De la doctrina Monroe a una política de “nuevo buen vecino”.

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La Representante a la Cámara de EE.UU. Nydia Velázquez presento recientemente un proyecto de Ley que busca la anulación de la Doctrina Monroe y aboga por una política de "Nuevo Buen Vecino" para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el país del norte y sus vecinos latinoamericanos y caribeños.

La Resolución hace referencia a la Doctrina Monroe, anunciada por el presidente James Monroe hace 200 años, que inicialmente buscaba proteger a los países latinoamericanos y caribeños de la interferencia europea, pero que con el tiempo fue interpretada como justificación para la intervención de Estados Unidos en la región en nombre de sus intereses económicos y políticos.

La propuesta argumenta que la Doctrina Monroe ha impulsado acciones violatorias de los derechos de los pueblos y los derechos humanos, causando dolor y sufrimiento durante décadas.

Hechos como la anexión de Texas, la invasión militar a México, la intervención en Puerto Rico y Cuba, así como las "Guerras del Banano" y otras intervenciones militares y políticas en la región.

For 200 years, the Monroe Doctrine has been used to support coups, dictatorships, and policies that destabilize Latin America.

Today, I introduced a bill calling for the end of the Monroe Doctrine in favor of a "Good Neighbor" policy founded on cooperation and mutual respect. pic.twitter.com/A2DcY9HD73

— Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) December 21, 2023

¿Qué se propone?:

Que el Departamento de Estado confirme formalmente que la Doctrina Monroe ya no forma parte de la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

Caminar hacia la formulación y adopción de una Política de "Nuevo Buen Vecino" centrada en relaciones basadas en el respeto a la soberanía de los países, el apoyo a políticas equitativas y transiciones económicas sostenibles, y la priorización de subvenciones y préstamos en condiciones favorables.

Fin a Medidas Unilaterales y coercitivas. Se aboga por poner fin a todas las medidas económicas unilaterales, como el embargo a Cuba, y trabajar con el Congreso para desarrollar leyes que activen una revisión automática de la asistencia bilateral en caso de transferencia extra constitucional de poder.

Reformas a Organismos Internacionales: Se propone reformar la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar la rendición de cuentas y transparencia, así como apoyar reformas democráticas en instituciones financieras internacionales.

Cooperación Regional: Se destaca la importancia de trabajar con organismos regionales y grupos como CELAC, CARICOM, UNASUR, y Mercosur para abordar desafíos comunes como el cambio climático, la desigualdad, el tráfico de armas y la protección de los derechos humanos.

Esta revolucionaria propuesta de resolución refleja un buen intento de cambiar la narrativa histórica de la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, buscando una colaboración más equitativa y respetuosa.

El debate en el Congreso sobre esta propuesta será crucial para determinar la dirección futura de las relaciones hemisféricas en el contexto de unas elecciones que tienen de fondo precisamente definir una política que permita avanzar hacia relaciones basadas en el respeto de los pueblos o que por el contrario aticen en el marco de un nuevo orden multipolar, la profundización de una política intervencionista en la región.

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A continuacion el contenido en español, traducido con IA google, del borrador de Resolución presentada:

118° CONGRESO

1ª SESIÓN H. RES.

Pidiendo la anulación de la Doctrina Monroe y el desarrollo de una política de "Nuevo Buen Vecino" para fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y efectiva entre Estados Unidos y nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños.

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

La señora VELA'ZQUEZ presentó la siguiente resolución

RESOLUCIÓN

Pidiendo la anulación de la Doctrina Monroe y el desarrollo de una política de "Nuevo Buen Vecino" para fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y efectiva entre Estados Unidos y nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños.

Considerando que, hace 200 años, el Presidente James Monroe anunció que el Gobierno de los Estados Unidos se opondría activamente a cualquier interferencia de las potencias europeas en los asuntos de los países independientes de América Latina y el Caribe "con el propósito de oprimirlos o controlar de cualquier otra manera su destino".

