Por: Alfonso Insuasty. Redipaz*
El Gobierno Nacional de Colombia ha dado un paso sorpresivo y significativo hacia la paz con la emisión de la Resolución No. 257 del 8 de julio de 2024. Esta resolución autoriza la creación de un Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ¿de qué se trata?
La resolución se fundamenta en las atribuciones constitucionales del presidente de la República de Colombia, quien tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la paz, buscar la unidad nacional y conservar el orden público en todo el territorio. Estas funciones están enmarcadas en los artículos 22, 188 y el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia.
#Atención 🚨 | El Presidente de la República, @petrogustavo, en desarrollo de la política de Paz, autorizó la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia(AGC). #ElGobiernoDelCambio le cumple al país.
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) August 6, 2024
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El documento cita varias leyes que forman la base legal para la promoción de la paz y el orden público, incluyendo:
Ley 418 de 1997: Establece el marco para la promoción de la paz y la reconciliación.
Ley 2272 de 2022: Modifica y adiciona disposiciones a la Ley 418 de 1997.
Otras leyes: Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002, y Ley 1941 de 2018, que también han modificado la Ley 418.
Así mismo, entra en juego la legislación Vigente, entre ellas:
Sentencias de la Corte Constitucional: Pronunciamientos como la Sentencia C-525 de 2023, que respalda los acercamientos con estructuras armadas organizadas.
La instalación de este espacio implica la autorización para iniciar diálogos con las AGC, con el objetivo de verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho y definir los términos de su sometimiento a la justicia. Esta iniciativa busca promover la reconciliación y la paz en los territorios afectados por el crimen organizado y el paramilitarismo.
Esta resolución autoriza la creación de un espacio entre los representantes del Gobierno Nacional y los miembros de las AGC, para este fin se designará un coordinador y representantes del Gobierno para llevar a cabo las conversaciones. evaluar la disposición de las AGC para aceptar los términos de sometimiento a la justicia y fijar los términos de sometimiento a la justicia, garantizando los derechos de las víctimas.
Esta resolución enfatiza que lo que se busca es fortalecer la promoción de la Paz y la Reconciliación para lo cual genera el marco para construir un ambiente de convivencia pacífica, una ruta para la transición al Estado de Derecho facilitando el sometimiento a la justicia y la aceptación de las normas y leyes del país, así mismo, garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la reparación de los daños causados por las AGC y desarrollar los diálogos dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes pertinentes.
La resolución reconoce a las AGC como una "Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto". Aunque no se utiliza explícitamente el término "paramilitares", la naturaleza y el historial de las AGC sugieren una conexión con actividades paramilitares en Colombia.
Algunas reflexiones.
Sin duda se reconoce que la Resolución No. 257 del 8 de julio de 2024, representa un avance en los esfuerzos del Gobierno Nacional por promover la paz y la reconciliación en Colombia.
Pero por ahora es importante tener presente que, las AGC, además de ser reconocidas como una estructura criminal de alto impacto de orden nacional, esta no es una organización compacta 100% sino que en algunas regiones y centros urbanos operan bajo la lógica de redes criminales, una imbricada red de prestación de servicios ilegales, más centradas en el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, apoyo a élites política, control de proyectos y recursos públicos, impulso a proyectos económicos y el control de la población reemplazando de manera clara al estado en algunas de las zonas donde hacen presencia.
La relación estrecha con el ejército, la policía, clanes políticos regionales, empresarios nacionales e internacionales, así como su expansión por todo el territorio nacional y el asesinato de líderes sociales, son aspectos cruciales de especial relevancia que deben ser abordados con seriedad, altura y con rigor para garantizar una verdad que impida la repetición de la violencia y promueva una paz con cambios reales.
La falta de claridad sobre el papel de la sociedad en estos procesos también es altamente preocupante. Aunque se llama a la participación, es fundamental definir el alcance, el marco y los límites de esta participación para evitar que se convierta en un simple aval político para las AGC, una organización que como es claro, continúa la tradición del paramilitarismo en Colombia.
Estaremos atentos a los avances que vaya arrojando esta iniciativa en el marco de la política de paz del actual gobierno.
*Escribe Alfonso Insuasty docente investigador universitario, integrante de la Red Interuniversitaria por la paz REDIPAZ e integrante grupo autónomo
Texto relacionado: Empresas, paramilitarismo y el orden institucionalizado del Mal en Colombia
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