del anterior proceso de paz.

En vez de darle fuerza a los procesos regionales, persisten en dinámicas que centran las decisiones en Bogotá donde entre facilitadores, líderes de papel sin base social y cotorreos de corredores parece que se está haciendo la paz total.

La experiencia ha mostrado que sin decisiones colectivas autónomas libres de la coerción de la fuerza, del clientelismo, el mando arbitrario o del poder centralizador de Bogotá, no hay paz.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva

Tomado de: https://www.jornada.com.mx/2023/06/17/opinion/013a2pol

 

 

 

 

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