Considerando que, con el tiempo, esta política, conocida como "Doctrina Monroe", llegó a ser interpretada por muchos formuladores de políticas estadounidenses como un mandato para la interferencia de Estados Unidos en los asuntos de los países de América Latina y el Caribe para proteger y promover los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos, independientemente de las amenazas tangibles planteadas por potencias extranjeras;

Considerando que, tras un período de expansión occidental de Estados Unidos, que tuvo como resultado el desplazamiento forzado masivo y el genocidio de los pueblos nativos que originalmente habitaban gran parte de América del Norte, los líderes políticos y empresariales de los Estados Unidos se interesaron cada vez más activamente en la adquisición de materias primas y en oportunidades de inversión en otras partes del hemisferio occidental;

Considerando que, hace 200 años, el presidente James Monroe anunció que el Gobierno de los Estados Unidos se opondría activamente a cualquier interferencia de las potencias europeas en los asuntos de los países independientes de América Latina y el Caribe "con el propósito de oprimirlos o controlar de cualquier otra manera su destino". "

Considerando que, después de anexar el territorio de Texas, Estados Unidos. Los estados invadieron México militarmente en 1846 y, después de derrotar al ejército mexicano y ocupar la Ciudad de México, adquirieron el 55 por ciento del territorio de México a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848;

Considerando que, en 1898, Estados Unidos invadió Puerto Rico y Cuba durante la Guerra Hispanoamericana y continúa para mantener el control de Puerto Rico así como un pedazo de territorio en Guantánamo, Cuba, hasta el día de hoy;

Considerando que, de 1898 a 1934, Estados Unidos llevó a cabo intervenciones militares en Cuba, Panamá, Honduras, Nicaragua, México, Haití y República Dominicana, conocida como las "Guerras del Banano", con el fin de hacer avanzar a Estados Unidos intereses financieros que a menudo se produjeron a expensas de el apoyo de Estados Unidos a dictaduras y flagrantes violaciónes de derechos humanos;

Considerando que, en 1904, el presidente Teddy Roosevelt estableció el “Corolario de Roosevelt a la Doctrina Monroe”, según la cual Estados Unidos podría intervenir para garantizar la protección de los intereses de Estados Unidos y la de los acreedores extranjeros en la región, declaró que Estados Unidos podía ejercer un "poder policial internacional" en "casos flagrantes de tales irregularidades e impotencia";

Considerando que, en 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt anunció el establecimiento de una política de "Buen Vecino" hacia la región que buscaba enfatizar la no intervención, la no interferencia y el comercio en contraste con la política anterior de uso de la fuerza militar para avanzar unidos Intereses de los Estados;

Considerando que, en 1953, tras las acciones del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz contra la corporación estadounidense United Fruit Company, el presidente Dwight D. Eisenhower autorizó a la CIA a iniciar la Operación PBSuccess, un proyecto multimillonario de inversión en "guerra psicológica y acción política" que condujo al golpe de Estado contra el presidente Árbenz en 1954;

Mientras que, en 1961, Estados Unidos financió encubiertamente a líderes de la oposición y comenzó a buscar líderes militares para apoyar el eventual golpe de 1964 contra el presidente brasileño Joao Goulart, que resultó en una dictadura militar de 21 años en Brasil;

Considerando que la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, DC y financiada en gran parte por el gobierno de los Estados Unidos, permaneció en gran medida silencioso e inactivo con respecto a los muchos atroces abusos perpetrados por la derecha respaldada por Estados Unidos.

