Por: SUMPAZ
Luego de la firma del Acuerdo de Paz, el Estado no copó el territorio luego de la reincorporación a la vida civil de los integrantes de las Farc, dejando el territorio a merced de poderes de facto y de rentas ilegales.
El municipio de Ituango experimenta por estos días una nueva sacudida violenta por culpa de la exacerbación de las acciones violentas de grupos armados que no respetan los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario de la población civil en el territorio.
La ubicación geográfica del municipio de Ituango y su riqueza natural son de vital interés en el mapa del departamento, coincide con corredores estratégicos desde el Nudo del Paramillo hacia el sur de Córdoba, Urabá. Occidente, Valle de Aburrá y el Bajo Cauca y reúne las condiciones necesarias para la movilidad, principalmente de los grupos ilegales.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz, el Estado no copó el territorio luego de la reincorporación a la vida civil de los integrantes de las Farc, dejando el territorio a merced de poderes de facto y de rentas ilegales.
Esta avanzada armada y la omisión de las fuerzas del Estado, trajo para las regiones del departamento la continuidad del conflicto por el poder y en control territorial.
Las alertas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo –SAT- que dan cuenta de la realidad territorial del Norte de Antioquia y cada una son consumación de todos riesgos denunciados en la anterior (AT 022-18, 026 –18, 029-18, 035-19, 002-19, 004-22).
El escenario de riesgo y recrudecimiento de la situación de violencia sistemática por la presencia y disputa entre grupos armados ilegales parte desde la reconfiguración post acuerdo de paz 2016.
La Alerta Temprana N° 004-2020 de la Defensoría del Pueblo (vigente) recoge lo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos habíamos alertado de los riesgos que recaen sobre las a personas defensoras de los derechos humanos y sus comunidades en Ituango, la fuerte presencia de los actores armados ilegales y las disputas territoriales, generaron la crisis humanitaria, acompañada de masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Las acciones intimidatorias contra la población civil incluyen homicidios selectivos, enfrentamientos, amenazas, extorsiones, reclutamiento, confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados masivos.
En la última semana y menos de 24 horas fueron asesinadas 2 personas defensoras de los derechos humanos.
El pasado 4 de julio la muerte, el dolor y el miedo se apoderaron de la comunidad de la vereda Quebrada del Medio. Allí, fue asesinado por sujetos armados, el campesino y líder comunitario del Comité de Trabajo de la Junta de Acción Comunal, César Tapias. 24 horas después, fue asesinada Ludis Ester García Jaramillo, líder campesina de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Capote, corregimiento La Granja. En este último caso, fue la misma comunidad la encargada de realiza el levantamiento del cadáver porque la Fiscalía General de la Nación no hizo presencia para atender el caso.
Con profunda tristeza hemos identificado en nuestros registros que desde la Firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 17 personas defensoras de los derechos humanos en este bello municipio que sigue abrazando la esperanza de vivir en paz.
En el último año la Fundación Sumapaz ha documentado 4 casos de líderes amenazados y desplazados con su núcleo familiar, cifra que podría aumentar en los próximos días.
Hacemos un llamado al Estado colombiano a acatar la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH y garantizar la seguridad y no repetición hacia la población civil en el territorio.
Los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y la participación ciudadana son responsabilidad de la autoridad local, Mauricio Mira, del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa como principales respondientes en el territorio y delegados del Presidente de la República (Decreto 2252/217).
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