Por: REDIPAZ
Mediante comunicado público el Frente Oriental Manuel Vásquez Castaño del ELN manifiesta las razones tras las cruentas confrontaciones armadas registradas este inicio de año en la zona fronteriza colombo-venezolana.
Por: RT
La Asociación Económica Integral Regional supone el 30 % del PIB y el 30 % de la población mundial, englobando a unos 2.200 millones de consumidores.
Por:
En apenas tres kilómetros de Washington se concentra un gran número de organismos públicos. Allí también se encuentran poderosos 'lobbies' que auspician golpes de Estado y promueven candidatos afines a sus planes.
Por Itzamná Ollantay. Al Carajo
En la atmósfera navideña, y al día siguiente de la fiesta de los “santos inocentes”, los grupos alzados en armas aglutinados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Estado criollo de Guatemala, luego de 36 años de “guerra interna”, firmaron los Acuerdos de Paz firme y duradero. Entonces, era 29 de diciembre de 1996.
Por: El Espectador
Tame, Fortul y Saravena están bajo el fuego cruzado de grupos armados ilegales. Autoridades de la región hablan de un riesgo de desplazamiento de 2.000 personas.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* Y Gustavo Muñoz Gaviria**
Parece que el efecto planteado por la Ley de la inercia funciona a nivel del poder instituido y hegemónico, el rumbo marcado por los más poderosos lleva, sin duda alguna, a una catástrofe planetaria a pesar de las alertas y movimientos de resistencia.
Por: Telesur
La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta por la presencia de grupos armados irregulares.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