Considerando que en 1962 los Estados Unidos impusieron un embargo total sobre Cuba, todavía vigente hoy, que llevó a decenas de miles de millones de dólares en pérdidas de capital para el país insular;

Considerando que tras la elección del Presidente chileno Salvador Allende en 1970, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon ordenó a la CIA que difundiera propaganda destinada a prevenir Allende tomara el poder y, más tarde, activamente trabajó y apoyó a los líderes militares chilenos que llevó a cabo el golpe de estado del presidente Allende en 1973, que resultó en una dictadura militar de 15 años en la que al menos 40.000 personas fueron torturadas y más de 3.000 asesinadas;

Considerando que, de 1975 a 1980, Estados Unidos apoyó activamente Operación Cóndor, una campaña coordinada de esfuerzos políticos represión y terrorismo de Estado que vio a Estados Unidos Los Estados trabajan estrechamente con los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay para ayudar a secuestrar, torturar y matar a personas que habían abandonado sus países de origen en el exilio;

Considerando que tras una crisis de deuda regional provocada en parte por históricas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, la Comisión Internacional El Fondo Monetario (FMI) amplió enormemente sus préstamos cartera en América Latina;

Mientras que el FMI, cuyo mayor accionista es Estados Unidos Estados Unidos, promovieron la austeridad, la desregulación y otras medidas estructurales. reformas que resultaron en un crecimiento económico estancado en gran parte de América Latina en las décadas de 1980 y 1990, tras dos décadas de fuerte crecimiento económico;

Considerando que, en 1983, bajo el falso pretexto de que la seguridad de 600 estudiantes de medicina estadounidenses en Granada, fueron amenazados, el presidente Ronald Reagan autorizóla invasión militar del país insular, medida condenada como una "violación flagrante del derecho internacional" por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Mientras que en la década de 1980 la administración Reagan apoyó Fuerzas de seguridad en Guatemala que perpetraron un genocidio contra los pueblos indígenas mayas, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico; escuadrones de la muerte en El Salvador; milicias paramilitares de derecha (contras) en Nicaragua; y participó en esfuerzos para encubrir atroces crímenes perpetrados por la seguridad centroamericana como la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y 2 civiles desarmados por una élite respaldada por Estados Unidos a través del batallón en El Salvador;

Mientras que las “guerras sucias” de Centroamérica, respaldadas por Estados Unidos desencadenó una gran ola de migración desde El Salvador, Guatemala y Nicaragua a Estados Unidos en los años 1980 y principios de los 1990; Mientras que la CIA financió encubiertamente unidades del ejército haitiano cuyos oficiales lideraron un violento golpe de estado en 1991 que derrocó al primer presidente democráticamente elegido del país, y luego continuó apoyando a las personas involucradas en escuadrones de la muerte que tenían como objetivo a los partidarios de los derrocados Presidente;

Considerando que, a partir de 2000, la administración Bush bloqueó el desarrollo de la asistencia humanitaria en Haití y brindó apoyo financiero a la oposición, es decir, a grupos que culminan en otro golpe contra el electo presidente en 2004;

Considerando que, a partir del año 2000, los Estados Unidos aportaron miles de millones de dólares de financiación para el Plan Colombia, un proyecto conjunto iniciativa antinarcóticos y contrainsurgencia que provocó miles de víctimas civiles, enormes abusos contra los derechos humanos perpetrados por militares y paramilitares fuerzas armadas y el desplazamiento forzado de millones de personas en su mayoría civiles afrocolombianos e indígenas, mientras no se redujo la producción y el tráfico de cocaína;

Considerando que la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, junto con la crisis económica desplazamiento atribuible en parte a actividades patrocinadas por Estados Unidos acuerdos de libre comercio, dieron lugar a otra gran ola migratoria desde Centroamérica y México durante las dos primeras décadas de la década de 2000;

Considerando que, de 1941 a 2003, las operaciones de la Marina de los Estados Unidos en Vieques, Puerto Rico, causó la muerte de civiles y altos índices de enfermedades letales para la población;

Considerando que, en 2002, el Gobierno de los Estados Unidos proporcionó financiación y otro tipo de apoyo a los actores políticos que llevaron a cabo un breve golpe de estado contra los elegidos democráticamente Gobierno de Venezuela, y posteriormente expresó apoyo al golpe;

