Por: Jairo Tarazona. RCN
El ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre asegura que fueron más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país.
Por: Kavilando
El Tribunal Superior de Antioquia el pasado 30 de septiembre, negó las nulidades presentadas ante el proceso que se sigue contra 13 Empresarios Bananeros por financiación a Grupos Paramilitares. El proceso sigue en firme.
Por: Valeria Arias Suárez. Publimetro
El expresidente lamentó el asesinato en su cuenta de Twitter.
Por: National Security Archive
Los informes del Departamento de Estado desclasificado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que "reconocen la relación de larga data entre las fuerzas de seguridad del estado [colombiano] y los paramilitares"
Por: Santiago Carbó Valverde El País
David Card demostró la ausencia de efectos de la subida del salario mínimo sobre el nivel de empleo, que la migración no afectaba negativamente a los niveles de ingresos de los trabajadores menos cualificados, desafiando la visión tradicional.
Por: EFE
Al menos 800 indígenas se tomaron el Parque Nacional de Bogotá en demanda de atención del Gobierno nacional y distrital en salud, educación y vivienda alegando que son desplazados por la violencia y que varios acuerdos firmados con el Estado han sido incumplidos.
Por: SEMANA
Representantes legales de productoras y de comercializadoras internacionales se habrían puesto de acuerdo para financiar a los grupos ilegales en el Urabá.. la alianza era financiada mediante un impuesto tasado en las exportaciones de fruta. Los primeros cálculos de la Fiscalía dan cuenta de por lo menos 33.000 millones de pesos entregados.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