Considerando que, tras el golpe de 2009 en Honduras, Estados Unidos continuó apoyando a los grupos ilegítimos del país, proporcionando, entre 2009 y 2016, una estimación de $200.000.000 en ayuda militar y policial a hondureños, fuerzas de seguridad involucradas en violentos actos extrajudiciales, asesinatos y otros crímenes contra los derechos humanos contra manifestantes, activistas, defensores de los derechos a la tierra y otros civiles opuesto al régimen;

Considerando que en un discurso de 2013 ante la OEA, el Secretario de Estado John Kerry declaró que "la era de la Doctrina Monroe ha terminado” . . . La relación que buscamos y que tenemos trabajado duro para fomentar no se trata de una declaración de los Estados Unidos sobre cómo y cuándo intervendrá en los asuntos de otros estados americanos. Se trata de todos nuestros países verse unos a otros como iguales, compartir responsabilidades, cooperar en cuestiones de seguridad y adherirse a las decisiones que tomamos como socios, promover los valores y los intereses que compartimos.”;

Considerando que, en 2014, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciar el deshielo y eventual normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba;

Considerando que, en 2017, el presidente Donald Trump amenazó con invadir Venezuela militarmente e impuso amplios acuerdos unilaterales sanciones contra el país;

Considerando que, en 2019, el Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos John Bolton anunció: "Hoy proclamamos con orgullo por que todos escuchen: la Doctrina Monroe está viva y coleando

Considerando que la migración de cubanos y venezolanos hacia Estados Unidos ha aumentado dramáticamente desde la imposición (y reimposición) de amplias sanciones económicas contra estos países;

Considerando que, a finales de 2019, se dio un golpe militar contra el Gobierno electo de Bolivia tras afirmaciones infundadas de fraude electoral realizada por una Observación Electoral de la Misión de la OEA, mientras que el posterior gobierno golpista recibió apoyo de la administración Trump y el secretario General de la OEA General Luis Almagro;
Mientras que el presidente Trump revirtió la decisión de la administración Obama sobre su política de normalización con Cuba, acotando sanciones y, como uno de sus últimos actos en el cargo, puso a Cuba nuevamente en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo sin justificación;

Considerando que el Gobierno de los Estados Unidos no ha pedido disculpas por su apoyo pasado a golpes militares en la región; Considerando que las disposiciones sobre solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) encontrado en los acuerdos de libre comercio respaldados por Estados Unidos permitir que las corporaciones multinacionales demanden a los gobiernos ante paneles de abogados corporativos basados en reclamos que los marcos regulatorios, incluidos aquellos diseñados para proteger a los trabajadores y al medio ambiente, conducirá a futuras pérdidas, y que hasta el momento América Latina y el Caribe países han sido demandados un total de 346 veces bajo Las disposiciones ISDS, más que en cualquier otra región del mundo, mundo;

Mientras que una empresa con sede en los Estados Unidos ha presentado un ISDS demanda contra el Estado de Honduras por casi $11.000.000.000 en supuestas pérdidas futuras, más de un un tercio de la producción económica anual del país, como resultado del anuncio del Gobierno de Honduras de que la empresa ya no puede seguir operando como ZEDE, un área territorial gobernada y controlada en gran medida por empresas privadas inversionistas desarrollados bajo el ex presidente Juan Orlando Hernández, quien ahora se encuentra a la espera de juicio en el Estados Unidos por cargos de narcotráfico; y Mientras que el presidente Biden ha expresado su firme oposición a las disposiciones ISDS y a su inclusión en futuros acuerdos comerciales

Se resuelve, Que es el sentido de la Cámara de Representantes que

(1) para enviar una señal fuerte a la región que el Gobierno de los Estados Unidos desea pasar página a una larga era de conflictos políticos y militares interferencia en la región, el Departamento de Estado debería confirmar formalmente que la Doctrina Monroe es ya no forma parte de la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe;

(2) en lugar de la Doctrina Monroe, El gobierno general debería desarrollar la política de "vecinos", diseñada para fomentar mejores relaciones y profundizar una cooperación más efectiva con todos los países del hemisferio, con medidas como la de incluir (A) desarrollar, conjuntamente con el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un nuevo enfoque para promover relaciones basadas en el respeto a la integridad de los planes soberanos de desarrollo económico de los países, gobiernos de la región, el apoyo a políticas equitativas y transiciones económicas sostenibles a través de la tecnología transferencias de tecnología y nuevas formas de financiación climática. Priorizar la concesión de subvenciones y préstamos en condiciones favorables; B) poner fin a todas las medidas económicas unilaterales sanciones impuestas mediante órdenes ejecutivas, y trabajar con el Congreso para poner fin a todas las sanciones unilaterales, como el embargo a Cuba, ordenado por la ley; (C) trabajar con el Congreso para desarrollar leyes aislamiento que activa una revisión automática de la asistencia bilateral a un gobierno siempre que haya una transferencia extraconstitucional de poder, hasta que Estados Unidos y una mayoría de los gobiernos regionales determinan que el nuevo liderazgo es legítimo bajo la constitución de ese país. D) proceder con la pronta declaración de todos los acuerdos del gobierno de los Estados Unidos que se relacionan con golpes de estado, dictaduras en diferentes periodos de la historia de América Latina, de los países africanos y caribeños que se han visto afectado por una alta tasa de crímenes contra los derechos humanos perpetrados por fuerzas de seguridad; (E) trabajar con países latinoamericanos y del Caribe en una reforma de largo alcance, de la Organización de los Estados Americanos para garantizar la rendición de cuentas en torno a cualquier actividad potencialmente poco ética o criminal vinculos en los que el Secretario General u otros altos funcionarios han estado involucrados; 

(") garantizar la total transparencia redondear las decisiones financieras y de personal, decisiones adoptadas por el secretario General;

(iii) establecer una oficina del defensor del pueblo que es totalmente independiente de la Secretario general;
(iv) garantizar que la Oficina de Observación Electoral sea independiente del secretario general y designado por una mayoría de la Oficina de Estados miembros americanos;
v) asegurar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean financieramente independientes de la Secretaría General;

(F) trabajar con el Congreso para asegurar contribuciones importantes y recurrentes a la Amazonia
(G) apoyar reformas democráticas al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros instituciones financieras internacionales para garantizar que los países en desarrollo de la región están capaces de desempeñar un papel equitativo en la configuración de la políticas de préstamos y concesión de subvenciones de esas instituciones;
(H) respaldar las emisiones periódicas de Giro Especial del Fondo Monetario Nacional derechos para ayudar a evitar diferencias en la balanza de pagos, dificultades y promover un mayor espacio fiscal para gobiernos regionales, permitiéndoles así ampliar las inversiones en atención sanitaria, educación, desarrollo económico y programas de mitigación y acción en la adaptación al clima.
(I) apoyar la creación de una Pérdida y Damage Trust, bajo los auspicios de la Naciones Unidas, para apoyar la acción climática en países en desarrollo y trabajar con el Congreso para asegurar contribuciones importantes y recurrentes a este fondo; у

(3) Estados Unidos debería trabajar con las autoridades regionales, organismos como la Comunidad de América Latina y Estados del Caribe (CELAC), el Caribe Comunidad (CARICOM), la Unión de América del Sur Naciones Unidas (UNASUR), el Común del Sur Mercado (Mercosur) y otros grupos para aumentar la cooperación en torno a los grandes desafíos de nuestro tiempo incluyendo la respuesta al cambio climático, la desigualdad,tráfico de armas, evasión fiscal, flujos financieros ilícitos (particularmente los derivados del narcotráfico), la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de la derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes comunidades.

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